Pide el senador Jorge Toledo investigar presunta corrupción en el TEEO

*.- Solicitó a la Fiscalía General del estado y a la Contraloría Interna del tribunal electoral investigar y aclarar las denuncias presentadas.

*.- Pidió que los resultados sean presentados ante la Cámara de Diputados local, para que actúe como en Derecho estime pertinente.

*.- Señaló que las denuncias de omisiones, cobros de salarios indebidos y chantajes, revelados por los magistrados del tribunal estatal electoral, deben ser aclarados.

El senador Jorge Toledo presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al fiscal general de Oaxaca y a la Contraloría Interna del tribunal estatal electoral para que investiguen y aclaren las denuncias presentadas recientemente por los magistrados.

A ambas dependencias también se les solicita que los resultados de sus investigaciones sean presentados ante la Cámara de Diputados estatal, para que actúe como en Derecho estime pertinente.

En el documento presentado, el senador Toledo recordó que la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 estableció que los tribunales estatales electorales se integran por tres magistrados electos por la Cámara de Senadores.

Manifestó que la reforma constitucional tuvo como propósito dar a los tribunales estatales electorales plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, para no verse afectados por la injerencia de otros órganos o poderes públicos en los estados.

Explicó que el 10 de diciembre de 2015, el Senado aprobó la designación de Manuel Jiménez Viloria, Miguel Ángel Carballido Díaz y Raymundo Wilfrido López Vázquez como magistrados electorales del estado de Oaxaca y el tribunal nombró a Jiménez Viloria como su presidente, pero dos meses después fue destituido, acusado de ineficiencia.

Poco más de un año después, el nuevo presidente, Raymundo Wilfrido López Vázquez, fue destituido por haber incurrido en diversas irregularidades que afectaban el adecuado funcionamiento del tribunal y atentaban contra los derechos humanos de los servidores públicos.

También se dio a conocer que el ahora expresidente fue omiso para integrar y presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal, no integró el Comité de Información del Tribunal y tampoco solicitó al Pleno la aprobación para suscribir los nombramientos del personal del Tribunal.

Los magistrados también ventilaron que López Vásquez, violando los preceptos legales cobraba de manera de manera simultánea, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca la cantidad $14, 405. 84 pesos (catorce mil cuatrocientos cinco pesos con 84 centavos) y en el Tribunal, $140, 576.85 (ciento cuarenta mil quinientos setenta y seis pesos con ochenta y cinco centavos) netos.

Tal situación es ilegal, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su título tercero, capítulo II, art. 107, numeral 1, establece que durante su desempeño, los magistrados no podrán tener un empleo distinto que implique remuneración alguna.

Reiteró que el mismo día de su destitución, Raymundo Wilfrido López Vázquez mencionó a los asistentes que el magistrado Manuel Jiménez Viloria le había pedido, y tenía pruebas de ello, la cantidad de un millón de pesos para darle su voto de apoyo para mantenerse en el cargo.

El senador Toledo manifestó que estos señalamientos deben preocupar y ocupar al Congreso de la Unión, pues sería intolerable que en el tribunal que constitucionalmente es el garante de los procesos democráticos en Oaxaca existan señalamientos y manifestaciones de conductas contrarias a la ley y a los principios que rigen ese organismo.

Consideró que resulta fundamental realizar acciones que permitan prevenir o corregir conductas que ponga en duda la importante labor del tribunal autónomo, acciones que son de vital importancia para prevenir la comisión de diversos delitos e irregularidades por parte de sus integrantes.

Aclaró que el artículo 116 de la Constitución del estado de Oaxaca establece que los servidores públicos, entre ellos los magistrados electorales, que incurran en responsabilidad pueden ser sancionados mediante juicio político, penalmente y con sanciones administrativas, para lo cual le da facultades al Congreso y a las dependencias del estado.

Por eso, Jorge Toledo consideró conveniente que las instancias estatales competentes investiguen y aclaren las denuncias aparecidas en los medios de comunicación electrónicos e impresos, para hacer recobrar al Tribunal Electoral su credibilidad y honorabilidad, sobre todo porque son y serán garantes de la legalidad y credibilidad de las elecciones en la entidad.

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