Rosy RAMALES
Circuló un primer proyecto de dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pero no ha conseguido el aval.
Diputados y diputadas de casi todos los grupos parlamentarios, incluido el de Morena, naturalmente mostraron desacuerdo con la propuesta original, la cual implica otorgar al Ejecutivo la facultad de reasignar presupuesto; facultad exclusiva de la Cámara Baja.
Y a pesar de la promesa del líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, de conservar la facultad de la Cámara y de poner candados a la reasignación, la propuesta de Dictamen resultó todo lo contrario.
Algo así como “peor, mucho peor que la misma gata revolcada”. Por eso, tanto legisladores de oposición como varios de Morena están como agua para chocolate, con la única diferencia de que los primeros pueden gritarlo a los cuatro vientos, y los morenistas solamente pueden manifestarlo internamente y con ciertos límites.
Pobres morenista, los controlan como si fuesen esclavos o quizá casi al estilo nazi. No obstante, miembros de la misma bancada se regocijaron con la paliza que destacados constitucionalistas y estudiosos del Derecho dieron a los autores de la citada iniciativa durante el foro de parlamento abierto celebrado ayer.
Harto y explícitamente lo dijeron: La iniciativa en sí misma representa un brutal golpe al orden constitucional y al equilibrio de Poderes, pues la aprobación presupuestal es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y por lo tanto el Ejecutivo no puede hacer reasignaciones de manera directa; cualquier reasignación necesariamente debe hacerla la Cámara Baja aun cuando sea propuesta presidencial.
Pero a la llamada “Cuarta Transformación” la Carta Magna le vale cero a la izquierda. Así lo ha demostrado casi inmediatamente después de haber ganado las elecciones del 2018. Ni siquiera habían asumido el cargo, y ya estaban organizando la consulta patito para decidir la suerte de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En fin, los expertos en Derecho claramente advirtieron que la iniciativa presidencial de adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es totalmente contraria a la Constitución, y que de aprobarse sería cien por ciento impugnable.
Y la inconstitucionalidad tampoco se remedia en el primer proyecto de dictamen, donde más bien en 47 cuartillas se esgrimen argumentos falaces, mediante los cuales al final de cuentas el Legislativo cedería al Ejecutivo su facultad exclusiva sobre el presupuesto de la federación.
Vaya, ni siquiera sería una facultad compartida, pues aunque en la propuesta lo parezca el control lo tendría el Ejecutivo. Por cierto, en el dictamen se sigue dando prioridad a las acciones de la Administración Pública Federal, y después al fomento de la actividad económica, la atención de emergencias de salud y al impulso de programas de beneficio social.
Eso, ¿suena a centralismo… a emergencia electoral?
La imagen del presidente López Obrador y de Morena se han desplomado, según las últimas encuestas, y ya casi estamos en la antesala del inicio del proceso electoral concurrente 2020-2021, entonces es necesaria una inmensa inyección de recursos para levantar el ánimo del electorado. ¿O no?
Y bueno, 600 mil millones de pesos representan la cantidad ideal.
Es más o menos el 10% del monto total del Presupuesto de Egresos; porcentaje de que dispondría discrecionalmente el Ejecutivo de aprobarse su iniciativa de adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Y para ser aprobada, primero debe aprobarse la realización de un periodo extraordinario de sesiones ex profeso por parte de la Comisión Permanente a instalarse este viernes; órgano en el cual a Morena le hace falta un voto para obtener la mayoría calificada.
Hasta el momento, la oposición completa está en contra. La pregunta es ¿saldrá algún Judas que venda caro su voto?
Imagínense la gravedad del contenido de la iniciativa, cuando en la misma bancada de Morena hay resistencias. Y no es para menos, porque los 600 mil millones de pesos representan casi todo el gasto programable del 2020, manejado discrecionalmente por el Ejecutivo, quien, además determinaría cuándo habría emergencia económica.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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