*.- ¿Los diputados le apuestan a la acción de inconstitucionalidad?
*.- Ayer todo era chilaque
Rosy RAMALES
Creí que era broma la declaración de diputado priista Manuel Andrés García Díaz sobre la propuesta del umbral del 2% de la votación (valida emitida) para que los partidos políticos locales conserven su registro, no el 3% como lo plantea la Ley General de Partidos Políticos.
Pero no, no es broma. Y la única explicación lógica a tal desacato a la Ley General sería la siguiente: Los partidos locales están condicionando a los grandes para dar su voto a la fracción parlamentaria que ofrezca más. Quizá por eso, ayer mismo la bancada del PRI, vía el diputado Manuel Andrés, salió a los medios a anunciar, en adelanto sobre la reforma electoral, ese umbral del 2%.
Aunque, en la LXII Legislatura solo hay dos partidos locales… bueno, más bien, dos diputados, uno del PUP y uno del PSD, Santiago García Sandoval y Manuel Pérez Morales, respectivamente. Pero ni con estos dos votos, la bancada del PRI, sumando al PVEM, podría aprobar una reforma constitucional en materia electoral. Es más, ni sumando el voto del diputado independiente, Jeffté Méndez, que era del Panal, el cual, igual que el MC y el PT cuentan con registro nacional; incluso, el PUP prácticamente ya lo perdió.
¿La bancada del PRI tendrá de su lado a algunos diputados del PAN o del PRD como para conseguir la mayoría y aprobar su propuesta de reforma? Sería una operación muy inteligente, si fuera el caso. Incluso, desde la reforma lectoral misma los partidos chicos, tanto locales como nacionales, y los grandes, vía sus diputados, pueden ir tejiendo probables coaliciones electorales a cambio de favores. ¿Lo estarán tramando ya? ¿Es otro de los objetivos del condicionamiento?
En fin, la explicación lógica al mercadeo de votos también se puede encontrar en lagunas en la Constitución Política Federal respecto del umbral. Sin embargo, hay una Ley General de Partidos Políticos, reglamentaria de las bases constitucionales, que muy claramente establece el umbral del 3% también para los partidos locales.
Dicha ley maneja las siguientes disposiciones: “Son causa de pérdida de registro de un partido político:
“b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los EUM, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un PP local;
“c) No obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente, tratándose de un PP nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado”.
¿LOS DIPUTADOS LE APUESTAN A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD?
Claro, los diputados de la actual Legislatura, en aras de privilegiar los intereses de sus respectivos grupos, no de Oaxaca como asegura Adolfo Toledo Infanzón, quizá le estén apostando a la acción de inconstitucionalidad sobre una reforma electoral con disposiciones contrarias a la Constitución Federal o que ellos creen contienen temas reservados para legislarse a nivel local.
Tal vez en ese contexto también plantean reducir la residencia mínima efectiva de cinco a tres años anteriores al día de la elección como requisito de elegibilidad para quienes tengan la aspiración de convertirse en Gobernador o Gobernadora de Oaxaca. La Constitución Federal exige cinco años.
Como dice la vox populi: “Piensa mal y acertarás”. Y tal parece que le quieren apostar a la acción de inconstitucionalidad, y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que decida temas torales, en los cuales se han atorado los diputados de las distintas filiaciones política para dar gusto a sus respectivos grupos políticos.
AYER TODO ERA CHILAQUE
En sus prisas por aprobar la reforma electoral casi en el término del plazo constitucional, los diputados locales de la actual Legislatura ayer todavía tenían su chilaque. No había consenso en la duración del próximo gobernador: Las bancadas del PRD y del PAN traían la propuesta de 5 años y la del PRI, la de 6 años (que quede como está).
Tampoco había consenso en la residencia efectiva, ni en materia indígenas, ni en la equidad de género, pues mientras unos proponían la integración paritaria de cabildos, otros se oponían.
Hasta había desacuerdo en otorgarle el derecho a los municipios de sistemas normativos internos de revocarle el mandato a los concejales.
En fin, a ver qué pasa. Porque ya no se sabe con esta Legislatura. Hace algunas semanas convocaron a periodo extra y, ¡zaz!, no hubo. Como las nueve de la noche la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leslie Jiménez Valencia, acompañada solamente del personas indispensable, llegó al presídium del Recinto para cancelarla, según por falta de quórum, pero en realidad no había consensos.
¿Pasará lo mismo? Es mejor creer que no, pues las diputadas y los diputados casi han llegado al término del plazo para que, no solamente sea aprobada, sino también promulgada y publicada la reforma electoral. Aunque están pensando en correr el inicio del proceso electoral a la fecha fija del 15 de octubre próximo o, incluso, hasta la última semana de éste. ¿Qué tal?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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