CRÓNICA POLÍTICA: OPLE-IEEPCO, ¿invade la facultad del Congreso del Estado?

*.- ¿Qué cosas se evidencian?

*.- La terminación anticipada

Rosy RAMALES

Queridos lectores, algo está pasado en el todavía llamado Organismo Público Local Electoral -Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (OPLE-IEEPCO) y su Consejo General. Hay un caso, el de San Juan Juquila Mixes, municipio de sistemas normativos internos, que evidencia muchas cosas y hasta genera sospechas.

El martes pasado, el Consejo General celebró una sesión extraordinaria donde validó las asambleas comunitarias de diversos municipios de sistemas normativos internos. Seguidamente realizó otra con carácter de urgente para validar una segunda asamblea del municipio de San Juan Juquila Mixes, cuando el 31 de diciembre del 2014 validó la asamblea por la cual el ayuntamiento electo asumió el cargo el uno de enero del 2015.

Resulta que los integrantes de ese ayuntamiento (presidente, síndico y regidores), con fecha 10 de mayo del 2015 presentaron sus “renuncias voluntarias” a la Asamblea de Ciudadanos, la cual las aceptó y ese mismo día, ésta “procedió a la elección” de otros integrantes del ayuntamiento (presidente, síndico y regidores) “para concluir el ejercicio fiscal 2015”; según consta en el escrito presentado ante la Oficialía de Partes del IEEPCO el 26 de mayo del año en curso por los miembros de la Mesa de Debates de dicha asamblea.

¿Se dan cuenta? No se trata de un caso de conflicto postelectoral, que puede conllevar a una elección extraordinaria previa resolución del órgano jurisdiccional electoral. El caso es de un hecho consumado, pues el ayuntamiento ya llevaba en funciones cuatro meses y días cuando todos sus integrantes presentaron su respectiva renuncia.

Y de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal en todos los casos de renuncia de los miembros de un ayuntamiento, conocerá el Congreso del Estado, siendo competencia exclusiva de éste declarar “la suspensión o desaparición de un ayuntamiento, así como la suspensión o revocación del mandato de uno o más de sus integrantes.”; incluso, cuando ocurre la falta absoluta de la mayoría de sus integrantes, procede la desaparición del ayuntamiento”. ¿O tales disposiciones no aplican en sistemas normativos internos?

En fin, que en esa sesión urgente el caso de San Juan Juquila Mixes provocó un acalorado debate, que prolongó hasta la madrugada del miércoles, entre los propios consejeros del Consejo General de OPLE-IEEPCO, y entre cuatro de éstos y los representantes de los partidos políticos, que terminaron por abandonar la sesión, salvo el del Partido Humanista.

El Consejero Presidente, Gustavo Meixueiro Nájera, los consejeros Gerardo García Marroquín y Filiberto Méndez Chávez, y la consejera Nora Hilda Urdiales Sánchez, estaban a favor del proyecto de acuerdo para validar la asamblea comunitaria de fecha diez de mayo del 2015. Mientras, el consejero Uriel Pérez García y las consejeras Elizabeth Bautista Velasco y Rita Bell López Vences, estaban en contra, lo mismo que la mayoría de los representantes partidistas.

Incluso, Elizabeth manifestó su inconformidad porque prácticamente en ese momento estaban conociendo el proyecto de acuerdo. El presentante del Panal, Jesús Alberto Cervantes Ramírez, hizo el mismo reclamo. Marroquín aseguró que los representantes partidistas habían sido notificados vía correo electrónico, Jesús lo negó y Marroquín le dijo mentiroso, según cuentan. Incluso, el debate inicio cuando Uriel insistió en que era un error la convocatoria urgente a la sesión.

Y quizá lo de menos habría sido conocer en el momento el proyecto de acuerdo, pues lo realmente importante era el argumento de Uriel, Elizabeth y Rita: La ilegalidad de dicho proyecto. Porque ante la renuncia de los integrantes del ayuntamiento, se actualiza la hipótesis de ausencia absoluta y, por lo tanto, sería competencia del Congreso del Estado, no del Consejo General del OPLE-IEEPCO.

Por eso votaron en contra y emitieron voto particular.

En tanto, Meixueiro, Marroquín, Filiberto y Nora votaron a favor del proyecto, prácticamente sustentado en la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, y donde se invoca hasta la reforma de la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. Y respecto a la facultad exclusiva del Congreso, el texto del proyecto, muy raro, por cierto, refiere:

“…dicha facultad del Congreso del Estado, se actualiza ante la falta de gobierno municipal, es decir, cuando se tenga conocimiento de la falta absoluta de los miembros del cabildo, y no puedan entrar en funciones los suplentes y no se hubiere llevado a cabo una nueva elección, en cuyo caso deberá conocer el Congreso del Estado para nombrar a los encargados del gobierno municipal. Dicha facultad no se actualiza, toda vez que el municipio indígena en ejercicio de su libre determinación llevó a cabo una elección para cubrir el vacío de autoridad, por lo que, tal circunstancia evita la posibilidad de que exista un pronunciamiento por parte del Congreso del Estado para ocupar temporalmente la administración del ayuntamiento.”

En tanto, Uriel, Elizabeth y Rita, en el contexto de su voto particular sostuvieron ser facultad del Congreso Conocer el caso de San Juan Juquila Mixes. Porque, además, como alguno de ellos lo refirió en el debate los derechos no son absolutos, y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, si bien son reconocidos y garantizados por la Constitución, tampoco pueden ir en contra de los derechos fundamentales, ni auspiciar la falta del cumplimiento de obligaciones generales.

En esa sesión, tanto representantes partidistas como el consejero Uriel y la consejera Elizabeth hicieron ver que validar una segunda asamblea de San Juan Juquila Mixes, violaba el principio de legalidad dada la falta de facultades del Consejo General. Por cierto, en el proyecto de acuerdo se dice que dicho Consejo tiene facultad porque el IEEPCO, en base a la Constitución, es un organismo autónomo e independiente en sus decisiones.

¿Qué tal? Y la historia da para más.

¿QUÉ COSAS SE EVIDENCIAN?

Probablemente:

Uno: Intereses políticos o económicos de por medio para aprobar con tanta urgencia una asamblea comunitaria de un municipio, donde la renuncia de los integrantes del ayuntamiento actualiza la hipótesis de la Ley Orgánica Municipal de ausencia absoluta. ¿O en realidad es un ejercicio de hacer valer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas? Sería cosa de que el órgano jurisdiccional competente resolviera, previa impugnación, para saber si Meixueiro, Marroquín, Filiberto y Nora tienen la razón.

Dos: Imparcialidad, si acaso existiera la influencia de intereses. Por cierto, cabría preguntar: ¿La Secretaría General de Gobierno otorgará reconocimiento a las autoridades emanadas de la asamblea de fecha diez de mayo del 2015?

Tres: ¿Falta de conocimiento de la ley? Se entiende en los casos de Meixueiro y Filiberto porque no son Licenciados en Derecho, pero Marroquín y Nora sí lo son. O quizá los cuatro conocen bien la normatividad que intentan sentar un precedente. Es posible. Ya ven el caso de la actual diputada local Alejandra García Morlan, que sentó precedente en materia de género en acceso al cargo.

Cuatro: División entre los consejeros y las consejeras electorales. En los corrillos del IEEPCO ya se ha comentado algo al respecto. Incluso, cuentan que Marroquín es el poder tras el trono.

Cinco: Una mano que mece la cuna. ¿O porque en la misma sesión se habló de “supuesta renuncia” de los integrantes del ayuntamiento?

Pregunta: ¿Por qué el caso de San Antonio de la Cal no ha sido tratado como un caso urgente?

LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

El Consejo General del OPLE-IEEPCO se hubiera esperado.

Porque miren, con la reforma constitucional en materia política electoral, aprobada el martes pasado, la LXII Legislatura local facultó al correspondiente órgano electoral de los municipios de sistemas normativos internos a decidir la terminación anticipada de los integrantes de los ayuntamientos.

La disposición establece: “La asamblea general o la institución encargada de elegir a las autoridades indígenas, podrá decidir por mayoría calificada la terminación anticipada del periodo para el que fueron electas, de conformidad con sus sistemas normativos y la Ley Orgánica Municipal.”

Este fue uno de los temas polémicos en las mesas de trabajo para la elaboración de la reforma constitucional, pues había diputados que consideraban que una disposición de tal naturaleza abriría la puerta para destitución indiscriminada de autoridades municipales, generado con ello la ingobernabilidad en los municipios, o el abuso, incluso, de intereses externos.

Otros diputados consideraban correcta la disposición, pues la asamblea comunitaria o el órgano electivo correspondiente representa la máxima autoridad en los municipios regidos por el sistemas normativos internos, y va acorde con la autonomía municipal.

Finalmente, los diputados acordaron establecer la terminación anticipada del mandato de las autoridades municipales, pero con el acotamiento de que la decisión sobre dicha terminación será revisada y aprobada por la Legislatura del Estado, como se hace hasta el momento.

Por lo tanto, la figura de la terminación anticipada será regulada en la Ley Orgánica Municipal en una próxima reforma a la misma.

El caso de San Juan Juquila Mixes bien hubiera cabido en la figura de terminación anticipada, pero aún así el Congreso del Estado tendría la facultad de revisarla y aprobarla en definitiva, salvo que en la próxima reforma a la Ley Orgánica Municipal se disponga otra cosa.

Mmm. ¿Habrá algún interés político atrás de dicha figura? No para el caso de San Juan Juquila Mixes, ¿sino en el caso de los 417 municipios de sistemas normativos internos?

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Correo: rosyrama@hotmail.com