Rosy RAMALES
Se veía venir la cerrada votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la pregunta para la jornada de Revocación de Mandato: 1 voto la diferencia a favor de su permanencia. Léase, aval para la constitucionalidad.
Y, quizá con honrosas excepciones, en lo sucesivo así serán todas las votaciones en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales donde estén en juego intereses políticos de la “Cuarta Transformación”.
Un antecedente inmediato es la votación sobre la pregunta de la Consulta Popular para el “enjuiciamiento” a los Expresidentes de México. Por mayoría del Pleno de la Corte, la votaron constitucional, previa modificación de la pregunta, la cual terminó en una cosa inentendible.
Las votaciones sui géneris en la SCJN, o a favor de los intereses del partido mayoritario, no es algo nuevo; también ocurrían cuando gobernó el PRI, y cuando el PAN detentó la Presidencia de la República, aun cuando no llegó al rango de partido dominante.
Porque el vicio se encuentra en la forma de nombrar a los ministros.
El Presidente de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designa al ministro. La designación se hace por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días.
Pero si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, será ministro la persona que, entre la terna, designe el Presidente de la República. Y en caso de que la Cámara Alta rechace la totalidad de la terna, el mandatario someterá una nueva, y si ésta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de la referida terna, designe el titular del Ejecutivo.
Grosso modo así lo dispone el artículo 96 de la Constitución Política, cuyas dos últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928 y el 31 de diciembre de 1994.
Cómo que ya es hora de ir pensando en una reforma a dicho precepto, ¿no? Las normas son perfectibles y deben adecuarse a la realidad mexicana. Entonces, como que en la “Cuarta Transformación” no cabe una disposición constitucional del “pasado” tan cuestionado por la “4-T”.
¿Qué tal cambiar la forma de proponer y designar a los ministros de la Suprema Corte? Porque el hecho de que el Presidente proponga las ternas de aspirantes, quien quede le deberá el cargo al titular del Poder Ejecutivo, aunque la designación la haga el Senado. Y miren, si a éste se le pasa el plazo o rechaza la terna, designa el mandatario de manera directa.
La disposición del “pasado” no guarda proporción en el equilibrio de Poderes.
Por eso quizá ha llegado el momento de modificar el citado precepto constitucional para establecer un nuevo mecanismo de selección y designación de los ministros de la Corte.
¿Funcionaría que el Senado emita una convocatoria abierta a la ciudadanía para quiénes reúna los requisitos se inscriban, y seleccionar técnicamente a las personas aspirantes que cumplan todos y cada una de las calidades exigidas tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación?
Claro, sin el deber de pasar a una entrevista con la Junta de Coordinación Política del Senado (como se estila), pues cuál es el fin de ese tipo de entrevistas cuando algunos senadores no tienen ni idea sobre la función jurisdiccional; es mera formalidad para legitimar una decisión que viene desde el Ejecutivo.
Y sale un partido político y llega otro a la Presidencia de la República, y el mecanismo sigue siendo similar; lo único que ha cambiado es que el mandatario ya no propone directamente, sino presenta una terna, que para el caso viene siendo casi lo mismo.
Bueno, habiendo preseleccionado a quienes cumplan los requisitos, seleccionar a los ministros mediante insaculación; es decir, vía un procedimiento al azar. De ese modo se designaría a personas preparadas, con experiencia en derecho, merecedoras de la magistratura, sin privilegiar a personas allegadas al círculo del poder que resolverán a favor de intereses determinados.
Mientras no se modifique la actual forma de proponer y designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguirán existiendo ministros partidizados y una actividad jurisdiccional politizada.
MAGISTRATURAS LOCALES
Para las entidades federativas también debería haber un procedimiento que excluya totalmente al Poder Ejecutivo en el proceso de designación de las personas magistradas de los tribunales de justicia locales.
En la mayoría de las entidades el procedimiento es similar al de la selección de los ministros, solo que designa el Congreso Local y a propuesta de terna del Ejecutivo.
Con sus honrosas excepciones, las magistraturas terminan ocupándolas personas allegadas a los gobernadores: Compadres, comadres, hijos de políticos, cuotas por pago de favores, etc., que si bien tienen derecho, tampoco tienen la exclusividad.
***
Correo: rosyrama@hotmail.com
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
