Por mayoría de votos de la y los presentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del tribunal local que resolvió una controversia interpuesta por Maki Esther Ortiz Domínguez en contra de la designación de Américo Villarreal Anaya como precandidato único y a la postre candidato de Morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas. Lo anterior, porque el procedimiento de selección se llevó a cabo conforme a la normativa aplicable y a la convocatoria respectiva.
En su oportunidad, tanto la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena como el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas validaron la designación impugnada.
Inconforme con la decisión del Tribunal local, Maki Esther Ortiz Domínguez presentó un juicio para la ciudadanía. Principalmente alegó que se cometieron diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura y solicitó que se revoque la designación impugnada y le sea otorgado el registro como candidata.
La sentencia aprobada en sesión pública por videoconferencia confirmó la resolución del Tribunal local atendiendo a las siguientes consideraciones:
a) La actora no controvierte las razones que el Tribunal local expuso para confirmar la resolución partidista.
b) Si bien ni la CNHJ ni el Tribunal local se pronunciaron frontalmente de actas notarias presentadas por el actor, lo cierto es que ello es insuficiente para invalidar el procedimiento de designación, pues respecto de este el Tribunal local sí realizó el estudio respectivo.
c) El partido cumplió con las reglas paritarias emitidas por el INE para ese proceso electoral local.
d) El resultado de las encuestas de reconocimiento no era vinculante para Morena en términos de la convocatoria, porque se aprobó el registro de una precandidatura única.
e) La actora ha recibido una respuesta de fondo a todos los planteamientos que ha hecho valer a través de distintas cadenas impugnativas y en todas las instancias. El tiempo transcurrido no obedece a una denegación de justicia.
Finalmente, ante la falta de reglas claras para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de gubernaturas, la Sala Superior reiteró la orden a Morena y a los partidos políticos nacionales para que, a más tardar al inicio del próximo proceso electoral en que participen gubernaturas se definan reglas al respecto. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral será el encargado de verificar la emisión y el cumplimiento de dichas reglas. (SUP-JDC-434/2022).
El TEPJF validó el registro de la precandidata única de Morena a la gubernatura del estado de Durango
Por unanimidad de votos de la y los presentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) que validó el registro de Alma Marina Vitela Rodríguez como precandidata única de Morena a la gubernatura de dicho estado, porque la decisión estuvo debidamente fundada y motivada.
La controversia deriva del medio de impugnación promovido por José Ramón Enríquez Herrera –quien se registró como aspirante— para controvertir la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de ese partido político de designar a Alma Marina Vitela Rodríguez como precandidata única de Morena a la gubernatura de Durango.
En su oportunidad, tanto la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena como el TEED validaron el registro impugnado.
Inconforme con la decisión del Tribunal local, José Ramón Enríquez Herrera presentó un juicio de la ciudadanía. En concreto, alegó que se cometieron diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura y solicitó que se revoque la designación impugnada y le sea otorgado el registro como candidato.
El proyecto de sentencia aprobado en sesión pública por videoconferencia, a propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, confirmó la resolución del Tribunal local atendiendo a las siguientes consideraciones:
a) La sentencia sí fue exhaustiva, ya que el Tribunal local se pronunció sobre cada uno de los planteamientos del actor.
b) Fue correcto no admitir las pruebas supervenientes, porque el actor no expuso en tiempo y forma las causas o los obstáculos que le impidieron ofrecerlas o aportarlas al momento de la presentación de la demanda y, en todo caso, esta situación no lo dejó sin defensa.
c) La resolución impugnada no es incongruente, ya que era posible confirmar la designación de la candidata y al mismo tiempo garantizar el derecho de acceso a la información del actor, respecto de las consideraciones que llevaron a la CNE a determinar que su perfil no era idóneo para participar como precandidato.
d) La sentencia está debidamente fundada y motivada, porque la responsable sí analizó las constancias que obran en el expediente y señaló las razones que sustentan la determinación, aunado a que el actor no controvierte dichas razones.
e) La sentencia sí cumplió con el mandato de paridad, pues el partido cumplió con las reglas paritarias de este proceso electoral y no es jurídicamente viable interpretar dicho principio para retirar la candidatura a una mujer. (SUP-JDC-425/2022)
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