Rosy RAMALES
Últimamente diversas agrupaciones han manifestado su intención de obtener concesiones de transporte público. Sin embargo, legalmente ya no es posible que el Gobierno del Estado las otorgue.
Porque el párrafo 4º del artículo 108 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca es muy claro al establecer que:
“Dentro de los ciento ochenta días naturales anteriores a la conclusión del período constitucional de gobierno, queda estrictamente prohibido otorgar nuevas concesiones de transporte público; de igual manera, se deberán respetar los plazos establecidos en la legislación electoral (sic) del Estado.”
O sea, ya está corriendo el plazo de la prohibición para otorgarlas, aunque los peticionarios (personas físicas o morales) cumplan con todos los requisitos, entre los cuales se encuentran la nacionalidad mexicana, acreditar documentalmente contar con la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera necesaria para proporcionar un servicio eficiente y de calidad.
Así que cualquier persona física o moral debió solicitarla con el suficiente tiempo antes de que empezaran a correr los 180 días naturales a la conclusión del periodo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, cuyo sexenio está próximo a terminar, ya solo le faltan alrededor de mes y medio.
Con el suficiente tiempo para que el gobernador o la Secretaría de Movilidad, a cargo de Claudia Silva Fernández, estuvieran en condiciones de examinar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley de la materia y el reglamento correspondiente, y otorgar la concesión antes de empezar a correr el referido plazo fatal.
Eso, según entendemos.
Por cierto, la Secretaría de Movilidad ha informado al público en general, mediante un comunicado en redes sociales, que “en ningún municipio de la entidad se ha iniciado, ni se iniciará procedimiento alguno” para otorgar concesiones, precisamente en acatamiento a la prohibición establecida en la Ley.
Ciertamente, había la costumbre de que al finalizar el sexenio, el gobernador otorgaba concesiones de manera discrecional; incluso, a amigos y colaboradores. Pero esa práctica, que se conocía como “piñatazo”, quedó acotada cuando en julio de 2020 la Legislatura del Estado de entonces reformó el artículo 108 de la Ley de Movilidad.
Quien sabe si hubo personas que se avivaron y tramitaron concesiones en tiempo y forma.
Pero en este momento, ya no se puede por disposición legal. Si las otorgan, estarían quebrantando la ley, y las concesiones serían revocadas.
(Imagen de Archivo)
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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