Rosy RAMALES
Tanto quieren defender al INE que a ver si no terminan desgraciándolo. Es obvio el choque de intereses, independientemente de la auténtica preocupación de sectores de la sociedad por mantener intocada una institución garante de la democracia que costó tiempo y sangre.
El problema no radica precisamente en la normatividad vigente, la cual establece reglas claras para la selección de las consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aun cuando haría falta pulir las normas para perfeccionar la independencia y la autonomía del árbitro electoral desde su integración hasta su funcionamiento.
El problema son los partidos políticos. Todos pretenden controlar al INE o por lo menos influir en el Consejo General mediante la imposición de consejerías, situación que se replica en la integración de los consejos locales y distritales del Instituto.
El ‘choque de trenes’ refleja dos posturas: La intención de la oposición, sobre todo del PAN, PRI, PRD, de mantener el ‘sistema de cuotas’ implícito en el procedimiento vigente, el cual parece perfecto desde la emisión de la convocatoria pública por parte de la Cámara de Diputados hasta la selección de quintetas de los mejores aspirantes a las consejerías.
Preselección que, en base al cumplimiento de requisitos constitucionales y legales de aspirantes, hace un Comité Técnico previamente designado e integrado por 7 “personas de reconocido prestigio”, de las cuales tres nombra la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos el Instituto de Transparencia.
Y ahí empieza la partidización del INE, que algunos consideran “equilibrio”. Porque en la Jucopo lleva la voz cantante el partido en el poder, y los dos organismos autónomos proponen en función de la afinidad política de las personas titulares. (¿Recuerdan el agarrón en la designación del Comité Técnico en la última selección de consejerías?)
El Comité Técnico selecciona quintentas por cada consejería vacante y las remite a la Jucopo donde se “impulsa la construcción de acuerdos” para seleccionar a uno de cada quinteta y pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación. Y es así como salen las “cuotas”.
La reforma electoral planteada por AMLO suprime ese ‘sistema de cuotas’ (en el cual también Morena participó en la última renovación de consejerías del Consejo General del INE), para elegir a las y los consejeros mediante voto popular directo por candidaturas propuestas por los tres Poderes; candidaturas que, incluso, harían campaña.
Esa es la segunda postura.
Un método con matiz democrático en el voto popular, pero riesgoso para la oposición porque sería una elección, con la diferencia de que las candidaturas no serían directas de cada partido político, sino de manera indirecta por el partido dominante en cada poder. ¿Y qué es..?
Tal vez seguiría siendo un ‘sistema de cuotas’, pero ahora por Poder y más favorable para Morena.
Y aunque la iniciativa de AMLO prohíbe la injerencia de los partidos políticos en el proceso electivo de las consejerías, éstos intervendrán sobre todo en la jornada electoral movilizando electores para hacer ganar determinadas candidaturas.
Imagínense que la jornada termine en zafarranchos y acusaciones de fraude electoral, acarrearía la desgracia del pretendido Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), quedarían en entredicho su credibilidad, autonomía e independencia.
Igual y no. Igual y resulta todo un éxito el método planteado en la iniciativa de AMLO.
Pero mientras llega el momento para saber la suerte del INE o del INEC, se corre el riesgo de desgraciar al árbitro electoral, pero sobre todo la paz y estabilidad del país. De hecho, las posturas encontradas, los ‘trapitos al sol’, empiezan a generar un caldeado ambiente rumbo al 2024.
Ojalá que para las elecciones concurrentes exista un órgano electoral con credibilidad.
TRANSITORIOS
En los artículos transitorios de la iniciativa de reforma electoral de AMLO se establece que el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las acciones de desincorporación y transferencia de activos” del INE al INEC.
Los archivos y acervo de información publicada o por publicar elaborada o en posesión del INE deberán ser transferidos en su totalidad al INEC.
Y en un plazo de quince días a partir de la vigencia del decreto de la reforma electoral, la persona titular de la presidencia INE “deberá entregar a la persona titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado un informe acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondiente.”
¿Quiere decir que van a revisarle todo al INE de Lorenzo Córdova?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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