Rosy RAMALES
En el contexto de las últimas manifestaciones de grupos sociales en Oaxaca, el gobierno encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, manifestó:
“Estamos comprometidos con la libre manifestación de las ideas, el respeto a los derechos humanos y la protección a las víctimas de la vilencia provocada por el régimen anterior. Pero también hemos sido claros, en que todas y todos debemos actuar dentro del marco de la ley, porque actuar en la ilegalidad no es la ruta para resolver los problemas que vivimos en el estado”.
Y tiene toda la razón.
Al menos durante los cinco sexenios anteriores, Oaxaca se ha visto envuelta en una ola de conflictos sociales, agudizada en los tres últimos sexenios. Y las movilizaciones solo han generado afectaciones sin que por sí mismas resuelvan los problemas; por el contrario.
Lo saben de sobra los líderes sociales, quienes (con sus honrosas excepciones) son los únicos que salen beneficiados con las movilizaciones. Son una especie de intermediarios entre las comunidades y el gobierno, cuando no debería de existir este tipo de intermediarios; las propias comunidades deberían tocar las puertas de Palacio de Gobierno para ser atendidos por el gobernador o por alguno de los funcionaios de su gabinete.
Algunos de estos intermediarios, llevan muchísimos años ‘tendiendo puentes’ y van de una comunidad a otra. Entonces, o son santos, o son viven a costa de los problemas de las comunidades. Vividores sociales, que lucran con las necesidades de la gente. Y por lo mismo no les interesa la solución, porque entonces se les acaba el negocio.
Sin decir nombres, ahí están los mismas caras de los ‘líderes sociales’, algunos de ellos se manifestaban desde la época del sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano.
El despejar el pórtico de la sede del Ejecutivo estatal para abrir las puertas, muestra la disposición del gobierno de Salomón Jara de dialogar y encontrar soluciones a la problemática social, política, económica, cultural, de la entidad oaxaqueña.
Entonces, ¿por qué seguir con movilizaciones que lo único que hacen es afectar la economía y en consecuencia la atención social?
No hay excusa para insistir en la movilización.
Salomón Jara viene de un estrato social humilde, tiene raíces indígenas, se formó en la lucha social. Por tanto, entiende la problemática, y hasta el momento ha mostrado apertura al diálogo y disposición para encontrar soluciones. Deben concederle el beneficio de la duda. Apenas lleva 22 días como gobernador de Oaxaca.
Será distinto cuando lleve tres años y no se vea resultados de su gobierno.
Y para que esos resultados se vean, sus funcionarios deben mostrar la misma apertura y disposición del gobernador Salomón Jara. Vaya, hasta las personas destinadas a ver quien llega a las puertas del Palacio de Gobierno, ya se creen el mismo mandatario; algunos pecan de muy mal carácter. En los filtros de las puertas hay mucha burocracia.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y PROCURADURÍA DEL AMBIENTE
No debería, pero suele ocurrir y hasta convertirse en praxis, que el gobernador promueva el cambio de titulares de órganos autónomos. Incluso, impulsaban el cambio del titular de otro de los poderes, el Judicial.
En ese tema, ¿qué planea el gobierno de Salomón Jara? Sería interesante saberlo.
Y cuando la austeridad es uno de los principios rectores, habría que revisar si el Tribunal de Justicia Administrativa da resultados, o se trata de un oneroso aparato burocrático o de un elefante blanco, que si bien encaja en el esquema contra la corrupción, podría ajustarse.
En alguna ocación escuché a una magistrada decir que se aburría porque no había mucho qué hacer en dicho Tribunal. Ups.
Habría que preguntarle a Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual se integra con cinco personas magistradas. El Tribunal cuenta además con cinco Salas Unitarias; la Secretaría General de Acuerdos, cinco jefes de oficina, direcciones, más personal administrativo.
Los magistrados (as) de la Sala Superior serán designados por el gobernador y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura; durarán en su encargo siete años improrrogables y serán sustituidos de manera escalonada.
Los magistrados (as) de las Salas Unitarias de Primera Instancia, serán designados por el gobernador y ratificados por mayoría de los miembros presentes de la Legislatura; durarán en su encargo cinco años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
Bueno, quizá vayan sustituyendo de manera escalonada como lo marca la ley. Cosa que tampoco impide prever ajustes para reducir el número de magistraturas que integran la Sala Superior, y el número de Salas Unitarias.
Igual y dicho Tribunal sí da resultados tal como está. No obstante, es obeso.
La Procuraduría de Protección del Medio Ambiente es un caso suigéneris porque es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizada a la Secretaría estatal del ramo.
Y la persona titular de la Procuraduría será nombrada por el gobernador y durará en su encargo cuatro años; podrá ser ratificado para un segundo periodo.
La estructura de la Procuraduría no es obesa, más bien, apenas la indispensable: Área Pericial y de Investigación; Área de lo contencioso Ambiental; y las que se requieran.
No tiene ni un año de que entró en funcionamiento dicha Procuraduría, siendo Ernesto Ruiz López su primer titular. Y parece que en ese lapso tan breve sí ha dado resultados. Y cómo no, pues el Procurador es profesional del derecho ambiental, poquísimos en esa materia en la entidad oaxaqueña.
Quizá el nuevo gobernador, Salomón Jara, ratifique al actual Procurador Ambiental en base a resultados e institucionalidad.
A propósito de ratificar, un dato del caso sui géneris, es que la ley de la materia no dice que la persona titular de la referida Procuraduría deba ser ratificada por la Legislatura tras el nombramiento del gobernador; o, en su caso, que al entrar un nuevo gobernador, este deba hacer la ratificación por el tiempo que falta para completar los cuatro años.
En fin. La Procuraduría cuenta con un Consejo Ciudadano que, entiendo, es una especie de órgano como de opinión, viglancia y equilibrios.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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