¿A partir de cuándo aplica la inhabilitación?
Rosy RAMALES
Qué difícil caso el de la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, quien otra vez se encuentra sujeta a una sanción administrativa.
Ahora por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, el cual acaba de imponerle la sanción de inhabilitación temporal por un año “para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en arrendamientos, servicios y obras obras públicas…”
Misma sanción impuso a la Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa del IEEPCO, Noemí Sánchez Gutiérrez.
¿A partir de cuándo? Pues la sentencia indica que la sanción “surtirá efectos a partir al momento de su notificación”. Pero le antecede el seguimiento del procedimiento previsto en el artículo 225 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece que:
“Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento…”
Y para ello se “dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría…”
De primera impresión se entiende que la inhabilitación aplica hasta que quede la sentencia (causado ejecutoria). Porque es de suponerse que ambas van a impugnar la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa ejerciendo su derecho a defenderse, aunque de hecho ya lo ejercieron al presentar pruebas para tratar de desvirtuar la falta grave de la cual se les acusa: Desvío de recursos.
Porque hubo autorizaciones de recursos en el 2023 sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes, sin integrar a tiempo el Comité de Adquisiciones; hubo pagos con partidas del 2022, compensaciones a personal de Sistemas Normativos Indígenas, etc.
Sin embargo, la instancia competente del IEEPCO pidió una aclaración de sentencia y el área respectiva del Tribunal Administrativo aclaró que la inhabilitación es de inmediato una vez que tanto la consejera presidenta como la Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa sean notificadas.
Pero en vía de mientras, el IEEPCO entra en una situación de incertidumbre, en el limbo, en que no se sabe si tiene cabeza o no. Claro, sigue operando el Consejo General que es el órgano de máxima decisión colegiada, pero la presidencia tiene funciones específicas en todo el entramado de la función electoral.
Amén de que saben sus tareas y las realizan conforme a sus funciones, seguramente las consejerías no saben a quién dirigirse, lo mismo las representaciones de los partidos políticos, así como los órganos desconcentrados del IEEPCO.
Van a tener que esperar la decisión que tome el Instituto Nacional Electoral (INE), al cual, se entiende, el Tribunal Administrativo dio vista de su resolución, para saber la suerte de la consejera presidenta del IEEPCO; si nombra a una presidencia provisional como en la ocasión anterior entre las consejerías, si impugna la decisión de dicho Tribunal para restituir a Sánchez González, o de una vez le inicia el procedimiento de remoción porque considere que la falta grave administrativa que se le imputa actualiza algún supuesto de remoción.
Pero en vía de mientras el IEEPCO vuelve a vivir otra crisis interna, y lo peor, cuando falta casi un mes y medio para las elecciones locales de junio próximo a las diputaciones al Congreso del Estado y a las concejalías a los ayuntamientos.
En este embrollo cada disenso representa litigio.
Como sea, hay una sentencia del Tribunal Administrativo que por lo pronto se debe acatar. Una sentencia, por cierto, bastante compleja, pues además de lo que parece ambigüedad en cuanto en qué momento quedan inhabilitadas la consejera presidenta del IEEPCO y la Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa, también está cuando aclara que la primera es sancionada por actos administrativos, no por su función como consejera presidenta, pero ambas cosas van de la mano.
En fin, quizá por prudencia Elizabeth Sánchez González debería renunciar como consejera presidenta del IEEPCO para permitir que ninguna sombra caiga sobre las elecciones locales, para permitir la fluidez del desarrollo del proceso electoral.
De por sí existían dos grupos de consejerías, pero a su llegada éstos prácticamente se unieron, no precisamente en su contra, sino más bien se unieron ante la serie de obstáculos que han encontrado para realizar las tareas electorales propias de su función, por el atraso en programas, por la falta de insumos a los órganos desconcentrados, etc.
Pero por otro lado también está su prestigio, su honor.
Sin embargo, es mejor la renuncia, a que la remuevan o a que se sostenga y algo salga mal en las elecciones y recaiga sobre ella la responsabilidad.
En fin, a ver qué pasa.
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rosyrama@hotmail.com
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