Rosy RAMALES
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedó sin candidata propietaria de la primera fórmula oaxaqueña al Senado de la República.
Sí, en eso se traduce la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revocó el registro de María del Carmen Ricárdez Vela como candidata propietaria de la primera fórmula del PRI al Senado de la República en el estado de Oaxaca, por el principio de mayoría relativa.
Aun cuando este partido político haya informado que “hasta en tanto no reciba la notificación, (ella) seguirá realizando actividades proselitistas, dejando a salvo el derecho para recurrir dicha determinación ante las instancias correspondientes”.
Claro, no se quedó sin candidata en definitiva. Porque pueden ocurrir dos supuestos: Que Carmelita sea restituida en la candidatura por resolución de la Sala Superior del TEPJF que revoque el fallo de la Sala Xalapa (si acaso impugnan éste); o que el PRI la sustituya por otra candidata. Mientras tanto este partido formalmente está sin candidata.
¿Qué ocurrirá? Es incierto.
Lo cierto es la complejidad del panorama para el PRI y para Carmelita. Porque ¿cómo van a desvirtuar lo encontrado en la investigación realizada por la autoridad electoral competente en la diligencia de verificación del cumplimiento de la acción afirmativa indígena por la cual el PRI la postuló?
Conforme lo expuesto en la sesión de la Sala Xalapa, en principio la candidata acreditó la adscripción calificada indígena en base a tres elementos según la constancia presentada:
Uno: Ser descendiente de personas indígenas de la comunidad.
Dos: Tener más 40 años participando activamente en los servicios de la comunidad, como mayordomías y fechas religiosas que celebran.
Tres: Haber realizado distintas gestiones para el beneficio y mejoramiento de la comunidad.
Sin embargo, dos de los elementos quedaron desvanecidos en la verificación. Porque:
La autoridad de la comunidad que emitió la constancia, la desconoció. Reconoció como suya la firma y el sello, “pero aclaró que firmó el documento porque las personas que se lo llevaron le dijeron que era para apoyo a la gente indígena de la región Chontal y no para el registro de una candidatura”.
Y negó: “La pertenencia de la candidata a dicha comunidad, que fuera originaria de la misma, que sus ascendientes fueran miembros de la comunidad, o que hubiese desempeñado algún cargo tradicional o de representación, que hubiese prestado servicio cumuntario o que hubiese participado en reuniones tendentes a mejorar la comunidad, o que fuera miembro de alguna asociación de indígenas que buscara mejorar o conservar sus instituciones.”
Así pues, se ve difícil para el PRI y para Carmelita probar lo contrario. Sin embargo, habrá que esperar la última palabra de la Sala Superior del TEPJF, si acaso impugnan el fallo de la Sala Xalapa con pruebas fehacientes, caso contrario no solo se arriesgan a la confirmación del revés, sino hasta que alguien lleve el caso al campo del Derecho Penal.
UN CASO PARA LA REFLEXIÓN…
El caso del revés de la Sala Xalapa a la candidatura de María del Carmen Ricárdez Vela postulada por el PRI, no es para hacer leña del árbol caído, sino para reflexionar sobre los riesgos que conlleva falsear acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a cargos populares.
La autoridad administrativa electoral, INE o Institutos Estatales Electorales como autoridades de buena fe otorgan las candidaturas en base a los documentos que presentan candidatos, candidatas, partidos políticos, coaliciones, para acreditar las acciones afirmativas.
Sin embargo, se arriesgan a las impugnaciones, y a que los documentos sean contrastados en campo para verificar el cumplimiento de las acciones afirmativas destinadas a sectores vulnerables.
Y miren, en el caso en comento no impugnó un partido político, ni algún contrincante interno, sino impugnó el presidente de una organización indígena.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




