Rosy RAMALES
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya dijo la última palabra: Las “mañaneras” se quedan.
Ello al resolver, por unanimidad de votos, el acuerdo INE/CG421/2024 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para no suspender la difusión de las conferencias de prensa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco del actual proceso electoral federal 2023–2024.
No hay otra instancia donde combatir las “mañaneras”.
Incluso, la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón (que son contrarios, por decirlo de algún modo, al otro grupo de magistrados y magistrada) votaron a favor de la propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
En resumen, coincidieron en que las conferencias “mañaneras” del presidente AMLO “no son ilícitas, por lo que no puede ordenarse la suspensión generalizada de su difusión”; entonces, suspenderlas “conllevaría a una especie de censura previa inadmisible en una sociedad democrática”.
Y la magistrada Janine Otálora precisó que la restricción a las conferencias matutinas del mandatario es el artículo 134 constitucional, el cual ordena imparcialidad.
Ciertamente, aun cuando pareciera que a veces AMLO realiza propaganda electoral a través de las “mañaneras”, y otras veces, proselitismo político; y en ocasionalmente es neutral.
Pero tampoco se le puede coartar la libertad de expresión por hechos futuros de realización incierta. Cuando en las conferencias mañaneras se violen principios constitucionales, quien se sienta ofendido puede iniciar un procedimiento sancionador.
Que tales procedimientos no sean eficaces, es responsabilidad de aquellos partidos políticos que mediante sus legisladores avalaron tal como está la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, empezando por el PRI, el PAN y el PRD.
Porque en el 2014, año de la última reforma electoral de fondo, pudieron confeccionar una ley para sancionar efectivamente a las personas servidoras públicas infractoras de la normatividad electoral, incluido el Presidente de la República.
Pero no lo hicieron, dejaron todo a conocimiento del superior jerárquico y del Congreso de la Unión. Lo más que las autoridades electorales pueden hacer es imponer multas y dictar medidas cautelares.
Y ni para echarle la culpa a Morena, porque a principios del 2014, que es cuando entró en vigor la reforma electoral, todavía ni tenía el registro como partido político nacional. Claro, la mayoría de sus prominentes miembros, militaban en el PRD; incluso, varias de sus recientes adquisiciones, militaban en el PRI.
En fin, el PRI, el PAN y el PRD, que fueron los partidos políticos que impugnaron, no pudieron conseguir suspender las “mañaneras” en lo que resta del proceso electoral
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