Rosy RAMALES
La integración incompleta de tribunales electorales en nuestro país no pone en riesgo las elecciones concurrentes del próximo dos de junio, porque la misma normatividad prevé cómo suplir las magistraturas vacantes mientras el Senado se digna a cumplir con su función de designar las magistraturas faltantes.
Sin embargo, nunca será lo mismo. De entrada, se corre el riesgo de afectar el principio de independencia con el cual deben resolver las impugnaciones, o calificar las elecciones (de Presidencia de la República por la Sala Superior del TEPJF y de gubernaturas por Tribunales Estatales Electorales) pues las magistraturas sustitutas son designadas por superiores jerárquicos.
Por ejemplo, ante la omisión del Senado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá designar las dos magistraturas que quedaron vacantes (cuando José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González concluyeron su periodo), entre las magistraturas más antiguas o las de mayor edad de las 5 Salas Regionales, donde, por cierto, faltan seis magistraturas regionales.
Designar al menos una, para que dicha Sala pueda válidamente calificar la elección presidencial con una integración de 6 de 7 magistraturas, como lo indica la ley.
La Sala Superior padece la división de sus magistraturas que tácitamente han formado dos bloques, uno compuesto por la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera; y otro, compuesto por la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Entonces ya se imaginarán qué bloque pondrá la o las magistraturas para la calificación de las elecciones presidenciales: Declaración de validez o declaración de nulidad, tras el cómputo respectivo. Y la o las magistraturas designadas por sus pares, ¿votarán la resolución por criterio propio? ¿O seguirán el criterio del bloque que los designó?
Con la duda se corre el riesgo de restar certeza a la calificación de las elecciones. Incluso, siguiendo un criterio propio en base a Derecho, siempre quedará la sensación de que tal calificación la realizó un tribunal incompleto.
¿Garantizaría independencia y certeza que el Senado designe las magistraturas para la integración completa de la Sala Superior antes de la calificación de la elección?
Es incierto, sobre todo si las bancadas de Morena y aliados juntan la mayoría calificada para la designación de persona identificada con la 4-T. O a la inversa, que en un golpe de suerte la oposición lleve mano en la designación.
El Senado debió hacer las designaciones de manera inmediata. Pero ya va para el año de las vacantes.
En fin, también se corre el riesgo de afectar la independencia con la cual deben resolver las Salas Regionales del TEPJF que están incompletas, y los Tribunales Estatales Electorales que vienen funcionando cojos, ante la omisión del Senado, que también tiene la facultad de designar magistraturas regionales y locales.
Hay alrededor de 36 vacantes en Tribunales Estatales Electorales.
Las elecciones no se ponen en riesgo, en su competencia. Porque la ley también prevé la forma de sustituir vacantes mientras el Senado designa: Habilitan a personal, por ejemplo, a secretarios, secretarias, de estudio y cuenta.
Las resoluciones no se paran. Sin embargo, la justicia electoral puede quedar en tela de juicio ante el riesgo de que las personas habilitadas en magistraturas sigan la línea de quiénes las habilitan como tales, que generalmente son las magistraturas en funciones.
Lo bueno es que después de la instancia regional o local, está la Sala Superior, aunque no para todos los casos.
¿POR QUÉ EL SENADO NO HA DESIGNADO?
En noviembre pasado, el entonces presidente de la Jucopo del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, prometió construir los consensos para designar las magistraturas de la Sala Superior. Incluso, la Comisión de Justicia aprobó la elegibilidad e idoneidad de aspirantes. Había dos ternas.
Pero ahí quedó todo, en promesa y trámite.
¿Por qué el Senado ha incumplido con su obligación de designar magistraturas de la Sala Superior, regionales y locales?
¿Ha sido simple omisión? ¿O tiene qué ver con el proyecto de reforma electoral? ¿Con la idea de elegir por voto popular magistraturas electorales (además de consejerías? Entonces ¿tomarán la decisión después de las elecciones de junio próximo?
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