Rosy RAMALES
Las elecciones del pasado 2 de junio le dieron a la 4-T la mayoría legislativa necesaria para aprobar reformas constitucionales en la próxima Legislatura del Congreso de la Unión, tal como pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar sus reformas que no transitaron en la Legislatura saliente.
Y va por ellas, principalmente por la reforma al Poder Judicial, antes de que concluya su mandato luego de que se instale la próxima Legislatura el 1º de septiembre, la cual tendrá un mes para regalar a AMLO la aprobación de las iniciativas correspondientes.
Y eso será parte del legado de López Obrador a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy Presidenta Electa (aunque formalmente lo será hasta cuando el TEPJF califique la elección y le entregue la constancia de mayoría), quien durante la campaña no mintió al ofrecer continuidad, pero con “sello propio”.
¿Sello propio? Si AMLO prácticamente está dictando el rumbo preciso del gobierno de Claudia, quien si bien por el momento no puede aplicar el sello propio, sí podría pedir al mandatario considerar su opinión porque será ella como Presidenta de México quien asuma los costos o los beneficios de las reformas tal como las plantea el tabasqueño.
Sin embargo, en el contexto del debate de una probable reforma judicial, el presidente AMLO parece no dejar en libertad de proponer y menos de decidir a su sucesora, salvo que hayan pactado seguir la ruta de la Presidenta Electa, pero sin que el presidente López Obrador ‘dé su mano a torcer’ públicamente,
Y que de los foros anunciados por el senador Ricardo Monreal Ávila emane el consenso para aprobar las reformas del presidente AMLO, empezando por la judicial, pero con modificaciones, no tal como las propone éste. Por ejemplo, eliminar el planteamiento de elegir popularmente a ministros, magistrados y jueces.
¡Pero es el principal planteamiento de AMLO! Sí, pero si en los foros una mayoría se pronuncia a favor de la inviabilidad, el pueblo manda; y si resulta lo mismo de la encuesta que realizará Morena, también el pueblo manda. Entonces, al presidente López Obrador no le quedará más que obedecer el mandato del pueblo
Algo así, maquilladito, para que no se diga que AMLO cedió a Claudia Sheinbaum la decisión final sobre la reforma al Poder Judicial.
Sería una buena señal para el país y para la virtual Presidenta de la República. Se mandaría el mensaje de que el presidente López Obrador dejará en libertad a su sucesora de aquí en adelante, que no tiene la intención de convertirse en el poder tras el trono cuando ella asuma el cargo.
Pero si de los foros, encuesta, parlamento abierto, resulta una opinión mayoritaria a favor de la reforma judicial tal como la plantea el presidente Andrés Manuel (con la inamovible elección de juzgadores por voto popular), entonces también el pueblo manda materializado en AMLO y la reforma va porque va sin mover una coma.
No sería buena señal. El mensaje sería que López Obrador seguirá tomando decisiones trascendentes para el país sin considerar la opinión de Claudia Sheinbaum, quien hace unos días se mostró mesurada respecto a la reforma judicial, aunque quizá solamente para calmar el nerviosismo del mundo financiero, porque después también se dijo a favor de la reforma en todos sus términos amén de conocer la opinión resultante de la consulta y la encuesta.
También se enviaría el mensaje de la tentación de AMLO en seguir influyendo en la vida política y administrativa del país, tras concluir su mandato; de un poder transexenal.
Lo ideal sería hacer la reforma al Poder Judicial que sí es necesaria, pero no tan cual la presenta el presidente AMLO, sino con modificaciones; con propuestas viables que aporten especialistas en la materia.
Hay otras formas de extinguir el actual Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integrar otro completamente nuevo, así como de seleccionar magistrados y jueces más profesionales, más honestos y acordes a las necesidades del “pueblo” sin renunciar a la independencia al dictar sus resoluciones.
Otras formas que no implican el riesgo de la elección por voto popular: Infiltración del crimen organizado; asesinatos de candidatos a ministros, magistrados, jueces; intromisión directa de los partidos políticos; dependencia de los electos a quien los impulsó, postuló e hizo posible su elección.
En fin.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




