Con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, en el Senado se aprobó la reforma judicial por mayoría calificada

La reforma al Poder Judicial recibió 86 votos a favor de senadoras y senadores de Morena, PVEM, PT y Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, contra 41 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Y así alcanzó la mayoría calificada que se requería para su aprobación.

Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, se pronunció a favor del dictamen, ya que busca establecer un nuevo modelo de impartición de justicia; además, dijo, no limita ninguna de las libertades de la democracia o los derechos que la componen.

Durante esta sesión, Luis Donaldo Colosio Riojas denunció una agresión en el recinto parlamentario del Paseo de la Reforma, hecho que condenó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

El proyecto de decreto define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.

También elimina el Consejo de la Judicatura Federal, en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones, funcional y orgánicamente separado de la SCJN.

Además, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones.

Dicho Tribunal tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las y los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.

El dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República.

Y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.

(Con información del Senado)


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