Rosy RAMALES
El 2025 será un año electoral, sui géneris. Porque la ciudadanía mexicana por vez primera elegirá integrantes del Poder Judicial de la Federación, en total 881 cargos; dejando para los anales de la historia electoral mexicana que éstos eran electos de forma indirecta por los representantes populares.
Ahora serán electos por voto directo, universal, libre, secreto, personal e intransferible. Así al menos en términos de la ley en cuanto a las características del voto popular en el país, donde todavía existe la duda sobre la libertad del voto pues siempre hay actores y factores que inciden para modificar la preferencia ciudadana hacia determinada candidatura.
Quién sabe si la elección de personas juzgadoras sea la excepción. Es más, quien sabe si llegado el día de la jornada electoral (el 1 de junio) la ciudadanía tenga claridad del número de cargos a elegir en su demarcación electoral y de quiénes serán las candidatas y los candidatos, quiénes los proponen y cuál es la función del cargo a elegir.
Es todo un reto. Y se empezará a gestar una nueva cultura electoral, en la cual se antoja impredecible la tentación de los partidos políticos de meter hasta los codos en la elección judicial bajo distintas prácticas extralegales. ¿O acaso es lo único predecible?
En el 2025 la ciudadanía mexicana va a elegir 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 464 magistraturas de Circuito, 386 juzgadores (as) de Distrito, 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 de las Salas Regionales de éste.
Una elección mayúscula con el reto del Instituto Nacional Electoral (INE) de organizarla y bien, a pesar de las limitaciones presupuestales conforme a la bolsa que había proyectado. Deberá ser una elección exitosa tanto en participación ciudadana como en transparencia, de triunfos legales y legítimos.
Aunque no todo depende del INE; el éxito o el fracaso de la elección judicial será una situación compartida entre el Instituto en cuanto a la organización; de las cámaras del Congreso de la Unión por aprobar el nuevo modelo electivo del PJF, de AMLO como autor moral de la iniciativa correspondiente y de refilón de la presidenta Claudia Sheinbaum por abrazar la continuidad tan al pie de la letra en este caso.
Con todo y cuando se diga que no engañó (en lo cual tiene razón), pues en su campaña ofertó la elección por voto popular de ministros, magistrados, jueces (as), como parte de la continuidad de la transformación; y la ciudadanía al votar por ella, votó por tal oferta.
En fin, en el éxito o fracaso de la elección judicial, las consejeras y los consejeros del Consejo General del INE se están jugando el puesto y su futuro político, empezando por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, a pesar de su afinidad con la 4-T. Por cierto, la afinidad no contó para consentirla con el presupuesto solicitado para organizar la elección judicial.
Se juegan el puesto, independientemente del tiempo que les falte para concluir el periodo para el cual fueron electos y amén de que también el Instituto forma parte de los planes de transformación para convertirse en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con la reducción de 11 a 7 consejerías también electas por voto popular.
NOROÑA
¿Es en serio el video del senador Gerardo Fernández Noroña donde cuestiona la eliminación de legisladores plurinominales propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿O es un video ex profeso del Día de los Santos Inocentes?
Porque eso parece al atreverse a confrontar la propuesta de la Presidenta de México, siendo ambos de la 4-T. Imagínense, califica de “barbaridad” la iniciativa para eliminar tantos legisladores de representación proporcional. Qué fuerte.
Y si se trata de una broma, también es fuerte.
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