Rosy RAMALES
Como siempre, leí la columna del magistrado Moisés Molina, LA X EN LA FRENTE, titulada “Nuevo Poder Judicial en Oaxaca”, en la cual casi al final se congratula por la permanencia de la Sala de Justicia Indígena (o sea, no desaparece como se corrió el rumor); incluso, plantea la pertinencia de elevarla a rango de Carta Magna como Sala Constitucional.
Sería cuestión, suponemos, de que la Comisión encargada de elaborar la llamada Nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la incluya en el texto como Sala Constitucional Indígena o simplemente como Sala Constitucional con competencia en justicia indígena y para resolver en el ámbito local controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios para la protección de los derechos humanos; mecanismos, por cierto, poco usados localmente.
Como sea, es interesante el planteamiento, máxime cuando en la entidad oaxaqueña se ha dado preeminencia a la perspectiva intercultural. Y no es para menos, cuando alrededor del 48% (si no es que más) de la población es indígena, existen al menos 13 pueblos indígenas, y 417 municipios que se rigen electoralmente por el Sistema Normativo Indígena.
Incluso, nuestra Constitución Local ha sido pionera en reconocer una diversidad de derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos, y se cuenta con una ley ex profeso; entonces en justicia les corresponde también contar con una Sala Constitucional en materia indígena elevada a rango constitucional para evitar reversas posteriores.
Muy probablemente las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Oaxaca sacarán a flote su sensibilidad indígena; buena parte se precia de ser indígena y en tribuna con orgullo saludan en su lengua materna. Y el gobernador, Salomón Jara Cruz, tiene sus raíces en pueblo originario; también habla lengua materna.
Y si las personas indígenas empoderadas no legislan a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, no lo harán los políticos “occidentales” (aunque las bondades de las acciones afirmativas, han hecho que medio mundo se diga indígena para conseguir espacios políticos).
Indígenas hicieron los cambios para el reconocimiento de los usos y costumbres, llamados hoy sistemas normativos indígenas: El entonces gobernador Heladio Ramírez López, y Cipriano Flores Cruz, el primer presidente del Instituto Estatal Electoral. También Eufrosina Cruz Mendoza como diputada federal y local, y Adelfo Regino Montes como Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Retomando el tema: El magistrado Moisés Molina –prácticamente el único integrante del Pleno del Tribunal Superior de Justicia— que valiente y profesionalmente ha vertido sus opiniones respecto de la Reforma Judicial y la próxima Nueva Constitución de Oaxaca, hace una propuesta interesante.
Y que no debería echarse a saco roto.
Eso sí, en caso de elevar a rango constitucional la Sala Indígena (incluso si queda solo reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial) valdría la pena exigir requisitos muy puntuales a quienes integren dicha sala. Por ejemplo, que sean indígenas con la carrera de Derecho o al menos que sean profesionales del Derecho con alta calidad moral y honestidad.
¿Saben por qué? Porque hay un mal antecedente, no en el Poder Judicial, sino en órganos electorales, donde (con sus honrosas excepciones) han hecho el gran negocio con asuntos relacionados en materia indígena, lo cual ha sido un secreto a voces.
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