Rosy RAMALES
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede tener razón al considerar que la Secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, “hace un excelente trabajo”. Lo sabe porque a ella le rinde cuentas de la encomienda de operar exitosamente los programas sociales para “el pueblo” y “sin fines electorales”, salvo que le mienta.
La mandataria lo acaba de reiterar en su conferencia de este miércoles:
“No es un asunto personal, estos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse y por eso es muy estricta Ariadna en eso de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa”.
“Lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas, eso se terminó porque los programas son universales y en el caso de no ser universal es casa por casa”.
Y dio a entender que “ya no existe” el control de programas sociales por parte del partido en el poder (ahora Morena) como ocurría con el PRI y con el PAN.
Bien por la postura y afirmaciones de la presidenta Sheinbaum.
No obstante, también pueden tener razón en parte las diputadas y diputados de Morena que en la plenaria interna pidieron la destitución de Adriana Montiel, acusando retraso en la entrega de programas sociales, corrupción y desatención a legisladores (as). Obviamente, también pasaron por la guillotina superdelegados de la Secretaría de Bienestar.
Se rebelaron 83; no es un número menor considerando la totalidad de integrantes de la bancada morenista: Alrededor de 250.
La rebelión, las acusaciones, parecen temas a revisar por la presidenta Sheinbaum.
Ya lo dice la sabia filosofía popular: “Cuando el río suena, agua lleva”. Y ha sonado bastante fuerte. Entonces algo ocurre.
Puede ser que Adriana Montiel sea tan estricta que no mueva ni una pestaña ante peticiones de diputados y diputadas en cuanto al reparto de programas sociales, cuya asignación y entrega se basa en una normatividad.
Puede ser que algunos superdelegados (as) intenten beneficiarse electoralmente haciendo presencia con los programas sociales con miras al siguiente proceso para la renovación de la Cámara Baja; el año electoral inicia en el 2026 pues las elecciones intermedias son en el 2027 en que también habrá comicios locales.
Puede ser que algunos diputados y algunas diputadas tengan la misma intención. En el 2027 todavía habrá reelección (la no reelección aplicará hasta el 2030 salvo que el Congreso de la Unión modifique la reciente reforma para adelantar la entrada en vigor). O tal vez aspiren a una diputación local o presidencia municipal.
En la rebatinga interna no salió a relucir la elección judicial extraordinaria de junio próximo. Y qué bueno, porque habrían dado motivo a la oposición para cuestionar la operación de programas sociales para convencer a la ciudadanía de votar por candidaturas a personas juzgadoras. Más bien de acudir a las urnas electorales, porque votar en esta elección francamente está en chino con la modalidad de escribir el número de la candidatura en vez de marcar un recuadro.
En fin, en la rebelión se habló de la existencia de superdelegados que han tratado de obligar a diputados, diputadas, a “meterse en temas ilegales”; de que las personas legisladoras se convierten en gestores de sus electores, lo cual es cierto, hacen gestoría para sus representados.
Sin embargo, los programas sociales deberían estar fuera de la gestoría, porque como bien dice la presidenta Claudia Sheinbaum, tales programas son universales y si existiera retraso en su entrega o alguna irregularidad hay instancias para quejarse. ¿O será que en verdad no se les escucha?
Quizá sea hora de cambiar la estructura de superdelegados de la Secretaría de Bienestar. Parece que todavía permanece gran parte de la estructura del sexenio anterior, con la cual ha trabajado Adriana Montiel, quien si no ha hecho cambios es porque le funciona. Empero ¿si tal estructura ha empezado a fallar?
Lo que sí, la rebelión proyecta una imagen de cloaca destapada.
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