Rosy RAMALES
Parece estar ocurriendo lo que se temía: La infiltración del crimen organizado en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El mismo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acaba de admitir fallas en los filtros para la selección de candidaturas a ministros, magistrados y jueces, y se colaron perfiles con nexos con el narco.
Reconoció: “Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad (…). Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado, o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática (puedan pasar). Entonces yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones.”
Aunque resulta temerario asegurar que el crimen organizado se encuentra infiltrado vía las candidaturas que como abogados tomaron la defensa de narcotraficantes, al final de cuentas son clientes como cualquier cliente de un despacho jurídico. Sin embargo, el riesgo existe.
Como también existe el riesgo de que el crimen organizado se encuentre financiando campañas de candidaturas a cargos judiciales aunque no hayan sido defensores de narcos. O que financie la movilización de electores el día de la jornada electoral para beneficiar a estas y las otras candidaturas.
Si hasta ahora se detectó la existencia de candidaturas “que no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, porque como jueces liberaron a narcos o como abogados los defendieron, ¿de quién es la culpa? De los Comités de Evaluación de cada Poder.
Por cierto, habrá que recordar que el 27 de enero del año en curso, ante el incumplimiento del Comité de Evaluación del PJF, la Sala Superior del TEPJF resolvió:
“(Vincular) a la Mesa Directiva del Senado de la República para que dé continuidad al proceso de selección de personas elegibles y lleve a cabo la insaculación pública correspondiente, entre la lista de aspirantes que el Comité de Evaluación del PJF estimó que cumplieron los requisitos, y los que la Sala Superior ordenó incluir en la lista, la cual estará ajustada al número de postulaciones para cada cargo, conforme a cada Poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, a fin de que se sometan a consideración del Pleno de la SCJN.”
En fin, hasta ahora se dan cuenta de los riesgos de infiltración del crimen organizado. Y así como los filtros fallaron en detectar personas con nexos con narcos, también pudieron fallar en pasar candidaturas que incumplen, además de la probidad, otros requisitos.
Es el costo de realizar una Reforma Judicial al vapor para un proceso electivo tan complejo como el actual para elegir 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2 magistraturas de la Sala Superior y 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito; 386 personas juzgadoras de Distrito. Y por cada cargo hay un abanico de candidaturas.
¿Cómo no van a fallar los filtros? Incluso, habría que regresar a revisar la integración del Comité de Evaluación de cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la culpa de las candidaturas. Toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver si acaso se presentan impugnaciones sobre la elegibilidad, idoneidad o lo que sea, de candidaturas a cargos judiciales.
Ah, en esta elección todo es incierto.
***
Descubre más desde Rosy Ramales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




