Rosy RAMALES
En el contexto de una próxima reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calmó el avispero político al considerar que el Instituto Nacional Electoral (INE) “tiene que seguir como un organismo autónomo”.
El problema es cómo.
Se entiende que manteniendo en la normatividad la forma de elegir las consejerías del Consejo General, a convocatoria abierta a la ciudadanía y por mayoría calificada de la Cámara de Diputados previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y si no hay acuerdo, entonces por insaculación por la misma Cámara y en caso extremo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿O si va la elección de consejerías por voto popular? No queda claro.
El temor de la oposición y de distintos sectores de la sociedad es que la elección de las consejerías por voto popular termine con la autonomía e independencia del INE al correrse el riesgo de resultar electas personas afines a Morena, partido con todos los recursos para movilizar votantes o para instrumentar estrategias para asegurar votos. (Y con un elemento adicional: Cultura de activismo).
Algo así como lo ocurrido en la elección judicial.
Pero, a decir verdad, la autonomía e independencia del INE ya es mera utopía; teoría en el artículo 41 constitucional. Casi nada queda del glorioso organismo autónomo e independiente en sus decisiones en su origen como IFE, cuando el gobierno dejó de presidir el órgano electoral.
Con o sin voto popular, el INE se está tiñendo de guinda.
El procedimiento vigente para elegir las consejerías del Consejo General, en los hechos no garantiza la autonomía e independencia del INE, entendiendo por la primera la capacidad de autogobernarse, y por la segunda, la libertad de tomar decisiones sin depender de un poder (utopía porque el Instituto tiene dependencia presupuestal).
El Instituto ya baila al son que le toquen los tambores guindas; son mayoría las consejerías afines a Guadalupe Taddei.
¿Y por qué no garantiza? Porque el procedimiento vigente fue confeccionado en gran parte cuando gobernaba el PRI y cuando existía una oposición sólida, combativa y demandante. Y parte de esa oposición, hoy es gobierno prácticamente absoluto.
Entonces, el partido en el poder tiene el control de la Cámara de Diputados, la cual crea un comité técnico para evaluar a las personas aspirantes a las consejerías del Consejo General del INE, de entre las cuales seleccionará a las mejores. Y ahí está un primer filtro, que ya no es filtro, porque tal comité se integra con tres personas de reconocido prestigio nombradas por la Jucopo y dos por la CNDH.
Ya no hay contrapesos.
Nada más vean cuál fue el resultado de la última elección de consejerías por parte de la Cámara de Diputados. No hubo acuerdo en la Jucopo y se procedió a la insaculación (tómbola) sobre una lista predeterminada por el comité técnico de evaluación.
En la falta de contrapesos no toda la culpa es de Morena, que solamente hace su trabajo como partido en el poder para conservar el poder. La oposición tiene mucha culpa, porque es una oposición de fachada y de discurso, quizá con honrosa excepción.
En fin, para garantizar la autonomía e independencia del INE hace falta un procedimiento neutral para elegir las consejerías; que, incluso, trascienda a cualquier cambio de partido en el poder, pues el que llegue siempre tendrá la tentación de controlar el órgano electoral para perpetuarse en el poder o al menos permanecer más de dos sexenios.
ATENTADO CONTRA SECRETO PROFESIONAL
La libertad de expresión ha estado íntimamente ligada a la democracia. Ese derecho es un valor democrático. Incluso, uno de los fines del INE es “contribuir al desarrollo de la vida democrática.”
Entonces qué pasa por la cabeza del funcionario de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto que requirió a la periodista Laura Brugés para revelar la fuente de un “acordeón” para la elección judicial que evidenció en la red social X.
Existe un secreto profesional que protege al periodista y su fuente. Así que ni en ánimo de “colaboración” se revela la fuente.
Ciertamente, existe una disposición que autoriza a la citada Unidad Técnica a solicitar información a personas físicas. Pero, por ejemplo, al dueño de la copiadora donde se maquilaron los ejemplares del acordeón, no a una periodista que solamente cumplió con su deber de informar publicando el acordeón.
A falta de investigación, atentado contra el secreto profesional.
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