ROSY RAMALES
Tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: En México es mucho el gasto público electoral. Por ejemplo, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en los tres últimos años ha sido de los13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos en 2023, de 22 mil 322 millones 879 mil 716 en 2024, y de 27 mil millones de pesos en 2025.
La cifra de 2023 no incluye el financiamiento público a partidos políticos, cuyo tema es punto y aparte. La cantidad de 2025 es el resultado del tijerazo de la Cámara de Diputados a los 40 mil 476.1 millones de pesos solicitados por el INE, aunque después a ruego de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, el gobierno concedió una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos para ayudar en la organización de la elección judicial.
Sirvan las cifras para ejemplificar grosso modo cómo año con año crece el presupuesto del INE. Incluso, hay un abismo respecto del presupuesto del otrora IFE; el estudio “Evolución del presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral 2000-2007”, refiere que “para las actividades permanentes, en años no electorales; pasó de 5 mil 707.0 millones en 1996 a 7 mil 434.6 millones de pesos en 2007, un crecimiento real de 30.2 por ciento, a precios constantes de 2007.”
1996 fue el año de la transición del IFE como organismo autónomo. El presupuesto –que comprendía el financiamiento a partidos— se incrementó porque había que implementar las reformas electorales de ese año. Cada reforma implica erogar.
Y en cada reforma electoral dan más atribuciones al Instituto Electoral. Por ejemplo, la reforma del 2014, con la cual nace como INE, se le dan las facultades de coordinarse con los Organismos Públicos Locales (creados entonces), elige las consejerías de los OPL, el Servicio Profesional se eleva al rango de Nacional, organiza las elecciones internas de los partidos políticos, etc.
El Instituto Electoral, en sus inicios como IFE, nada más organizaba elecciones federales, después se le permitió organizar elecciones locales cuando así lo decidiera un órgano competente de la entidad federativa, ahora como INE prácticamente está en todo de modo tal que los OPL parecen uno más de sus órganos desconcentrados.
Además, el INE debe organizar consultas populares y la revocación de mandato. Y por si fuera poco, ahora organiza las elecciones judiciales.
En sus inicios, el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral se integró con seis consejerías, luego con nueve, hoy son once incluyendo la presidencia. Al paso que vamos, pronto se va a integrar de 20 consejerías, o por un número mayor que puede resultar tan inútil como ocurre en las obesas cámaras legislativas.
El INE también empadrona y credencializa al electorado, implementa el voto de las y los mexicanos en el extranjero, avala la participación de observadores electorales, etc; además de prever lo necesario para garantizar los fines del Instituto y las prerrogativas de los partidos políticos.
Sus funciones y atribuciones se han multiplicado. Lógico es entonces el aumento del presupuesto del INE, amén ciertas exageraciones.
Ahora, ¿cómo reducir el gasto electoral como plantea la presidenta Sheibaum? Al estilo legislador de escritorio, sería fácil: Quitando atribuciones y funciones al INE, reduciendo el número de consejerías del Consejo General y de sus consejos locales; reduciendo la burocracia electoral, volviendo temporales algunos de sus órganos cuya función principal es en el año electoral, eliminando giras de consejerías, entre otros.
Eso para impactar solamente al presupuesto del Instituto. Pero el gasto electoral se puede disminuir también reduciendo el financiamiento público de los partidos políticos, de cuyas prerrogativas, por cierto, cabe eliminar el gasto de franquicias postales y telegráficas en plena era del internet.
El problema es cómo reducir el gasto en esos rubros (puestos a manera de ejemplo) sin trastocar conquistas que han contribuido a la democracia mexicana. Claro, con voluntad política todo se puede.
CONTRASENTIDO
Concentrar la organización de las elecciones federales y locales en el INE desapareciendo los OPL, sí generaría un ahorro para las entidades federativas que ya no tendrían que gastar en institutos estatales electorales, pero aumentaría el presupuesto del INE, salvo que se encuentre cómo no elevar el gasto.
VOTO ELECTRÓNICO
La consejera Carla Humphrey plantea: “Si realmente aspiramos a que la participación ciudadana sea amplia, accesible, segura y eficiente, el voto por internet no puede seguir siendo una alternativa opcional o lejana: debe ser una realidad operativa en la próxima elección judicial, sobre todo para contar con la certeza de obtener resultados de manera casi inmediata.”
Cierto. Y debe ser una realidad operativa en todas las elecciones tanto federales como locales, exceptuando comunidades sin energía eléctrica o sin internet.
Ante dudas, es como la consejera bien dice: “Hoy en día el sistema bancario, los servicios públicos digitales y las plataformas de gobierno electrónico operan con esquemas de cifrado robusto. Por lo que debemos confiar en este proyecto de gran envergadura para nuestro país.”
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