Rosy RAMALES
Las ministras y los ministros de la llamada ‘Nueva Corte’ andan acelerados en su quehacer jurisdiccional, como con ganas de cambiar el mundo, de innovar frente a la Vieja Corte, de hacer notar su pertenencia a la era de la “Cuarta Transformación”, de demostrar provenir de la voluntad popular gracias a la primera elección judicial por voto directo.
Han resuelto muchas veces con apego a la Carta Magna. Pero en ocasiones se pasan de tueste, con sus honrosas excepciones. Proponen cada cosa como para hacer la señal de la Cruz. El caso más sonado es la propuesta de darle revés al principio de “cosa juzgada”.
Un dato histórico: “El jurista romano Ulpiano consideraba que la cosa juzgada se tomaba por verdad”.
Y algunos ministros prácticamente pretenden desconocer tal principio, que en la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 101/2023 (11a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se explica de la siguiente manera:
“La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que impide a los órganos jurisdiccionales la tramitación de un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones ya deducidas en un proceso anterior, a fin de evitar que se condene dos veces a alguien por la misma razón, o bien, impedir que se dicten sentencias contradictorias, pues ello generaría un estado de inseguridad jurídica.
“El efecto directo de la cosa juzgada implica la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes en donde existe identidad de sujetos (partes), objeto del litigio (cosa) y causa de pedir (reclamo), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ello descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.”
Pero una mayoría de ministros y ministras se pronunciaron a favor de la posibilidad de reabrir asuntos que ya tienen sentencias definitivas, aplicando la nulidad de juicio concluido en un asunto mercantil: Loretta Ortiz, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Irving Espinoza, y el ministro presidente Hugo Aguilar.
Y pues diversos colegios de abogados pegaron el grito en el cielo. También gran parte de la opinión pública. Los primeros manifestaron su preocupación porque consideran que reabrir sentencias definitivas “vulneraría la seguridad jurídica, la división de poderes y el debido proceso.”
Hizo mucho ruido la propuesta. Tanto que la Corte emitió un comunicado con el siguiente encabezado: “Respeto absoluto al principio de Cosa Juzgada”, el cual destaca que:
La SCJN “reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial en el que se sustenta el derecho a la seguridad jurídica. Esto garantiza que lo resuelto en una sentencia firme sea definitivo e inmutable. Para este Máximo Tribunal, la cosa juzgada nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía.”
“No obstante, nuestro sistema normativo, así como el interamericano, prevén la figura conocida como: acción de nulidad de juicio concluido, la cual procede, entre otros supuestos, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción.
“La figura no atenta contra la cosa juzgada…”
¿Seguro que no intentan desconocer el principio de Cosa Juzgada?
Entonces ¿por qué tanta discusión en el Pleno en la sesión del miércoles? Incluso, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció a favor de respetar dicho principio y por lo tanto no reabrir sentencias de la llamada Vieja Corte, en aras de preservar la seguridad jurídica.
Como sea, en su comunicado la «Nueva Corte” anuncia que en el caso del juicio ejecutivo mercantil ya concluido, “se estudiará si es procedente la nulidad de juicio concluido”.
No sea que le hagan al ‘pueblo’ de “chivo los tamales”, y terminen desconociendo el principio de Cosa Juzgada.
Veremos qué pasa. Porque si abren la puerta a un caso, tendrán que abrirlo en muchos más a costa de la seguridad jurídica.
Es cierto que muchas veces el proceso jurídico es fraudulento. Se prestan magistrados, jueces, actuarios, notarios y, por supuesto, abogados; es todo un engranaje corrupto que perjudica gravemente a las personas.
El Tribunal de Disciplina Judicial tiene que poner manos a la obra, también el Congreso de la Unión para evitar actos procesales fraudulentos.
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