La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, expedir Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales

---

•    El dictamen obtuvo 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo es reglamentar el ejercicio del derecho humano al agua y retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales. 

https://www.youtube.com/embed/0SOoOTqijH4

El documento deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y diversas iniciativas coincidentes en la materia impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT y MC.

Para la discusión en lo particular, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó que se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos contemplados en el proyecto de decreto. 

El dictamen destaca que con la Ley General de Aguas se reglamenta el derecho humano al agua y saneamiento previsto en el artículo 4º constitucional, define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico, y establece las bases para el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, reconociendo su interdependencia con otros derechos humanos.

También, clarifica la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, fomenta la cultura del agua mediante programas educativos y de participación ciudadana, y reconoce y fortalece los sistemas comunitarios de agua que operan en comunidades indígenas y rurales.

La Ley, que reglamenta el artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución Política en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, determina las bases, apoyos y modalidades para su acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, su interdependencia con otros derechos humanos, y distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación, entidades federativas y municipios. Las disposiciones de esta Ley son de observancia general en todo el territorio nacional, de orden público e interés social.

La Federación, entidades federativas y municipios, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, conforme al parámetro constitucional y convencional aplicable.

Es objeto de la Ley definir el contenido del derecho humano al agua y establecer las disposiciones que garantizan su acceso equitativo y su uso sustentable; promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, su acceso, disposición y saneamiento acorde con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte.

También, establecer las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la Federación, entidades federativas y municipios en la tutela del derecho humano al agua; definir los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del agua para consumo personal y doméstico.

Además, garantizar el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, así como fortalecer las bases de su operación; fijar las bases de las políticas públicas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua, y promover la cultura del agua.

En la Ley de Aguas Nacionales se incluye el concepto de aguas residuales tratadas como aquellas que se han adecuado para su reúso mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otro. En la definición del Programa Nacional Hídrico incluye el priorizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico y cambia el nombre del Registro Público de Derechos de Agua por Registro Nacional del Agua.

Cataloga a la reasignación como el procedimiento mediante el cual “la Autoridad del Agua” dispone de los volúmenes de agua que se encuentran en el fondo de reserva de aguas nacionales y los asigna o concesiona en los términos y condiciones establecidos en esta Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Contempla la responsabilidad hídrica, la cual será la gestión hídrica responsable y las buenas prácticas por parte de “la Autoridad del Agua”, personas concesionarias, asignatarias, permisionarias y usuarias en general para mejorar el manejo, explotación, uso, reúso o aprovechamiento eficiente y sostenible de las aguas nacionales.

También, incluye a la seguridad hídrica, y la define como la capacidad del Estado en su conjunto de garantizar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, para satisfacer necesidades humanas y de los ecosistemas, promover el bienestar y el desarrollo nacional. 

Esto incluye asegurar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad del agua para consumo humano de manera intergeneracional, la capacidad de adaptarse y de reducir los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos y antropogénicos, y garantizar el cuidado del medio ambiente y la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con ella.

Considera a la sobreexplotación como aquella que se produce cuando la extracción de las aguas subterráneas y superficiales sobrepasa su capacidad de recuperación natural que genera efectos adversos, en la proporción variable que determine «la Autoridad del Agua». El uso agropecuario familiar será el sistema de producción que incluye actividades agrícolas y pecuarias, cuyo objetivo es el sostenimiento familiar.

El Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua –añade– también se integrará con la información que obre en los sistemas y archivos de “la Secretaría”, así como en sus órganos administrativos desconcentrados y descentralizados.

Incluye en las facultades de la Comisión Nacional del Agua el emitir las medidas necesarias y los acuerdos específicos, de carácter transitorio o permanente, para atender situaciones de emergencia, escasez y sobreexplotación, así como para garantizar la seguridad hídrica; regular y autorizar la reasignación de volúmenes, en los casos que prevé la presente Ley; atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia del nivel regional mediante acuerdo que al efecto se emita, conforme a la normativa aplicable.

Los Organismos de Cuenca podrán expedir los títulos de concesión, asignación, permisos de descarga, de construcción, en términos del Reglamento Interior de “a Comisión Nacional de Agua, reconocer derechos y solicitar la inscripción correspondiente en el Registro Nacional del Agua, y en la regulación y autorización de la reasignación de volúmenes de agua, en los casos que prevé la presente Ley y la normativa aplicable.

Puntualiza que la planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente, y debe contener consideraciones y proyecciones con una perspectiva para el corto, mediano y largo plazo.

A fin de cumplir con lo anterior, se implementará una planificación y programación hídrica constituida por diez fases sucesivas de seis años, en las que se considerará el crecimiento poblacional, los efectos del cambio climático, condiciones hidrológicas, elementos relacionados con la meteorología, la variabilidad climática, la cobertura forestal, la funcionalidad y estado de conservación de los ecosistemas, el equilibrio ecológico y otros factores que intervengan en la afectación para la disponibilidad de agua. 

Subraya que el Programa Nacional Hídrico, aprobado por el Ejecutivo Federal, también incorporará aspectos que fortalezcan la gestión del agua y el aseguramiento del acceso universal al agua potable y su saneamiento.

La solicitud de concesión o asignación deberá incluir nombre, razón social y domicilio de la persona solicitante, así como dirección de correo electrónico en caso de consentir notificaciones por dicha vía o, en su defecto, la aceptación de que se le notifique por medios electrónicos habilitados por «la Autoridad del Agua”.

En caso de que la documentación exhibida sea incompleta o presente deficiencias, “la Autoridad del Agua” podrá requerir, por una sola ocasión a la persona solicitante para que la subsane, en los términos que disponga el reglamento de esta Ley. La ausencia total de la documentación señalada en este artículo o la falta de desahogo al requerimiento de información motivará el desechamiento de la solicitud.

Puntualiza que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. “La Autoridad del Agua” podrá reasignar volúmenes a través de procedimientos ordinarios o expeditos, en términos de lo establecido por esta Ley y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en cuyos casos se emitirá un nuevo título de concesión o asignación.

Una vez expedido el título de concesión o asignación, la persona concesionaria o asignataria tendrá el derecho de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante el término, el uso y las condiciones de la concesión o asignación autorizadas por “la Autoridad del Agua”, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos. Dicha expedición será inscrita en el Registro Nacional del Agua.

La vigencia del título de concesión o asignación inicia a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado. Cuando el título de concesión provenga del otorgamiento de una prórroga, su vigencia iniciará el día siguiente al del vencimiento del plazo del título inmediato anterior.

Expone que las personas concesionarias también tendrán el derecho de solicitar a “la Autoridad del Agua” la reasignación de volúmenes, ajustándose a lo dispuesto por esta Ley. La concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales solo podrá extinguirse por muerte de la persona titular, salvo que se compruebe algún derecho sucesorio ante “la Autoridad del Agua”, en cuyo caso se emitirá un nuevo título de manera expedita conforme a las reglas de la reasignación de volúmenes.

Añade que la Conagua establecerá un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes de agua, el cual se conformará de los volúmenes: los provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en términos de lo previsto en el artículo 29 BIS 3 de la presente Ley; los que deriven de la cesión de volúmenes en favor de “la Autoridad del Agua”, en términos de lo previsto en el artículo 29 BIS 3, fracción VI, numeral 4 de este ordenamiento, y los vinculados a la preferencia de derechos en los casos previstos en el artículo 37 BIS 1 de esta Ley.

Subraya que los volúmenes ingresados al fondo de reserva de aguas nacionales no podrán considerarse en el cálculo de la disponibilidad. La operación, funcionamiento e integración del fondo de reserva de aguas nacionales se determinará en el reglamento de esta Ley.

Menciona que “La Autoridad del Agua” promoverá la implementación de sistemas de captación de agua pluvial para uso personal, doméstico y agropecuario familiar, mismos que se sujetarán a los términos previstos en la Ley General de Aguas y las disposiciones aplicables. Los sistemas y obras de captación de agua pluvial que tengan un uso distinto al mencionado en el párrafo anterior requerirán la autorización de “la Autoridad del Agua”.

Contempla un capítulo sobre el fomento al reúso de aguas residuales, el cual subraya que “la Autoridad del Agua” fomentará el reúso de las aguas residuales tratadas y no tratadas en los términos establecidos en esta Ley, bajo los principios de sustentabilidad, sostenibilidad, protección al ambiente y responsabilidad hídrica.

Además, el tratamiento de las aguas residuales y su reúso deberán cumplir con las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, las normas ambientales que correspondan, las condiciones particulares de descarga y las mejores prácticas internacionales en la materia.  “La Autoridad del Agua” propondrá las condiciones en las que se llevará a cabo el reúso de aguas residuales tratadas y no tratadas, en la normatividad que se expida para tales efectos.

Menciona que corresponde a “la Autoridad del Agua” realizar los actos de verificación e inspección para comprobar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el ordenamiento y de las que del mismo se deriven, pudiendo acceder a todo tipo de información, incluso a aquella con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones previstas en la Ley, debiendo mantener la reserva o confidencialidad; asimismo, podrá emplear el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio de estas funciones.

Cuando con motivo de los actos de verificación e inspección existan elementos que presuman la comisión de una infracción “la Autoridad del Agua” sustanciará el procedimiento administrativo sancionador de conformidad con lo señalado en el Reglamento de esta Ley y, en su caso, calificará la infracción mediante la resolución administrativa correspondiente en términos de la presente Ley.

Detalla que la resolución del procedimiento administrativo sancionador debe contener la descripción de los hechos y circunstancias que dieron lugar al procedimiento administrativo, las medidas que la persona infractora deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas, y las sanciones a que se haya hecho acreedora la persona infractora, y los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Puntualiza que la Autoridad del Agua» también sancionará el ceder, suministrar, intercambiar por pago en especie o proporcionar de cualquier otra forma a terceros, el agua para un uso distinto al cual fue concesionada en contravención de lo dispuesto en esta Ley; transmitir los títulos de concesión o los permisos, y cambiar el uso del agua para el cual fue concesionada en contravención de lo dispuesto en esta Ley.

Asimismo, se contempla la clausura temporal o definitiva, total o parcial cuando el infractor no haya cumplido con las medidas correctivas o de urgente aplicación en los plazos y condiciones impuestas por “la Autoridad del Agua”; la suspensión o revocación de las concesiones, asignaciones, permisos o autorizaciones correspondientes, según la gravedad de la falta.

Hace referencia que, en caso de reincidencia, la multa se incrementará hasta en una tercera parte de los montos previstos en este artículo, así como la revocación del título y la clausura definitiva. Se considera reincidente a la persona infractora que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, cuya sanción haya quedado firme.

Resalta que se perseguirán de oficio por el Ministerio Público de la Federación los delitos previstos. Quien dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de que fueron extraídas de manera ilegal, se le sancionará de la siguiente manera: cuando la cantidad sea menor a 50,000 litros se impondrá prisión de tres meses y multa de cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización, y cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50,000 litros se sancionará con prisión de seis meses y multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización.

Se impondrá pena de tres meses a cinco años de prisión y de doscientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales.

Quedan exceptuados de las sanciones las personas que realicen esta actividad para uso personal, doméstico y agropecuario familiar.

Se le impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de cuatrocientas a cuatro mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes por afinidad hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.

Se le impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de trescientas a tres mil Unidades de Medida y Actualización a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites.

Conjunto de 18 reservas complementan las 50 modificaciones al proyecto original de la presidenta: diputado Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario de Morena, al presentar un paquete de reservas al dictamen sobre la Ley de Aguas, destacó que son muy notables, y “atendimos a la gente, escuchamos a la gente de varios estados del país, de varios sectores, del norte, del sur, del Bajío, del centro”.

Las 18 reservas, precisó, vienen a complementar lo que se hizo hace unos días en 50 modificaciones al proyecto original de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que contiene dos conjuntos normativos: la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas.

Mencionó que, junto con los coordinadores del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores y del Partido Verde, diputado Carlos Puente Salas, han estado trabajando estas reservas en un contexto que “percibo que ha sido nutrida de bastante desinformación para los productores del campo, incluso para otros sectores de la población”.

Indicó que personalmente recibió a 22 grupos de 22 estados del país, pero que ha privado la desinformación e incluso ha provocado la movilización de sectores del campo sin justificación, “porque quizás ellos no tenían la información de lo que ahora estamos discutiendo”. 

El proceso legislativo –resaltó– todavía no concluye, concluye hasta que votemos en lo particular. Hemos votado en lo general. “Pero he visto, de verdad se los digo con honradez, bastante desinformación, incluso en varios legisladores y legisladoras que han llegado a atreverse a afirmar situaciones que no existen, que yo considero una especie de mito”. 

Aclaró que es falso el mito del Fondo de Reservas de Aguas Nacionales que se va a usar para quitar el agua a la gente, ya que el artículo 37 Bis establece que el fondo solo concentra tres tipos de volúmenes: los que se recuperan cuando un título se extingue, conforme a la ley, los que voluntariamente ceda el concesionario y los que correspondan a derechos preferentes en caso de compra-venta de predios sucesorios, fusiones y escisiones. 

“Ninguno de estos volúmenes se le arrebata a nadie y además no se consideran en la disponibilidad, lo que garantiza orden, control y transparencia. No hay despojo alguno”, agregó. 

Otro mito es “vas a sufrir el despojo de tu agua y solo te quedará la tierra. Totalmente falso”, ya que hay un binomio entre agua y tierra indisoluble y el dueño legítimo de una propiedad el ejidatario, comunero o sociedad puede heredar o puede transmitir sus derechos el agua y la tierra. “No hay ningún problema. Es falso que los propietarios o pequeños productores estén en riesgo con su tierra y con su agua, porque una tierra sin agua no vale nada”. 

El tercer mito –abundó– es “si tienes en tu pozo ganado que alimentas con agua del mismo se te va a quitar porque solo será para uso agrícola. Falso, no altera el uso del agua para fines agrícolas o fines pecuarios. Es totalmente falso que se ponga en riesgo algunas de estas actividades”.

Uno más es “no vas a poder heredar porque Conagua va a decidir. Falso, ya que Conagua solo tendrá veinte días de plazo para que expida el nuevo título en favor del legítimo dueño de la propiedad, el ejido, comunidad o sociedad anónima”. 

El diputado Monreal Ávila detalló que es totalmente falso “que la reasignación es un mecanismo para expropiar agua”, pues la reasignación definida con precisión en el artículo tercero simplemente permite que la actividad del agua disponga de los volúmenes del Fondo de Reserva que no forman parte de la disponibilidad para poder ser asignados o concesionados conforme a la ley. Es una figura administrativa, no es un instrumento de castigo ni menos de control político”.

Además, expuso, es mito “la retroactividad”, dado que no hay ningún efecto retroactivo a la ley. Cuando se inicia un proceso que en este momento esté pendiente se va a resolver hasta el final conforme la ley vigente y no conforme a la nueva ley que se está aprobando. “Están a salvo todos los trámites que tiene la Conagua para aplicarse la ley vigente en este momento. Aunque aprobemos la nueva ley, se va a aplicar la que está vigente”.

Mencionó que también es mito “se rompe el binomio tierra y agua”. En los artículos 49 y 37 se precisa que cuando una persona compra tierras agrícolas vinculadas a un título de concesión, se conserva el derecho al agua. La Autoridad del Agua expide simplemente un nuevo título. No discute si es o no con un volumen que ya está concedido en la concesión. 

Otro mito es “negativa ficta”. La negativa corre en contra de los productores. “Sí, es cierto, por eso la eliminamos. Eliminamos la negativa ficta que obligaba a los productores a que si en un plazo de dos meses no resolvía Conagua era una negativa para el productor o el concesionario.

Uno más “las zonas de libre alumbramiento”. Es el primer gobierno que se atreve y este es el parlamento que se atreve, por vez primera, a regularizar las zonas de libre alumbramiento cuyas concesiones son irregulares y se han prestado a muchísimas fallas de tipo jurídico.

El diputado Monreal precisó que hoy la Conagua tendrá un plazo para expedir reglas, normas y comenzar a regularizar todos aquellos pozos de libre alumbramiento que deben ser más de 40 mil, ubicados en el Bajío, en Chihuahua donde está la mayor parte de pozos, Zacatecas, Durango y muchos otros lugares como Coahuila. “Vamos a iniciar a darle seguridad jurídica a esas 40 mil sociedades que tienen pozos de libre alumbramiento”. 

Consideró que también es mito “se excluyó a las comunidades indígenas y afromexicanas. Falso”, ya que se recogió y ratificó el derecho de las comunidades indígenas y pueblos originarios y afromexicanos. Por vez primera, la Comisión Nacional del Agua reconocerá los derechos históricos de las comunidades indígenas y afromexicanas en un registro público del agua”.

Puntualizó que, de igual forma, es mito “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”. Añadió que tienen razón quienes critican esta disposición, porque dicen que es un engaño y una contradicción con el contenido del artículo 37 de la ley, “porque si no se aclara, entonces en un artículo dice que no serán objeto de transmisión nada y, en ese sentido, tiene razón”. 

Por eso –dijo– la propuesta de los tres grupos parlamentarios es lo siguiente: “Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión, escisión de sociedades civiles o mercantiles y derechos sucesorios se reasignarán conforme al artículo 37 Bis1 que establece las reglas generales de la sucesión y de la libertad de heredar a los propietarios o a sus sucesores”.

Externó: “Ojalá y nos acompañen en la votación; son reservas que benefician, que aclaran, que precisan. Es un gran trabajo el que ha hecho la Comisión” 

–ooOoo–

Diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios argumentan a favor y en contra del dictamen sobre la Ley de Aguas

Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron posturas a favor y en contra del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales

Primera ronda

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) consideró que es una ley rígida, sospechosa y hostil que carece de presupuesto, pero tiene control político, recorta derechos, debilita al productor, asfixia a la industria, rompe con la certeza jurídica, convierte el agua en la monera de control político, no contribuye a la política hídrica y no moderniza nada sino centraliza. 

Enseguida, la diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena) expuso que hoy se garantiza el derecho humano al agua, se fortalece la rectoría del Estado sobre un recurso vital y se adecua el ordenamiento a la realidad hídrica, social, económica y ambiental, al tiempo que se corrige un rezago histórico que ha limitado la capacidad institucional del Estado para asegurar que el agua llegue a quien lo necesita.  

De MC, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) llamó a tener justicia hídrica para millones de mexicanas y mexicanos, pues 20 millones de personas no tienen agua, el uno por ciento de la población que usa agua acapara el 22 por ciento y una de cada cinco escuelas carece de la misma. “Hoy se pretende hacer un botín político, en lugar de una ley profunda que resuelva problemas”.

Para la diputada Azucena Huerta Romero (PVEM) es falso que el dictamen pretenda privatizar el agua de lluvia; por el contrario, promueve su aprovechamiento responsable para fortalecer la seguridad hídrica, regula los usos distintos a los personales, domésticos o agropecuarios familiares para no afectar el ciclo hidrológico, protege la recarga natural de los cuerpos y evita impactos ambientales.

A su vez, la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI) indicó que es una ley que elimina el régimen de transmisiones de derechos, crea procesos de reasignación que funcionarán bajo una total discrecionalidad, reduce plazos de prórroga, obliga al productor a reportar la producción obtenida, incorpora delitos penales y perjudica al sector que produce los alimentos. 

El diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez (PT) mencionó que el binomio tierra-agua es un hecho real y está en la ley derivado de los foros que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Con el documento, se defiende el agua de todas y todos y, en cuanto a los pueblos originarios, ellos están visibilizados. “Hoy vamos a votar esta reforma a favor”.  

Theodoros Kalionchiz De la Fuente, diputado del PAN, manifestó que las reformas afectarán a millones de campesinos en el país en todos los sentidos, porque no garantiza el acceso del vital líquido a nadie. No hay presupuesto, infraestructura, ni metas técnicas; “lo único que garantiza es que la Federación decidirá si da agua, cuánta y por cuánto tiempo”. 

En su turno, el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) comentó que se mantiene la facultad de los Organismos de Cuenca de expedir títulos de concesiones y para resolver los trámites relacionados con la regulación y autorización de la reasignación de volúmenes de agua, y decidir sobre la prórroga se considerará la responsabilidad hídrica y el cumplimiento de obligaciones fiscales.  

Para el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI) el dictamen no cumple el mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua; por el contrario, destruye derechos adquiridos, vulnera la seguridad jurídica del sector productivo, y limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa.  

Jesús Martín Cuanalo Araujo, diputado del PVEM, urgió a adecuar el marco legal y con la reforma se reconoce como un bien público al agua, da prioridad al consumo humano y a la producción agroalimentaria; busca aprovechar el vital líquido como un principio de sostenibilidad, garantiza la disponibilidad y termina con la sobreexplotación de los mantos acuíferos.  

Del PAN, la diputada Carmen Rocío González Alonso señaló que se perjudica el patrimonio, los derechos y la certeza jurídica de los productores, agricultores y ganaderos; debilita la soberanía alimentaria, fortalece el centralismo, se aleja de la verdadera gobernanza, considera ambigüedad y falta de claridad en la transmisión de derechos. 
 
Gabriel García Hernández, diputado de Morena, aseveró que hoy se reconocen los más de 80 mil sistemas comunitarios de agua y se contempla el derecho inalienable de los pueblos indígenas. “Ya está vinculado y consagrado en esta ley el artículo segundo constitucional y están reconocidos los sistemas comunitarios, y la unidad agropecuaria familiar”.

Segunda ronda

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) externó que no es una ley de aguas sino de control, y bajo el pretexto de garantizar agua para todos busca concentrar el poder sobre cada pozo y presa. El agua dejará de ser un derecho y se convertirá en un permiso del gobierno. “No es justicia hídrica sino sometimiento. El campesino se convierte en sospechoso”. 

En opinión del diputado Juan Hugo De la Rosa García (Morena) con este dictamen se termina la corrupción en el manejo del agua y se inicia un modelo que recupera la rectoría de la nación en la gestión y administración como un elemento esencial de la vida; protege los derechos de los productores y prioriza el acceso humano al agua y el uso agrícola.

Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, precisó que el país necesita una ley moderna, aterrizada, que responda a la realidad hídrica. “Hubo 54 correcciones que no fueron consultadas con quienes integramos la Comisión, y eso no ayuda a construir confianza en un dictamen de esa importancia. Nosotros presentamos una iniciativa en favor del agua y del medio ambiente, pero no se tomó en cuenta”.

Del PVEM, el diputado José Luis Fernández Martínez estimó que una de las grandes virtudes de la ley es que describe con puntualidad los diferentes órdenes de gobierno y cuál es el orden de despacho: los seres humanos, uso agrícola-agropecuario, industrial y esparcimiento. “Este dictamen sienta las bases de una correcta gestión del agua, ya que se tiene una norma agotada y rebasada”. 

El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI) enfatizó que con esta ley se convierte a los agricultores en delincuentes al no tener un medidor que Conagua debe colocar; se debe proteger al campesino y al pequeño productor, reconocer derechos adquiridos, concesiones, herencias y usos históricos, así como no usar el derecho humano al agua como excusa para despojar a los productores.

En tanto, José Gloria López, diputado del PT, afirmó que el dictamen ayuda a controlar y regular las concesiones y los derechos del agua; sienta las bases para regularizar y neutralizar el mal manejo del vital líquido, y el binomio tierra-agua está plenamente respetado, ya que las concesiones van de la mano. “Ya era tiempo que hubiera una ley con esta que satisface lo que los productores esperaban”.  

El diputado José Mario Iñiguez Franco (PAN) dijo que esta ley pretende centralizar absolutamente todo, “arrebatando facultades, ahorcando a los productores, criminalizándolos, dejando al campo mexicano a merced de los caprichos del poder. Esta norma es un retroceso, una amenaza y es prácticamente el tiro de gracia para el campo mexicano”.  

Por su parte, Felicita Pompa Robles, diputada de Morena, consideró que el Poder Legislativo está para analizar todas las propuestas al marco jurídico y haber hecho cambios a la iniciativa demuestra que hace su trabajo, escucha a la gente y legisla con conciencia. “Ahora, el agua vuelve a ser lo que siempre debió ser: un derecho humano, un bien de la nación y no botín político ni económico para los demás”. 

La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) hizo notar que la reforma no garantiza el derecho al agua potable ni prevé el mínimo vital. La Ley General de Aguas no presenta una sola modificación, sigue en incertidumbre la falta de certeza en las concesiones y la discrecionalidad y el enfoque de fiscalización para perjudicar a los más necesitados.   

Del PVEM, el diputado Ricardo Madrid Pérez opinó que no se garantiza una gestión basada en equidad, sustentabilidad y justicia. Establece con claridad que el agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional, esencial para la vida, la producción de alimentos y el desarrollo. Es un derecho humano, no un privilegio. Los títulos de concesiones actuales están garantizados. 

El diputado del PAN, Víctor Manuel Pérez Díaz, dijo que el punto más conflictivo es que prohíbe la transmisión entre particulares; ya no podrán venderse, heredarse, ni utilizarse como garantía. Toda concesión deberá regresar al Estado para que Conagua la reasigne, y para miles de productores “es una forma de expropiación indirecta porque sin derecho al agua la tierra pierde valor”.  

La diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno (Morena) indicó que la reforma es un acto de justicia para el pueblo de México. En la ley se hace énfasis en el saneamiento del agua de manera obligatoria, hay un catálogo de delitos que tiene la finalidad de formar una cultura de respeto al líquido y endurece las sanciones si hay reincidencia en delitos y si se huachicolea el agua.

Tercera ronda

El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, externó que si bien es cierto que el dictamen realiza importantes modificaciones que contribuyen a aligerar las cargas y prohibiciones relacionadas en materia de agua, aún se mantienen aspectos críticos, como transmitir los derechos amparados a las concesiones y asignaciones y conserva la facultad del Ejecutivo para reasignar volúmenes. 

La diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) dio a conocer que con el dictamen queda establecido que el agua es del barrio, no del trato indebido, por lo que el abuso queda prohibido y se le devuelve al pueblo de México la dignidad que se le arrebató, ya que se había convertido en un negocio privado y en acaparamiento. 

Jorge Alfredo Lozoya Santillán, diputado de MC, llamó a no traicionar al pueblo, a la gente y a los productores del campo votando esta ley hecha al vapor, y recordó que su grupo parlamentario planteó correcciones basadas en la realidad del país, “pero no han sido tomadas en cuenta y se busca darle todo el poder a Conagua y sin presupuesto”.   

Por el PVEM, el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas subrayó que hoy se avanza en el mandato constitucional de garantizar que el agua deje de verse como una mercancía y sea reconocida plenamente como un derecho humano. “La reforma recupera la rectora del Estado en el uso del recurso y establece el principio de primero el consumo humano y la seguridad alimentaria”.   

El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) lamentó que en el dictamen queda intacta la prohibición de transmitir concesiones, incluso cuando la tierra se hereda, vende o renta, y “ahí está el golpe y la trampa para los productores, agricultores y los ejidatarios. Eso rompe la unidad histórica del campo: tierra y agua juntas. Es un despojo silencioso”. 

A su vez, el diputado José Luis Téllez Marín (PT) indicó que el dictamen es un paso histórico para recuperar la rectoría del Estado sobre el agua, cumplir con el mandato constitucional ignorado por más de una década y para romper con el modelo privatizador que convirtió un derecho humano en un negocio para unos cuantos. “El agua es un derecho humano, no un privilegio ni una mercancía”. 

Por el PAN, la diputada Samantha Margarita Garza de la Garza señaló que con esta ley producir podría convertirse en un delito, ya que el agricultor sería encarcelado por abrir un pozo en su propio terreno, incluso si lo hace para consumo familiar o por necesidad. “Endurecer sanciones no resuelve una crisis hídrica, la profundiza. La norma criminaliza a la gente en lugar de acompañarla”. 

Claudia García Hernández, diputada de Morena, apuntó que la reforma mandata una serie de principios y directrices que tendrán que desarrollar las legislaturas y observar los gobiernos locales para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Se implementa una serie mecanismo jurídicos que impedirán sobreconcesiones y acaparamiento.  

Del PRI, el diputado Emilio Lara Calderón anunció que su grupo parlamentario va en contra del dictamen porque “esta legislación es una ocurrencia”. Se busca darle más trámites a la Conagua cuando esta dependencia de 2024 a 2025 sufrió una reducción del presupuesto de más del 40 por ciento y en 2026 sufrirá un recorte de mil millones de pesos. 

El diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM) enfatizó que se pone como prioridad al campo y al patrimonio de los productores. Cuando se obtengan nuevos volúmenes de agua, las prioridades son muy claras: derecho humano al agua y seguridad alimentaria. Con esta ley “le cumplimos al campo mexicano, estamos haciendo lo correcto”, y se garantiza el agua a los productores.  

Mientras que el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) subrayó que la reforma acabará con el campo, los campesinos, ganaderos y productores. “Se sabe que los campesinos hoy están siendo controlados y extorsionados por el crimen, y no se hace absolutamente nada. Se traiciona al pueblo porque no se cumple con el deber de protegerlos y garantizarles el derecho a producir y al agua”. 

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (Morena) sostuvo que el dictamen representa un cambio de paradigma y es el tránsito de un modelo centrado en la explotación económica del recurso a un modelo basado en derechos humanos, sustentabilidad ambiental y justicia social. El núcleo de la propuesta se construye en la constitucionalidad efectiva del derecho humano al agua y la reorientación de la política hídrica.

(Cámara de Diputados)