Rosy RAMALES
La paridad en las gubernaturas se dio por primera vez en las elecciones del 2021, por mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la omisión del Congreso de la Unión y de los congresos locales de legislar al respecto en cumplimiento al principio constitucional de la “paridad en todo” establecido en 2019.
Previo al 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo sobre criterios generales para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas, acuerdo que revocó dicha Sala al resolver la impugnación de algunos partidos políticos alérgicos al referido principio.
Y estuvo sui géneris. Porque la Sala Superior revocó el acuerdo, pero vinculó a los partidos políticos nacionales a hacer efectiva la paridad inmediatamente en ese proceso electoral 2020-2021, y vinculó al Congreso de la Unión y a los congresos locales “a regular la paridad en gubernaturas antes” del inicio del proceso electivo siguiente.
Pero como dice la vox populi: El mandato jurisdiccional les “entró por un oído y les salió por el otro”. Hasta la fecha, ni el Congreso de la Unión ha cumplido, ni la mayoría de los congresos locales. A finales de 2023, sólo cinco entidades federativas habían legislado la paridad en gubernaturas: Puebla, Hidalgo, Estado de México, Jalisco y Yucatán.
¿Y el Congreso de la Unión? Bien, gracias. Ni porque sus cámaras (diputados y senadores) se integran paritariamente. Al fin que el INE y la Sala Superior del TEPJF (vía lineamientos, acuerdos y sentencias) terminan marcando en cuántas gubernaturas postulan mujeres y en cuántas hombres, y ya los partidos políticos deciden en cuáles entidades del total.
Todo el embrollo (o casi todo) se terminaría si el Congreso de la Unión legisla el tema.
Y ya viene la renovación de 17 gubernaturas en las elecciones del 2027, pero ahora, además, con otro problema a resolver: La alternancia de género. Tampoco ha legislado al respecto ni el Congreso de la Unión, ni la mayoría de las entidades federativas.
Bueno, los congresos de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León andan de cumplidores; impulsan reformas para que en elecciones 2027 únicamente se registren candidaturas de mujeres a la gubernatura de tales entidades; medida conocida como “Ley Esposa” pues se presume que buscan beneficiar a Ruth González Silva y Mariana Rodríguez, esposas de los gobernadores Ricardo Gallardo (PVEM) y Samuel García (MC), respectivamente.
Y si la referida ley prospera, sería un precedente para que en otras entidades también legislen de manera similar, no solo para beneficiar a la esposa del gobernador de que se trate, sino también a las hijas, hermanas, sobrinas; incluso, ‘detalles’.
Lástima que en aras de la paridad de género, y ahora de la alternancia de género (que ya alcanzó a los partidos), los machirrines quieran salir beneficiados.
En fin.
Y ALCALDE ¿QUÉ VA A IMPUGNAR?
Habría que conocer exactamente el texto de la reforma electoral de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, para tener una idea de lo impugnable.
Hasta donde se ha ventilado públicamente, la reforma va en el sentido de establecer que para el próximo proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes “únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres” para la gubernatura del estado, y en los procesos siguientes la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género.
Aquí cabe preguntar: ¿Qué va a impugnar Morena? Su presidenta nacional, Luis María Alcalde, advirtió en presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Empero, parece que la norma es general; es decir, no ordena de manera expresa la postulación de la esposa del gobernador de la entidad de que se trate. Y toda la ciudadanía tiene derechos político electorales, con las restricciones que la misma ley establezca.
A la Corte sólo le toca revisar si la reforma no es contraria a las disposiciones de la Constitución Federal, y punto.
EL REMEDIO
El remedio a la pretensión de dejar a la esposa en la gubernatura (o al menos de postularla), puede tener remedio en la reforma electoral que confecciona la Comisión Presidencial que preside Pablo Gómez.
¿Cómo? Adelantando la aplicación de la llamada normatividad “contra el nepotismo electoral”, que ya no sea hasta el 2030, sino de manera inmediata en el 2027. Quizá también estableciendo otros requisitos de elegibilidad, más rigurosos, para ser titular de una gubernatura.
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