Rosy RAMALES
Tras 76 años de operar con un marco legal obsoleto, el Gobierno de Oaxaca ha modernizado la Ley de Expropiación del Estado, eliminando las lagunas normativas que permitían interpretaciones arbitrarias, informó el Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, quien subrayó que la nueva normatividad no solo protege el derecho a la propiedad privada, sino que otorga certeza jurídica a la ciudadanía.
Vásquez Sagrero fue enfático al señalar que la ley de 1950 no estaba actualizada para la realidad administrativa del estado. Con la nueva normativa, se establece un catálogo puntual de 15 supuestos de utilidad pública, evitando que el Estado actúe bajo criterios ambiguos.
«La ley anterior se prestaba a muchas posibilidades porque no tenía claridad. Hoy, el artículo primero detalla qué es utilidad pública: desde la construcción de hospitales y escuelas hasta la conservación de monumentos arqueológicos y zonas de belleza panorámica», explicó el funcionario durante la conferencia matutina de este lunes del gobernador Salomón Jara Cruz.
Al abordar las críticas que aseguran que el Gobierno «quitará casas» a los particulares, el Consejero Jurídico ironizó sobre la escala de las obras públicas actuales. Señaló que los proyectos estratégicos, como el Parque Primavera (de casi 12 hectáreas) o la Ciudad Salud, requieren polígonos de tierra que superan por mucho cualquier propiedad privada estándar.
En ese tenor, ironizó: «Decir que te van a quitar tu casa demuestra una ignorancia supina. Un parque o un hospital no caben en un terreno de 10 por 20 metros». Y consideró que el «nerviosismo» de algunos actores políticos podría deberse a otros motivos:
«Encuentro nervio en algunos actores políticos. No sé si es que sus papeles no estén bien y piensen que se va a ir sobre ellos, pero la realidad es muy distinta. Esta ley busca dar orden y certeza, no abusar de la figura».
Entre los avances más destacados de la nueva ley, el Consejero Jurídico resaltó tres innovaciones de la nueva Ley:
- Reducción de plazos para pago: La ley anterior permitía un plazo de hasta 10 años para indemnizar a un propietario; la nueva ley reduce este periodo a 5 años.
- Justicia Administrativa: Se actualiza el proceso para que las controversias se resuelvan en el Tribunal de Justicia Administrativa, y no en juzgados civiles como se hacía en el siglo pasado, garantizando un juicio especializado.
- Garantía de Audiencia: Se establecen plazos claros para que cualquier persona inconforme con el avalúo o la indemnización pueda defenderse legalmente, incluyendo el recurso al juicio de amparo.
Vásquez Sagrero aclaró que, aunque los Ayuntamientos y órganos autónomos pueden solicitar una expropiación, la facultad exclusiva de ejecutarla permanece en el Ejecutivo Estatal, desmintiendo así versiones que sugerían que los municipios podrían expropiar bienes de manera unilateral.
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