Es urgente el esclarecimiento del asesinato; dejar este caso en la sombra solo enrarecerá más el clima social y político de Oaxaca.
Y no se extinguirá el clima de estigmatización contra la prensa; incluso, hay un entorno digital enrarecido donde proliferan cuentas de acoso y odio en contra de comunicadores.
Rosy RAMALES
Hasta ahora se desconoce el móvil del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Ya lo revelará en su momento la autoridad ministerial conforme a su investigación. Pero si el móvil fue despedazar social y políticamente al gobernador Salomón Jara Cruz, dio en el blanco.
¿O puede un gobernador mandar a matar un periodista a sabiendas que está de por medio la propia estabilidad de su gobierno? Y algo que le duele más a la clase política: Su imagen.
Porque aquí en la entidad, en el país y en el mundo entero, la percepción es que se trata de un crimen de Estado; que silenciaron una voz crítica que cuestionaba y denunciaba acciones u omisiones de la Cuarta Transformación, en particular del gobierno de Salomón Jara y su gabinete.
Hay quienes consideran que un gobierno sí es capaz de ordenar un homicidio de esta magnitud, sin importar el riesgo.
Y hay quienes opinan lo contrario: Que sería una acción suicida y que tal vez alguien aprovechó el momento para asesinar a Alejandro Leyva y culpar directamente al gobierno, valiéndose del discurso de descalificación del mandatario y de las denuncias previas de amenazas hechas por el periodista
Un momento oportuno como el actual, en plena celebración de la Guelaguetza, cuya amplia cobertura mediática local, nacional e internacional, garantiza un golpe certero al gobierno de Jara. El crimen eclipsó y enlutó la festividad oaxaqueña.
El mandatario tiene tantos enemigos no solo al exterior, sino en el propio “Movimiento”. Y si a esto se le suma que su sexenio ya entró a la recta final rumbo a la sucesión de 2028, cuyo proceso prácticamente se traslapa con la contienda 2026-2027, pues quizá no falte quien pretenda acelerar su salida.
Entonces, alguien pudo haber encontrado el blanco en Alejandro Leyva.
O quizá la causa del crimen fue algún señalamiento en su columna “El Zumbido del Moscardón”, que incomodó a poderosos locales o federales.
Y por eso la imagen es de un crimen de Estado, máxime en el contexto enmarcado en la descalificación verbal del mandatario contra voces críticas, tanto en el periodismo como en el entorno digital donde, por cierto, pululan los troll con deseos adversos tanto a Jara como a los periodistas.
Ayer mismo en la Red X, la cuenta COMANDO LOX escribió: “Ahora sigue Pedro Matías jajaja acaben con todos los pinches periodistas de mierda que hay en este estado”.
¿Qué es eso?
Es aquí, en este contexto donde la política de comunicación parece cruzarse con hechos tan lamentables como el asesinato de Alejandro Leyva, porque la descalificación verbal desde la tribuna de las conferencias mañaneras genera un terreno fértil para que terceros (externos o internos) agredan y atenten contra la vida de periodistas, con o sin la intención de culpar al gobierno.
Y no ha sido culpa de la persona en la titularidad de la Coordinación de Comunicación Social, porque se trata de una política federal instaurada por Andrés Manuel López Obrador; y segundo, porque la coordinación se limita a cumplir ordenes, sin tener siquiera intervención verbal durante las mañaneras.
El gobernador (de cualquier entidad) no tiene por qué seguir a pie juntillas la estrategia de la denostación para hacer aclaraciones. Para eso existe el derecho de réplica, que periodistas y comunicadores tienen el deber de acatar.
Esa política de denostación, de confrontación, pone en riesgo la estabilidad del propio gobernador, como ahora. Al mismo tiempo expone al periodista denostado y a los comunicadores que cubren las conferencias matutinas, quienes de entrada se arriesgan a ser estigmatizados hasta por sus mismos colegas que no van, pero usan las respuestas obtenidas allí para hacer sus notas.
Es toda una cadena confrontación.
En fin.
ESCLARECIMIENTO Y JUSTICIA.
Es urgente el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Leyva. La autoridad ministerial debe dar con los autores materiales e intelectuales a la brevedad posible mediante una investigación creíble que revele el verdadero móvil del crimen.
Y no para salvar a un gobierno, sino para hacer justicia. Aunque nada le devolverá la vida a Alejandro, pero la impunidad no debe ser el mensaje.
Dejar este caso en la sombra solo enrarecerá más el clima social y político de Oaxaca, exponiendo aún más a las y los periodistas.
Y no se extinguirá el clima de estigmatización que desde el gobierno se fomenta contra la prensa crítica; incluso, hay un entorno digital enrarecido donde proliferan cuentas de acoso y odio en contra de comunicadores en general.
Tantas veces se ha dicho que sin libertad de expresión no hay democracia, pues que no quede en discurso.
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