Rosy RAMALES
En el contexto del altercado entre Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla del PRI, y Arturo Ávila Anaya de Morena, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo:
“Se necesita prestigiar la política; (ésta) “se hace hablando, dialogando, incluso cuando puedes estar en total desacuerdo con otra persona.”
Tiene toda la razón.
La política no se ejerce a empujones, jaloneos, insultos, tal como lo protagonizaron ambos diputados en el patio del Senado de la República, donde retador el priista no bajó de “narco” al morenista, y éste algo más sereno contestaba con un “no me toques” hasta que explotó tildándolo de “porro de Alito” y “corrupto”.
Que si el morenista se hubiese encabritado, se hubiera armado una función de box a quince rounds como en la saga cinematográfica de Rocky Balboa contra Apollo Creed.
Con la diferencia de que en el caso de legisladores no habría sido una pelea estelar, sino un agarrón de barriada. Del debate parlamentario pasaron al pleito callejero.
Qué bochornoso, triste y degradante para la “Honorable” Cámara de Diputados, donde la tribuna es el espacio institucional por excelencia destinado a la exposición de ideas y confrontación de posturas políticas, además para argumentar a favor o en contra de iniciativas de ley, reformas y dictámenes.
Lamentablemente, también la tribuna se ha convertido en un ring de descalificaciones y en un tendedero de acusaciones mutuas de “narcos” y “corruptos”. La pluralidad y la deliberación se han limitado a la defensa de siglas partidistas y figuras políticas, dejando de lado a las y los ciudadanos que dicen representar.
La tribuna parlamentaria ha perdido su esencia y la Cámara de Diputados va dejando de ser «Honorable».
En fin, el altercado entre ambos diputados parece una consecuencia del clima político existente en el país. Es como lo dijo Kenia López Rabadán: “Es un reflejo de una división que ya debemos parar…quizá ya es momento de detener esta polarización, que…en muchas ocasiones fue originada o fomentada, incluso, desde los micrófonos de poder”.
Es más, no solo desde los micrófonos de las conferencias matutinas presidenciales, sino también desde los micrófonos de cada uno de los partidos, aunque en distintos tonos e intensidades.
Incluso, el altercado puede ser algo sintomático de la violencia en el proceso electoral que está a punto de empezar, así como la puntilla para terminar de desencantar a un electorado acorralado entre la narrativa de votar por un “narco” o por un “corrupto”.
¿Esa será la oferta electoral? ¿Elegir entre el crimen y la corrupción?
Qué preocupante.
LO QUE DICEN EN EL INE
En sendas entrevistas radiofónicas, algunas consejeras y algunos consejeros del Consejo General del INE han expresado inquietudes y verdades como las siguientes.
Por ejemplo, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona explicó que “la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas funcionará como un mecanismo para concentrar las solicitudes de revisión que presenten los partidos políticos sobre sus aspirantes. Que el INE solicitará información a las autoridades competentes, la recibirá de manera confidencial y la remitirá a los partidos, quienes serán los responsables de decidir, bajo su propio criterio, las postulaciones correspondientes.”
Entonces, ¿servirá de algo haber creado esa Comisión? Pues donde no sea solo para sistematizar información y puentear, no servirá para nada más, mucho menos para desautorizar candidaturas y postulaciones.
En tanto el consejero Arturo Castillo Loza, en cuanto a los actos políticos anticipados, insistió en la “necesidad de alcanzar acuerdos en el Consejo General del INE para emitir lineamientos que permitan regular y fiscalizar estas actividades antes del inicio del proceso electoral. (Y) que…una regulación aprobada posteriormente no podría aplicarse de manera retroactiva, por lo que gran parte de las actividades realizadas durante los meses previos quedarían fuera de fiscalización”.
Ups. Parece que así será. A la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala no se le ven ganas de ponerle un hasta aquí a los actos anticipados en los procesos políticos partidistas, a pesar de la facultad reglamentaria del INE reconocida por el Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir lineamientos ante esos procesos.
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