Rosy RAMALES
Oaxaqueños, en sus marcas, listos… El Congreso del Estado ayer dio el banderazo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para emitir la convocatoria para renovar las diputaciones locales y las concejalías de los ayuntamientos de régimen de partidos políticos. La mayoría de los municipios de Sistemas Normativos Indígenas también renovarán autoridad.
Tras el banderazo legislativo, ahora corresponde al IEEPCO emitir la convocatoria, lo cual hará en la sesión que celebre en la primera semana de septiembre tal como lo ordena la normatividad. Y ya se tiene fecha: Será el lunes 7, día en que arrancará formalmente el Proceso Electoral Ordinario local 2026-2027.
En dicha sesión, se prevé que el Consejo General del Instituto apruebe el calendario electoral, el plan operativo anual, y quizá la convocatoria dirigida a observadores electorales, entre otros documentos relacionados con el proceso electivo.
No obstante de que la autoridad electoral prepara el toque de salida, la realidad política marcha a un ritmo distinto, pues la mayoría de los partidos políticos y aspirantes a los cargos de elección popular han tomado ventaja; los primeros desplegando desde hace meses proselitismo disfrazado de procesos políticos, y los segundos, montados en actividades institucionales.
Aunque, a decir verdad, las fuerzas políticas no incurren en desacato sancionable, pues en ocasión de la selección de coordinaciones nacionales rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que estas dinámicas internas no violaban la normatividad electoral porque se trataban de procesos políticos a los cuales tenían derecho los partidos.
Y de ahí, p’al real. A partir de ese precedente, la clase política institucionalizó este esquema donde las reglas y tiempos formales van a la zaga.
Sin embargo, las personas aspirantes a cargos de elección popular sí se colocan en el riesgo de incurrir en actos anticipados de campaña y en promoción personalizada, máxime (en este caso) si son servidores públicos, porque pueden caer en violaciones al artículo 134 de la Constitución Política.
Ya vendrá la lluvia de quejas y denuncias ante el IEEPCO, el cual, por cierto, en la primera sesión de arranque del proceso electivo debería emitir las reglas actualizadas sobre actos anticipados, promoción personalizada y sobre todo tipo de conducta que rompan la equidad de la contienda y demás principios. Si ya las tiene, pues entonces que las difunda ampliamente.
Vaya, el árbitro debe hacer valer su autoridad desde el primer minuto del arranque del proceso electoral. ¿O no? Cosa que abonaría a la credibilidad del IEEPCO.
DEBATE PARLAMENTARIO
Durante la sesión de ayer del Congreso del Estado, cuatro diputadas fijaron postura respecto a retos de cara a las elecciones del 2027, cuyo proceso, como ya se dijo, iniciará en la primera semana de septiembre (ya en unos días más).
La diputada Concepción Rueda, quien se ha caracterizado como defensora de los derechos político electorales de las mujeres y sectores vulnerables, hizo énfasis en pedir al IEEPCO blindar las candidaturas de violentadores y usurpadores.
Urgió que el Instituto garantice que ningún perfil con antecedentes de violencia de género o sancionado como violentador pueda acceder a una candidatura; además respeto a las acciones afirmativas destinadas a mujeres, indígenas, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ+.
Casi en el mismo sentido se pronunciaron las diputadas Dennis Gutiérrez y Daniela Taurino.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Sin embargo, la responsabilidad no recae de forma exclusiva en el órgano electoral. El primer filtro son los propios partidos políticos, que son los que colocan a sus cuates y cuotas en candidaturas que legítimamente corresponden a sectores vulnerables y son los que postulan a violentadores.
En el proceso local anterior se consumaron usurpaciones. Hubo aspirantes que se beneficiaron de acciones afirmativas para personas indígenas y para personas con discapacidad, sin pertenecer a dichos sectores. Compraron actas de asambleas comunitarias o certificados médicos.
Y ahí están, ocupando una curul en la actual Legislatura.
Y el IEEPCO no transparentó la documentación mediante la cual acreditaron pertenecer a sectores vulnerables.
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