El llamado de la LXVI Legislatura busca vigilar precios de útiles, uniformes y calzado en las ocho regiones del estado, para evitar abusos y proteger el ingreso de las familias oaxaqueñas
La LXVI Legislatura del Congreso del Estado exhortó a la Delegación en Oaxaca de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a intensificar los operativos de verificación y vigilancia en establecimientos dedicados a la venta de útiles escolares, uniformes, calzado y mochilas durante la actual temporada de regreso a clases.
De igual forma, el acuerdo parlamentario encomienda a la autoridad federal velar por el respeto a los precios exhibidos, promociones y ofertas, así como fortalecer la orientación y atención a la ciudadanía mediante la difusión de los canales de denuncia y el seguimiento oportuno de las quejas.
El dictamen de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, aprobado en Sesión Ordinaria, a partir de la propuesta presentada por el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta la necesidad de extender las acciones de la Profeco más allá de la capital oaxaqueña. La medida busca que la vigilancia se extienda con la misma intensidad a las distintas regiones de la entidad, con especial énfasis en los municipios de alta y muy alta marginación.
Durante el análisis, el órgano legislativo subrayó que los gastos del ciclo escolar representan un esfuerzo económico extraordinario para los hogares oaxaqueños, en particular ante los incrementos registrados en insumos básicos para la educación. Por tal motivo, se considera pertinente y oportuno exhortar a dicha dependencia con el propósito de prevenir y detectar prácticas comerciales que contravengan las disposiciones de la legislación en materia de protección al consumidor.
Asimismo, la medida se sustenta en el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que indica qué ente gubernamental tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
(Congreso)
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