CALEIDOSCOPIO: México frente a Trump 

Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ

Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de su retórica de seguridad nacional. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, afirmó que México es “el epicentro” de la violencia de los cárteles en América Latina, que el gobierno mexicano ha permitido que esas organizaciones controlen gran parte del territorio y advirtió que, si México no actúa, Estados Unidos tendrá que hacerlo. 

Una vez más la amenaza, deliberadamente ambigua, quizá lo más preocupante de todo, porque cuando una potencia militar anuncia que “se verá obligada” a intervenir, pero evita explicar cómo, el vacío de información se convierte en una herramienta de presión permanente como ha sido desde la llegada de Trump, al poder en Estados Unidos.

La Casa Blanca ha construido desde enero una narrativa consistente. Trump ordenó designar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras. Acusó a México de no hacer lo suficiente para contener a los grupos criminales y denunció una supuesta alianza intolerable entre organizaciones delictivas y autoridades mexicanas. 

Trump puede llamar a los cárteles “el ISIS del hemisferio occidental”. Puede insistir en sus propios éxitos “sin precedente”. Pero los problemas de seguridad no desaparecen porque un presidente los describa con frases contundentes.

Sin duda, México tiene un problema gravísimo de violencia, corrupción, impunidad y penetración territorial del crimen organizado. Negarlo sería absurdo. En 2021, el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, declaró que entre el 30 y el 35% del territorio mexicano estaba bajo el control de organizaciones criminales.

También, el exembajador de EE.UU. en México, Christopher Landau, afirmó que el crimen organizado opera como un gobierno paralelo en varias zonas del país donde la vida parece normal, pero los grupos delictivos tienen el poder real. Ni cómo negarlo, basta mirar lo que padece Sinaloa desde hace 2 años y la crisis permanente en Guerrero donde los delincuentes tienen una base social importante, como lo reconoció la presidenta Sheinbaum. 

De modo que, México, no puede eludir esta realidad detrás de la soberanía. Defender el territorio nacional no significa negar la violencia que sufren millones de mexicanos. La soberanía no puede convertirse en una coartada para la impunidad. Si existen regiones donde el Estado es incapaz de proteger a ciudadanos frente a grupos criminales, el problema es real y exige resultados, no discursos

Hay regiones donde las organizaciones criminales ejercen una influencia brutal; hay comunidades sometidas a extorsión, desplazamiento y amenazas; hay autoridades locales infiltradas o asesinadas. El Estado mexicano ha dejado de existir la población está bajo control criminal.

Sin embargo, Estados Unidos, no puede tirar la piedra y esconder la mano. Las drogas que generan enormes mercados en Estados Unidos no aparecen mágicamente al otro lado de la frontera. Ahí también hay cárteles que atienden la demanda estadounidense, gigantesca, flujos financieros transnacionales y tráfico de armas hacia México.

Por eso, la frase de Trump sobre que Estados Unidos podría verse “obligado” a actuar merece algo más que indignación automática. Merece una pregunta concreta: ¿a qué se refiere exactamente?

¿Sanciones? ¿Operaciones de inteligencia? ¿Acciones financieras contra los cárteles? ¿Mayor cooperación policial? ¿Operaciones unilaterales? ¿Uso de la fuerza dentro de territorio mexicano?

Así las cosas, si Washington exige que México “retome el control” de su territorio, México tiene todo el derecho de exigir que Estados Unidos controle el flujo de armas y el dinero que alimenta a las organizaciones criminales. La cooperación no puede convertirse en una relación en la que un país dicta obligaciones y el otro simplemente obedece.

Porque combatir al crimen organizado juntos es soberanía compartida en la práctica diplomática. Pretender hacerlo desde la intimidación es otra cosa.

Vericuentos

“Ley Antimemes”

Los diputados velan armas en San Lázaro, por la polémica que ha desatado la llamada “Ley Antimemes” que busca modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para actualizar las reglas sobre contenidos publicados en internet y establecer nuevas obligaciones para las plataformas cuando sus servicios sean utilizados para infringir derechos de autor. El dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, plantea sanciones de hasta 4.6 millones de pesos para proveedores de internet por la publicación en medios digitales de determinados contenidos que utilicen imágenes o voces alteradas mediante inteligencia artificial, así como música, videos o clips modificados sin autorización de quienes poseen los derechos de autor. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, asegura que rebasa facultades constitucionales y podría derivar en restricciones a la expresión en redes sociales. “¿A dónde quieren llevarnos? A una narcodictadura. Es muy sencillo (…) Su intromisión en las redes sociales es clara, sus ganas de terminar con la libertad de expresión también” ¡Tómala!

Todos… vs. Ruffo

Cuando la luz se veía al final del túnel, llegó el juez del acordeón… el ex Gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuará en prisión en el penal del Altiplano, pese a obtener un amparo. El beneficio de la prisión domiciliaria, por su edad y enfermedades le fue negado. La juez precisó que por ahora no está en condiciones de pronunciarse sobre la prisión domiciliaria solicitada por Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos por su presunta participación en una red de huachicol mediante ferrotanques. En tiempos electorales, se confirma que: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

@guillegomora