Rosy RAMALES
Qué triste que el emblemático Juchitán de Zaragoza, considerado el primer municipio en el país en ser gobernado por la izquierda, ocupe las primeras planas nacionales por la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano (“Miguel Quetu”), vinculado al grupo criminal “Los Cromos”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Qué triste que ahí donde se libraron luchas democráticas de la mano de la otrora gloriosa Coalición Obrero Estudiantil del Istmo (COCEI), la cual conquistó en 1981 el primer triunfo municipal de la izquierda mexicana, hoy se deba librar una batalla para liberar al pueblo juchiteco del yugo del crimen organizado.
Exactamente es así como lo denunció el poeta y diseñador muxe Elvis Guerra: La población juchiteca vive con miedo. Y cómo no si ocurren asesinatos a plena luz del día, en las calles, en comercios, en las propias casas de las víctimas. Situación que ha apenas ha mostrado una leve disminución a raíz del operativo “Sable”, implementado por las autoridades estatales casi a principios de este año.
Las estadísticas hablan por sí solas. Juchitán de Zaragoza se posicionó como la quinta ciudad con mayor tasa de homicidios dolosos entre los 88 municipios más importantes del país. En el ámbito estatal, lidera las incidencias en homicidio doloso y extorsión, ocupa el segundo lugar en narcomenudeo y el cuarto en robo a negocio; el séptimo, en robo de vehículos y a casa habitación, y el décimo en desapariciones.
Tardaron mucho en detener a una autoridad política. Porque lo que ocurre en Juchitán de Zaragoza, no es parte de la normalidad de un municipio sin crimen organizado, que solo puede enseñorearse al amparo de autoridades, empezando por las municipales.
Cabe preguntar: ¿Desde hace cuántos trienios el crimen organizado camina de la mano de autoridades municipales? Porque la incidencia delictiva de alto impacto, no es privativa del trienio de Miguel Sánchez Altamirano. Ha sido un secreto a voces que desde hace mucho tiempo ahí operan bandas locales, luego llegaron los cárteles; unas se disputaron la plaza, otras se convirtieron en células de éstos.
¿O solo es de este trienio?
Entre junio y julio del presente año, ocurrieron dos hechos que representaron claras señales de una probable colusión de miembros del gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza con el crimen organizado: En operativos coordinados por la Fiscalía General local, el Estado tomó el control de la política municipal; luego fueron desinstaladas y aseguradas 23 cámara de video vigilancia que no pertenecían a las labores seguridad pública, sino aparentemente eran utilizadas para fines distintos al interés público.
Lo más extraño es que tras la intervención de las corporaciones estatales y federales en la policía municipal, Emilio Montero Pérez, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), salió en defensa del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano. Incluso, juntos fueron a hablar con el gobernador Salomón Jara a Palacio de Gobierno.
Quizá simple camaradería. Porque Miguel Sánchez asumió la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza cuando Emilio Montero dejó el cargo para incorporarse como titular del IEEPO en noviembre de 2022.
Es probable que desde los primeros operativos de la operación “Sable”, a principios de año, las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia tanto federales como estatales ya iban tras la pista de Sánchez Altamirano. Porque la orden de aprehensión de que habló Omar García Harfuch, por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado, no se liberan sin una carpeta de investigación cuya integración se lleva meses.
Y aquí hay algo importante: El restablecimiento de la paz en Juchitán de Zaragoza es una orden presidencial, lo cual supone que las autoridades competentes irán al fondo del asunto y quizá Sánchez Altamirano juegue sea el hilo de la madeja, si acaso lo declaran culpable, pues goza del principio de presunción de inocencia hasta que un juez emita una sentencia condenatoria.
En fin, desde 1981 Juchitán de Zaragoza ha estado gobernado por la izquierda, principalmente por el PRD y más recientemente por Morena, con intervalos de gobiernos municipales emanados del PRI. ¿Qué fuerza política permitió ahí la instalación del crimen organizado? ¿Cuál otra lo dejó crecer?
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