Van por otras seis autoridades municipales.
Rosy RAMALES
Tiene razón el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla: No es sencillo acreditar las pruebas en contra de un presunto culpable.
Seguramente menos sencillo ha de ser poder probar la comisión de delitos del tamaño de aquellos por que se inculpa a Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza depuesto tras su detención acusado de extorsión agravada y delitos contra el Estado con vínculos con organizaciones criminales.
Las Fiscalías deben integrar perfectamente bien la correspondiente carpeta de investigación, primero para que el juez libre la orden de aprehensión; y, segundo, para evitar que el rato el juez termine favoreciendo la libertad del imputado.
Tras la detención de un presunto culpable, el juzgador competente puede dictar una sentencia absolutoria por diversas razones legales, considerando el principio de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, por lo cual las fiscalías tienen la obligación de probar el delito plenamente.
Razones como, por ejemplo, si la la fiscalía fiscalía no logra demostrar, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el delito; o si el juez tiene dudas sobre la culpabilidad tras analizar las pruebas; o si falta algún elemento del tipo penal, o por violaciones al debido proceso, etc.
El camino es largo.
Eso se entiende. Sin embargo, la percepción social es distinta. Por tanto, las fiscalías estatal y federal quizá necesitan emprender un trabajo de socialización de su tarea; hasta donde sea posible. Más acercamiento con la sociedad que se siente agraviada, sobre todo en lugares como Juchitán de Zaragoza.
Sí, las fiscalías, en plural, pues se entiende que en el caso del edil juchiteco se trata de delitos relacionados con el fuero federal.
VAN POR OTRAS SEIS
En diversas conferencias de prensa, tanto propias como del Ejecutivo estatal, se ha preguntado al Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla si existen presidentes municipales con vínculos con el crimen organizado, sobre todo en las zonas donde operan grupos criminales locales o células de cárteles. Pregunta que ha cobrado relevancia a partir de la detención del edil juchiteco depuesto.
En ese contexto, el Fiscal ayer reveló:
“Parte de la información que se nos ha solicitado; si existen algunas otras investigaciones en torno a autoridades municipales, sí lo tengo que mencionar, sí existen: por lo menos 6 carpetas más de investigación en proceso de integración”.
__¿Del Istmo de Tehuantepec? ¿O de todo el estado?
__De todo el Estado.
“Comentar que nosotros, en términos técnicos y científicos, tenemos que acreditar el tema de las carpetas. Y en esa lógica, hasta que se tiene la información ya confirmada es cuando justamente se solicitan las órdenes como tales. Pasa por la autorización del juez. Si el juez determina que esa información que estamos integrando en la carpeta es válida, es técnica, es seria, es objetiva, otorga las órdenes y en esa lógica se puede intervenir de manera directa”.
No reveló más. Se entiende que es por el sigilo ministerial, para no entorpecer las investigaciones. ¿Quiénes son? Eso se sabrá hasta que el juez competente libre las órdenes de aprehensión, en su caso. Pero quizá pueda tratarse de autoridades municipales de zonas donde actúan células del crimen organizado; por ejemplo, en la Costa oaxaqueña.
Y ojo, el Fiscal dijo “autoridades municipales”, así que pueden ser presidentes municipales o cualquier otro concejal (síndicos o regidores); incluso, cualquier miembro del gobierno de determinados municipios, sin descartar que alguna de estas seis carpetas de investigación se refiera a otros integrantes del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza recién disuelto.
¿Y EMILIO MONTERO?
Una de las preguntas reiteradas fue si la Fiscalía General también investiga a Emilio Montero Pérez, quien acaba de renunciar a la dirección general del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), quien sabe si por su relación con Miguel Sánchez Altamirano o por el presunto hallazgo en la nómina de esta dependencia de miembros del ayuntamiento juchiteco.
El Fiscal solamente dijo que la carpeta de investigación por el caso Juchitán sigue abierta. Y se entiende, dado el sigilo ministerial.
No confirmó, pero tampoco descartó. Y esto, también puede ser revelador de la probabilidad.
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