Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Estado mexicano vuelve a decir que investiga lo sucedido la noche negra del 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero. Doce años después: 43 verdades diferentes, y la exigencia de “¡Vivos se los llevaron, vivo los queremos!” El regreso al origen.
Otra vez, la revictimización de los desaparecidos y sus familias, lamentablemente en una época donde la transparencia luce más opaca y la impartición de justicia tiene más pliegues que un acordeón.
De modo que, el anuncio de nuevas líneas de investigación —17 personas incorporadas como sujetos de investigación, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de los vínculos entre Guerreros Unidos, autoridades, funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala— puede representar un avance. Pero también exhibe, con crudeza, una pregunta que lleva doce años sin respuesta: ¿por qué fue necesario esperar tanto para revisar información que ya estaba en los expedientes?
El subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, sostuvo que la investigación no parte de cero, sino que busca releer el enorme volumen de información acumulada mediante nuevas herramientas y cruces de documentos, testimonios, peritajes y registros telefónicos
Sin embargo, la nueva ruta hacia las funerarias tampoco debería presentarse como una verdad definitiva. La Fiscalía habla de una hipótesis que ahora busca corroborar: una posible red vinculada con el cártel de “Guerreros Unidos” que habría utilizado funerarias y el Semefo para desaparecer evidencias. Los registros de llamadas, los cateos y los testimonios de colaboradores han reforzado esa línea, pero elaborar una hipótesis no significa haber demostrado los hechos que pretende explicar.
Hay un dato que obliga a mantener la cautela. Los restos humanos encontrados en instalaciones relacionadas con la funeraria El Ángel que ya fueron sometidos a análisis genético no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes, de acuerdo con la información presentada por Gobernación. Otros fragmentos permanecen bajo estudio, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
No hay que olvidar que el caso Ayotzinapa ha demostrado el enorme costo de construir explicaciones antes de haber reunido y contrastado suficientemente las pruebas. Ese es precisamente uno de los problemas centrales de la historia del expediente. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Con el paso de los años, diversas investigaciones y peritajes cuestionaron elementos fundamentales de aquella versión. La lección debería ser permanente: una investigación no se fortalece porque una autoridad la declare concluida; se fortalece cuando sus evidencias resisten el escrutinio independiente.
Ayotzinapa ha acumulado expedientes, declaraciones, peritajes, detenciones, hipótesis y promesas gubernamentales. El problema no ha sido únicamente la falta de información. Ha sido también la incapacidad institucional para convertir esa información en una verdad judicial sólida y aceptada por las familias.
La confianza no se recupera con presentaciones oficiales ni con cifras de expedientes. Se recupera cuando una prueba puede ser revisada por terceros, cuando una acusación resiste ante un juez y, sobre todo, cuando una familia obtiene una respuesta que no dependa del gobierno en turno.
El nuevo capítulo sobre las funerarias puede ser relevante. También puede terminar siendo otra ruta inconclusa. Todavía no lo sabemos. Precisamente por eso la obligación del Estado es no confundir indicios con conclusiones.
Doce años después, la pregunta sigue siendo elemental: ¿qué ocurrió con los 43? Mientras no exista una respuesta individualizada, sustentada en evidencia y judicialmente verificable, ninguna nueva línea de investigación podrá considerarse el desenlace del caso. Y sostengo que cada quien se quede con su certeza: La verdad histórica, la verdad impuesta y la verdad.
Vericuentos
SCJN frena reforma contra narco
Con los atentos saludos a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la sanción de pérdida de registro o cancelación de candidaturas por infracciones vinculadas con actos de delincuencia en Chihuahua. También invalidó las sanciones a quien fuera beneficiado de manera directa por actos de violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida, que incidieran en la organización desarrollo o resultado del proceso electoral. Cómo sucedió en Sinaloa hace 6 años. El mensaje es claro rumbo al 2027. Que gane el que tenga más apoyo no importa de quien y como, lo que me lleva a citar al gran Joaquín Sabina: “Besos de Judas”. ¡Tómala!
@guillegomora
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