- El Magistrado Presidente del TEPJF reprobó el aumento de la violencia política contra las mujeres que les impide llegar a los cargos de elección y gobernar
- Cuestionó que mientras se favorece la paridad de género con sentencias judiciales la respuesta sea la privación de la vida y acciones antidemocráticas
Ante el desafortunado aumento de la violencia hacia las mujeres en el ámbito político, las autoridades de este país tienen el enorme reto de potenciar las garantías que les permitan contender a cargos de elección popular, empezando por asegurar su integridad física, afirmó Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Magistrado Presidente expresó su preocupación de que a la par del desarrollo legal y jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior, las Salas Regionales y los tribunales estatales para favorecer la paridad de género y la participación de las mujeres, se ha incrementado la violencia política contra ellas para evitar que puedan efectivamente gobernar.
“Entre mayor participación política de las mujeres, entre mayor número de mujeres que acceden a cargos de elección popular hemos visto de manera muy desafortunada que ha crecido la violencia política en contra de las mujeres, a niveles muy graves como la privación de la vida de quienes han ganado en las urnas su lugar, fundamentalmente, en los ayuntamientos”, expresó.
Entrevistado por la periodista Guadalupe Juárez, en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF, y por Canal Judicial, Carrasco Daza consideró reprobable en nuestra democracia aquellas conductas que han impedido el acceso de las mujeres a los cargos políticos.
“Hemos tenido también otras formas de violencia política durante el desarrollo de los procesos electorales, tanto en la confección de candidaturas al seno de los partidos como de candidatas independientes, como de candidatas a cargos de dirigencia; también hemos visto otras formas de violencia política, como el acoso político para que no emerjan como una opción en nuestro sistema político”, indicó.
La respuesta de las autoridades tiene que ser integral, con la conjunción del esfuerzo legislativo y de los tribunales electorales para que las mujeres cuenten con mejores condiciones de participación política que les permita contender y gobernar, expresó Carrasco Daza.
“El artículo 1º constitucional nos exige a todas las autoridades que integramos el orden político mexicano garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. ¿Cómo se potencia esta garantía en el caso concreto? En redoblar las garantías, favoreciendo todas las condiciones que les permitan, a partir de asegurar su integridad, ejercer el gobierno, pero fundamentalmente en los espacios donde se instrumenta el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, ese es un reto enorme que tenemos”, dijo.
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