Rosy RAMALES
El tiempo dio la razón a Janine Otalora Malassis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En aquella sesión de julio del 2023, en que el Pleno avaló por mayoría los procesos políticos partidistas, sostuvo que éstos representaban un fraude a la ley.
Fue profeta.
Porque dichos ejercicios buscan posicionar candidaturas ante la ciudadanía de forma anticipada sin someterse a la normatividad electoral; son simulaciones vía las figuras de coordinaciones o defensores. En ese año rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, Morena puso el mal ejemplo, que siguieron el PRI, el PAN y el PRD.
Otálora en su momento argumentó que esa simulación, que abría la puerta a las campañas adelantadas, rompía la equidad en la contienda electoral. Por lo tanto, propuso la invalidez total de dichos procesos y, por ende, su suspensión inmediata.
Sin embargo, su postura fue una voz en el desierto con mero impacto mediático. La mayoría del Pleno votó a favor de la continuidad de los procesos políticos partidistas “inéditos” argumentando que constituían ejercicios de autoorganización partidista y libertad de expresión política.
No obstante, la decisión jurisdiccional desató la anarquía. Desde entonces, tanto partidos políticos como aspirantes a cargos de elección popular actúan a placer en la nariz de las autoridades electorales, solamente cuidando “no llamar a votar”.
De las cosas buenas, aunque algo ineficaces, la Sala Superior del TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos para regular y fiscalizar los gastos los “procesos políticos inéditos”, a fin de salvaguardar la equidad de la contienda. Algo así como para “taparle el ojo al macho” tras consentir estos ejercicios.
Y el INE cumplió, en el mismo mes de julio emitió los “Lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos e internos de los partidos”, que entre otras cosas estableció topes de gastos, fiscalización en tiempo real, freno al acceso de tiempo de radio y televisión, retiro de espectaculares, encuestas y prohibición a los servidores públicos de intervenir en dichos procesos.
Esos lineamientos fueron ex profeso para los “procesos políticos inéditos” de ese momento, 2023-2024.
Conforme al criterio de al menos tres consejeras y consejeros del Consejo General del INE, faltan lineamientos para los actuales procesos políticos. Lo han dicho desde antes del inicio del proceso electoral, puesto que los partidos políticos en su mayoría empezaron anticipadamente sus ejercicios de selección de corcholatas distritales camuflajeadas de coordinadores o defensores.
Han remado contra-corriente. Por mayoría, el Consejo dio revés al proyecto de Lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027.
El mismo INE dijo que la propuesta de la consejera Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora tenía como objetivo establecer directrices para fiscalizar de inmediato los gastos relacionados con los procesos políticos, de tal manera que si llegaran a constituir actos anticipados de precampaña o campaña, puedan ser contabilizados dentro de los topes de gastos respectivos.
Pero las consejerías que se pronunciaron en contra del proyecto argumentaron que algunas de sus disposiciones podrían invadir ámbitos de competencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) y que los criterios y obligaciones propuestos requieren una valoración técnica y jurídica más profunda. Además, ni se construyó ni se discutió previamente con todas las consejerías.
Lo único claro son dos cosas:
Una: Persiste una profunda división entre las consejerías del Consejo General del INE, evidente en dos posturas caprichosas.
Dos: En ninguno de los dos bloques de consejerías existe la intención real de regular los procesos políticos. Por un lado, un bando elabora un proyecto de lineamientos en el cual introduce elementos fuera de sus competencias; y el otro, el bando contrario aprovecha esta situación como pretexto para rechazar la propuesta en su totalidad. No existe el menor ánimo de conciliar criterios.
Quizá la postura del bando a favor de regular los procesos políticos partidistas es mera simulación para cuidar la imagen pública de las consejerías, pues, en el fondo, la estrategia parece ser la de “dejar hacer, dejar pasar”. Vaya hay virtuales candidaturas que no son ajenas a determinadas consejerías.
En fin, que la exmagistrada Janine Otálora ha sostenido que cuando las autoridades electorales no frenan a tiempo los actos fuera de la norma formal, se normaliza la simulación, lo que complica la fiscalización de los recursos y deja en desventaja a quienes sí respetan los plazos marcados por la Constitución.
Y así es.
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