Andares Políticos: Tortura, el mea culpa del gobierno

Benjamín TORRES UBALLE

La administración del presidente Enrique Peña Nieto se dedicó sistemáticamente, hasta ahora, a negar uno de los más aborrecibles y condenables delitos que se comenten en nuestro país: la tortura. A causa de ello, el gobierno federal se enfrentó con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro y fuera del territorio, incluso con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo relator especial sobre Tortura y Tratos Crueles afirmó que esa práctica es generalizada. Las negativas, sin embargo, no pudieron contener en ningún momento las duras críticas a un hecho evidente.

El pasado jueves, la difusión en redes sociales de un video donde elementos militares y agentes federales torturan a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, exhibe una vez más el uso de esa “técnica” como “método” de investigación tan arraigado entre policías y fuerzas castrenses. Ya no hubo, entonces, manera de pretender seguir tapando el sol con un dedo, los cuestionamientos llegaron de todos lados. El gobierno estadunidense —sin la menor autoridad moral al respecto– ejerció presión y Hillary Clinton se pronunció también en contra de lo sucedido. Algo debía hacerse de inmediato, el boquete se hacía más grande.

Las alarmas sonaron fuerte en Los Pinos, la situación en nada ayudaba para intentar revertir la desaprobación a la gestión de Peña Nieto —en su punto más bajo, según la reciente encuesta del periódico Reforma— y sí al aumento del descrédito de México en el ámbito global.

Sorpresivamente, en un acto sin precedente en las fuerzas armadas, este sábado el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ante unos 25 mil elementos del Ejército, se disculpó: “En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”. Se había derrumbado así la insostenible obcecación por rechazar la grave crisis que en materia de derechos humanos padece desde hace tiempo la república mexicana.

Pero faltaba escuchar los argumentos de Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, quien en un acto oficial en San Luis Potosí, no dudó en asegurar: “Los lamentables, agraviantes, y dolorosos hechos… ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones de seguridad… externo aquí una pública disculpa por esos hechos, procede, sin duda, pedir perdón por ellos, procede disculparnos públicamente…”, y reconoció lo que todos sabemos que “la tortura no es reparable”. La expiación oficial estaba en marcha, franca, sin tapujos.

Vino enseguida, en la misma ceremonia, Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a rematar el mea culpa del gobierno peñista. “Es claro que nos queda mucho por avanzar en esto —el respeto a los derechos humanos— así lo reconocemos, que existen retos graves y complejos”, y admitió sin rodeos “la necesidad imperiosa de erradicar la práctica de la tortura en cualquiera de sus expresiones”, y es en esta expresión de Campa donde se encuentra el reconocimiento absoluto del gobierno mexicano de la existencia de la tortura.

“Ha llegado el momento de terminar con esta práctica, de erradicar la tortura porque aunque ha habido avances, debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste…”, insistió Campa Cifrián ante funcionarios y policías federales, como pretendiendo que no quedara alguna duda en una materia que tantos dolores de cabeza ha provocado a la actual administración, hasta convertirse en uno de sus flancos más débiles.

Que el gobierno se haya decidido por fin a reconocer el profundo problema de los derechos humanos que desde hace tiempo impera en México, no es la solución per se, pero podría ser el inicio para ello, desde luego, si esto no queda en mera simulación por alguna coyuntura o interés político derivado de los tiempos electorales, incluso, como ya lo dijimos, a causa de presiones externas. Por hoy, hay que esperar para ver si el arrepentimiento es sincero.

EL PRI, INTOLERANTE A LA CRÍTICA EN OAXACA

La impugnación a la candidatura de Alejandro Murat, en Oaxaca, al parecer lo ha puesto demasiado nervioso, pues sabe que existen todos los elementos legales para que le sea revocada, especialmente por no cumplir con el requisito de la residencia efectiva en la entidad.

Lo anterior se complica para el mexiquense por la torpeza de algunos de sus “incondicionales”, como Alejandro Avilés Álvarez, presidente del PRI en Oaxaca y diputado local, quien ejerce presión para intimidar a la periodista Rosy Ramales, quien ha cuestionado severamente la legalidad de la candidatura de Murat Hinojosa. Al parecer, las dos recientes columnas de la prestigiada comunicadora incomodaron a Avilés Álvarez, el lacayo de los Murat, padre e hijo. (https://rosyramales.com/cronica-politica-los-errores-de-alejandromurat-y-de-ivettemurat-en-redes-sociales/) y (https://rosyramales.com/cronica-politica-la-amenaza-del-presiente-del-pri/).

Por cierto, y luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que cancelaba el registro de los candidatos de Morena a los gobiernos de Zacatecas y Durango, surge la infaltable pregunta: ¿acaso la controversial decisión del Tribunal no está relacionada con el tema de Alejandro Murat? ¿Alguna catafixia?

@BTU15