*.- ¿Pasa algo en la fiscalización de campañas del PRD?
Rosy RAMALES
Para resolver el conflicto educativo, es necesario conocer la historia del movimiento magisterial. Y por ahí debiera empezar el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Meyer. Hallaría muchas sorpresas engarzadas con el gobierno, Federal y estatal, en por lo menos veinte años para atrás. ¿O sí la conoce?
Por lo pronto, anunció auditorías a las nóminas educativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, asegurando proceder legalmente “y habrá firmeza en la aplicación de las leyes si se detecta algún desvío”. ¿Y qué periodos auditará? ¿Un año? ¿Un sexenio? ¿O la auditoría será transexenal?
Valdría la pena buscar hasta dónde se pueda. Quizá encuentre el hilo de la madeja. Vean, si no:
En una entrevista realizada por el periodista Adrián Ortiz Romero, el 18 de julio del 2010, el investigador sobre temas educativos, Samael Hernández, refirió un déficit presupuestal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) de “3 mil 337 millones, además de 300 millones de pesos de lo que se denomina ‘adeudo histórico del SAR’”; lo que hacía un déficit estimado de 3600 millones de pesos, al finalizar dicho año.
Tal déficit se registra por primera vez “en el año de 1994, por una causa en particular”, dice el investigador.
Y explica: “Desde mediados de los años ochentas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló toda posibilidad de abrir nuevas plazas de Personal de Apoyo a la Educación, en todo el sector educativo. Este tipo de plazas, son las que corresponden al personal administrativo y de apoyo a la labor docente, que labora en las instituciones educativas pero no frente a grupo. Año con año, la demanda educativa aumentó junto con el número de escuelas que se ponían en funcionamiento. Eso hacía necesario que junto con el personal docente, fuera necesario seguir contratando a nuevos trabajadores para que cubrieran las labores administrativas.”
Tales contrataciones generaron el déficit y lo aumentaron año con año porque el Gobierno Federal desatendió las necesidades en la materia y la erogaciones respectivas las absorbía el gobierno estatal. Quizá en esta parte de la historia empezó la perversión de líderes magisteriales, porque la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue incrementando sus demandas, y ya no solo eran plazas para personal de apoyo, sino rezonificación por vida cara, aumento salarial, más aguinaldo, aulas, becas, desayunos escolares, y hasta la libertad de “presos políticos”.
La situación se hizo más compleja y enredada debido a las negociaciones paralelas entre la Sección 22 con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal –cosa que nadie entiende hasta el momento—.
La fuerza de la Sección 22 creció junto con sus demandas. Llegó el momento en que bastaba el titubeo del gobierno estatal para iniciar bloqueos a las avenidas principales como forma de presionarlo a ceder; y cedía. Quien sabe en qué momento el interés gremial tomó otro matiz, pero en la referida sección sindical coinciden grupos de los más radicales, incluso guerrilleros.
Las plazas del personal de apoyo las convertían en plazas para docentes, y las vendían. Eso explica en parte la proliferación de profesores sin título profesional y, peor aún, sin la secundaria o preparatoria terminada. El “marchómetro” tiene su origen precisamente en hacer carrera magisterial habiendo entrado como intendente, por ejemplo.
Líderes magisteriales vendían caro su amor a los gobernadores en turno cuando llegaba la presentación del pliego petitorio y con éste el amago de paro indefinido de labores, plantón, bloqueos de vialidades y carreteras. Los mandatarios, por su parte, le sacaron provecho a la fuerza y rebeldía magisterial.
Y el engolosinamiento de líderes magisteriales convirtió a la Sección 22 en brazo electoral. No a título gratuito, por supuesto. Y como una cosa lleva a la otra, fue infiltrada también por grupos políticos identificados con los dos últimos gobernadores priistas de Oaxaca; así ubican a “los pelones” (comandados por “Chico Pelón”) y a “los pozoleros”.
Cuando el fallido desalojo del 2006, intentado por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se solidarizan con la Sección 22 organizaciones sociales, académicos y grupos diversos. Del movimiento nace la autodenominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyo origen más bien fue amorfo, pero permeó en los sectores desprotegidos, y se suman a la causa poderes fácticos e intereses de distinta índole, pero sobre todo electorales.
Con diversa intensidad, el conflicto se prolongó hasta el 2010, en que el PRI pierde la gubernatura y llega al poder una coalición de partidos de izquierda-derecha llevando como candidato a Gabino Cué. Los maestros y el referido conflicto fueron determinantes en la derrota del Revolucionario Institucional.
Hubo cambio de siglas, pero no cambio en la situación educativa de Oaxaca. Gabino Cué se topó con el déficit presupuestal del IEEPO y la interminable exigencia de los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes habrían sido sus aliados electorales; entonces Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos (“Chico Pelón”) no eran dirigentes; éstos son electos en junio del 2012.
El seis de octubre del 2013, Cué explicó que el presupuesto estatal destinado en ese año al sector educativo ascendía a 13 mil 845 millones de pesos, “que como cada año (resultaban) insuficientes para cubrir los gastos que se requieren para la operación de más de 13 mil planteles, la atención de una matrícula de 1 millón 300 mil estudiantes y el pago de una nómina de 74 mil trabajadores de la educación”. Por lo tanto, en ese ejercicio se acumulaba “un déficit de 4 mil 259 millones de pesos”, lo cual precisó, “viene ocurriendo en Oaxaca desde hace 20 años.”
¡20 años de abandono del Gobierno Federal! ¡20 años de ignominia! ¡20 años de déficit presupuestal, de movilizaciones y de atraso educativo! Entonces, ¿cómo quieren terminar con las inercias y resolver la problemática en menos de un sexenio? Y todavía a punta de desalojos.
Ciertamente, la sociedad está verdaderamente harta de ser rehén de la CNTE y del olvido del gobierno. Oaxaca pide paz.
Pero el gobierno no podrá procurarla, si no va a las raíces del movimiento magisterial, el cual va más allá del simple sindicalismo y no se reduce a dos dirigentes. En el magisterio existen órganos de máxima dirección como la Asamblea, y bases; además tienen el respaldo de organizaciones sociales afines.
Eso explica que tras la detención de los dirigentes de la Sección 22, profesores y organizaciones afines hayan intensificado y radicalizado su protesta inicial en contra de la Reforma Educativa. Los bloqueos carreteros derivaron en psicosis por la alarma de escases de gasolina, los comerciantes varados sobre las carreteras perdieron sus productos, las líneas de transporte suspendieron las corridas, y generó temor la quema del equipo anti-motín de elementos de la Policía Federal que rondaban la zona.
¡El caos! Lo extraño en la movilización magisterial, iniciada hace un mes, es el financiamiento de la misma. ¿Lo tiene? ¿De quién? En antaño sus patrocinadores eran grupos políticos locales o se financiaban con el mismo presupuesto educativo. ¿Volverían a las andadas?
El desalojo de los maestros y la detención de los dirigentes magisteriales, ha tenido consecuencias severas sobre la sociedad oaxaqueña, mientras Nuño Meyer saca nuevas amenazas como la auditoría a la nómina magisterial, e invierte su tiempo en pelearse con Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, quien ofreció ayuda jurídica a los encarcelados.
O sea, ¿si no hay rebeldía, no hay auditoría? ¿Y si no hay sucesión tampoco pleito con López Obrador? ¿Se dan cuenta de la gravedad del caso? ¡A ninguno de los dos les importa ni la educación, ni las nóminas magisteriales, ni nada; solamente su aspiración a la Presidencia de México en el ya muy próximo 2018.
Ambos hacen proselitismo con la problemática educativa. Y Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, ¿a quién le importan?
¿Pasa algo en la fiscalización de campañas del PRD?
Del Comité Ejecutivo Nacional del PRD enviaron a Oaxaca a José Conrado Sánchez para hacerse cargo de la fiscalización de las campañas de las candidatos y candidatas que compitieron en las recientes elecciones de diputados. Inicialmente el partido dio a cada uno la mitad de 135 mil pesos, con la promesa de pagar la otra mitad al final de la campaña, previa comprobación de gastos.
Sin embargo, Claudia Álvarez entregó la documentación comprobatoria, consistente en facturas, de los gastos realizados durante su campaña como candidata a diputada por el distrito de Putla, pero se negaron a pagarle la mitad restante. Que José Conrado dijo que el PRD definió ya no pagar el resto.
Entonces, cómo pagará la candidata a sus proveedores; ¡las facturas ya están hechas y entregadas! Además, si el PRD no comprueba los gastos de la candidata, corre el riesgo de que el INE lo sancione. Mmmm… ¿y por qué se niegan a pagar el gasto hecho? ¿Alguien se quedará con el dinero? ¿Cómo lo comprobarán?
Si alguien se quedó con el dinero de las campañas, ahí está otra causa de la derrota.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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