Benjamín TORRES UBALLE
En plena tensión por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que movió los precios de las monedas en el mundo y aumentó los precios del petróleo, lo que ocasionó que la gran mayoría de los medios de comunicación en el planeta enfocaran sus baterías a darle amplia cobertura, en México surgió una nota de la Judicatura Federal que ocupó lugares secundarios en los noticiarios y medios impresos.
“El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años de un Magistrado Federal derivado del hostigamiento sexual a 10 mujeres y por contratar a la esposa de un Juez de Distrito de su mismo circuito, en acuerdo y beneficio personal de dicho Juez. El Juez también recibió una sanción y fue suspendido por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”, precisa uno de los párrafos del comunicado fechado el miércoles último.
No obstante, por algún poderoso motivo no se especificaron los nombres de ambos servidores públicos, en cambio se destaca el del ministro presidente Arturo Zaldívar, a quien ensalzan por su lucha contra la violencia de género, el nepotismo y corrupción dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, los nombres de los acusados salieron a la luz pública, se trata del magistrado federal Fernando Reza Saldaña y del juez de Distrito, Javier Loyola Zosa, adscritos en el estado de Querétaro.
Durante años, y bajo la tolerancia de los gobiernos del PRI y PAN, magistrados y jueces hicieron lo que se les vino en gana para lograr sueldos estratosféricos, prerrogativas injustificadas e implantaron sin pudor alguno el inmoral pero muy rentable nepotismo. La corrupción, salvo algunas honrosas excepciones, se convirtió en una característica de la casta dorada de inmorales juzgadores.
Ninguna autoridad se atrevió a molestar a la nomenclatura del ya para entonces muy desprestigiado Poder Judicial. Pero quizás un efecto positivo del gobierno lopezobradorista en su intención de tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo que parece ser una lucha en contra de los arraigados vicios enquistados en buena parte de quienes integran dicho poder.
Para ilustrar lo anterior recordemos algunos casos del año pasado en que la Judicatura Federal intervino para suspender, cesar, no ratificar, o incluso denunciar penalmente a malos elementos.
El 13 de febrero de 2019, el Consejo de la Judicatura determinó destituir a dos magistrados federales de Circuito en el estado de Campeche “por notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial y desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”. En pocas palabras, por corruptos.
Una semana después, en la sesión del 20 de febrero de 2019, el Pleno resolvió destituir a un juez de Distrito de Veracruz “por corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia”. La misma constante que en el caso anterior: corrupción e ineptitud.
Todavía más, en sesión extraordinaria del 17 de mayo de 2019, el Pleno de la Judicatura acordó suspender temporalmente, sin goce de sueldo por seis meses, al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez “por advertir que se han realizado una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Nuevamente aparecieron sólidas evidencias de corrupción.
Y faltaba. El 7 de agosto de 2019, el CJF resolvió destituir e inhabilitar por 10 años a otro juez federal en Zapopan por hostigamiento sexual y hostigamiento laboral, entre otras causas relacionadas. Por lo que se ve, esta clase de jueces, son, además de corruptos y aficionados al dinero, pervertidos.
Sólo un mes después (20/09/2019), el Consejo de la Judicatura dio a conocer su negativa a ratificar a un magistrado federal “por acreditar deshonestidad en su actuar profesional”. Y especificó: Se “pudo constatar diversos engaños de parte del juzgador hacia el Consejo, así como conductas deshonestas expuestas en distintos procedimientos y trámites ante el CJF. Por ende, su perfil no resulta idóneo para impartir justicia desde el Poder Judicial de la Federación (PJF)”.
Si bien en las conductas perniciosas predominan las de los hombres, las mujeres del Poder Judicial no están exentas de las tentaciones. El CJF resolvió el 30 de octubre de 2019, suspender por 6 meses a una magistrada federal en el Estado de México “por cambiar las funciones de personal adscrito a su cargo sin justificación alguna, uso indebido del vehículo oficial, así como coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos y encubrir las acciones anteriores”.
Finalmente, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien había sido suspendido seis meses por la Judicatura, fue detenido el 22 de noviembre de 2019 en Guadalajara, por elementos de la FGR, acusado de “irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”.
El sistema judicial mexicano en su conjunto, es uno de los peores calificados por la sociedad. La población lo asocia irremediablemente con corrupción, ineptitud y malos tratos. En esta podredumbre, pasan lista de presentes policías ministeriales y ministerios públicos. La limpia debe ser a fondo, sin contemplaciones y de manera e integral.
Bien que desde la Judicatura se esté intentando limpiar la cloaca que se formó durante sexenios, alentada, en no pocos casos, por el propio gobierno. Los virreyes del Poder Judicial deben entender por fin, que están en deuda desde hace muchos años con los mexicanos. Es tiempo de pagarla.
@BTU15
