ANDARES POLÍTICOS: Un atentado en contra del Estado, punto

Benjamín TORRES UBALLE

El rostro del presidente López Obrador no pudo ocultar el impacto que le produjo la noticia del atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado viernes en Las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la capital de la República. 

Un grupo de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según lo afirmó en un tuit el propio García Harfuch, agredió con armas de alto poder, entre las que se encontraron rifles de asalto, fusiles Barrett y granadas de fragmentación, la camioneta blindada donde viajaba el jefe de la policía capitalina ocasionándole heridas que ameritaron hospitalización e intervención quirúrgica. En el ataque fallecieron dos escoltas y una mujer que circulaba en un auto por el lugar de la balacera.

Por inédito, el atentado representa un parteaguas en materia de seguridad y política en la ciudad capital. No se trata sólo de uno de los muchos delitos que a diario se cometen en la metrópoli; el violento ataque tiene varias lecturas, quizás la de mayor preocupación es que se trató de una ofensa directa al Estado mexicano por el cartel más poderoso y violento que hay en el país.

Y el desafío del grupo criminal no es un hecho aislado. Se le atribuye la ejecución de un juez federal y su esposa hace menos de dos semanas en Colima. Por ello, la hipótesis de un conjunto sistemático de ataques a funcionarios de primer nivel no es descabellada, tampoco la idea de que los ojos del crimen organizado están puestos en socavar, a punta de balas, la fortaleza de las instituciones.

Si quienes dirigen al CJNG se atrevieron a ordenar el asalto donde radican los poderes de la Unión, el mensaje es claro: se trata de intimidar al gobierno y, por lo visto, nada los va a detener. Por eso, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad,  se sale por la tangente al decir que es una “hipótesis” el señalamiento de que fue el Cártel Jalisco el responsable del atentado. Si el titular de la policía capitalina –quien no es  un novato en temas de investigación criminal- asevera que fue así, sabe de lo que habla; por ello, resulta ridículo no aceptarlo y echar mano de explicaciones cantinflescas.

“En el caso del atentado, todo acto de violación a la ley, es un reto al estado de derecho, y somos los responsables de garantizarlo, lo asumimos como un reto al estado de derecho, no como un reto al Estado mexicano; no obstante las fortalezas, la capacidad de fuego de algunas organizaciones criminales, ninguna de ellas tiene la capacidad para retar al Estado mexicano”.

Con esa definición ambigua, Durazo pretende separar el estado de derecho de lo que, en su conjunto, es el Estado. El funcionario debe comprender que  las leyes, son uno de los sustentos más sólidos del Estado. Por lo tanto, arremeter en contra del orden constitucional, al afectar a quienes los representan, es hacerlo precisamente en contra del Estado y las instituciones que lo integran.

Más allá de la verborrea oficial y la pésima costumbre de darle la vuelta a los asuntos que incomodan al gobierno, queda bastante claro el desafío que el CJNG lanzó al Estado el viernes último, mediante la tentativa para asesinar al secretario de Seguridad capitalino. Y  no se trata de hacer apología de los reprobables hechos criminales, pero sí de ubicarlos en su justa dimensión, no más, no menos.

Quizás lo acontecido abra los ojos al jefe del Ejecutivo para que por fin entienda de una vez por todas la imperiosa necesidad de dar un golpe de timón en la estrategia de seguridad que, a todas luces, ha resultado fallida. Los resultados en la incidencia delictiva son tan negativos, que el pasado 2019 terminó como el más violento de las últimas décadas y el presente pudiera superarlo.

La sociedad está muy decepcionada de la administración obradorista pues no ha sido capaz de brindar la seguridad que, por mandato constitucional, está obligada a garantizar a los mexicanos. Es cierto que el problema lo heredó, pero tras 19 meses en el poder, no se observa mejora alguna.

No es posible seguir postergando acciones firmes y contundentes para frenar a los grupos criminales que tienen en jaque a la población. No tiene cabida que el presidente López Obrador exhorte a “respetar los derechos humanos de los delincuentes porque también son seres humanos”, si éstos no se tocan el corazón para ejecutar a personas, incluyendo mujeres y niños. No creemos que AMLO ignore cómo integrantes del crimen organizado torturan, destazan y embolsan restos humanos o los disuelven  en ácido. Bajo esta lógica, ¿los miles de asesinados no tenían derechos humanos?

Ojalá, como lo aseguró este sábado, López Obrador no se deje intimidar por las bandas criminales ni llegue a ningún acuerdo con ellas. En esto, el apoyo debe ser incondicional, sin regateos.

Por cierto, el atentado en contra de García Harfuch recibió una condena prácticamente unánime. El repudio fue generalizado, aunque algunas mentes torcidas trataron de sacar raja de ello al culpar a la “derecha” y a los “conservadores” de intentar desestabilizar al gobierno de la 4T. La miseria política de algunos buitres fanfarrones aumenta la polarización, además, provoca lástima y risas.

(Imagen: Captura de pantalla)

@BTU15

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