Guillermina GÓMORA ORDÓÑEZ
Adiós a los contrapesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al cierre de su sexenio, retoma uno de sus principales mandamientos: ¡Al diablo las Instituciones! Enfoca, de nuevo, sus baterías contra los organismos autónomos y los órganos reguladores, como si se tratara de una competencia de tiro al blanco.
Los acusa de “ineficientes”, de haber “guardado un silencio cómplice” de “no servir para nada”, de ser parte de un “gobierno paralelo”, dice que, «Fueron hechos para privatizar», etcétera. «¿Para qué ayudan organismos así?» AMLO cuestiona una y otra vez al tiempo que sentencia: “sería mejor que no existieran, no solo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado Nacional”.
En el conveniente olvido de la política quedó el discurso pronunciado tras recibir su constancia de presidente electo, en agosto de 2018. Entonces, López Obrador prometió, ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que respetaría los poderes legalmente constituidos y las entidades autónomas. “El ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros”. ¡Ajá!
La terca realidad desnuda al gobierno de la #4Transformación y confirma que le provocan alergia las evaluaciones, las recomendaciones y si fuera el caso, las sanciones sobre sus políticas públicas. Por eso en lo que va del sexenio ha ejercido una serie de acciones para eliminar a estos organismos o ha colocado al frente a sus incondicionales a sus “leales a ciegas”, basta ver lo que hicieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con Rosario Piedra.
En 2021, intentaron desaparecerlos con una “Reforma Administrativa”, que no avanzó en el Congreso. López Obrador reconoció entonces: “Ya no nos dará tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, se requiere reforma constitucional y los del bloque conservador no aprueban nada… Y un poco lo que estoy pidiendo es que les quiten el presupuesto”.
Para muestra, la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), así como los embates a los Institutos Nacional Electoral (INE) y de Acceso a la Información (INAI).
Al respecto, el ex rector de la UNAM, José Sarukhan, lo ha llamado autonomofobia. “una muestra de reticencia y resistencia a estos organismos que no están bajo la orden o control y que pueden generar opiniones poco placenteras”.
Así lo confirmó, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una reunión con los senadores de Morena, al referirse al retraso en el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI:
“Me dijo (el presidente), y aquí se los comento a todos ustedes: ‘Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y bueno, la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre en estos momentos”.
El INAI permanece con 4 de 7 comisionados, ante la falta de tres nombramientos. Se necesita por lo menos de uno para que el instituto tenga quórum legal.
Según los audios filtrados y divulgados por Latinus, Adán Augusto anticipó su pronóstico sobre los recursos presentados por el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para urgir al Senado los nombramientos: “De que la Corte ordene que se nombre al que se pueda construir una mayoría calificada, pues hay un mundo de diferencia”.
En efecto, al periodo ordinario de sesiones termina el próximo 30 de abril y aunque Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, declaró que tienen la obligación de buscar que el INAI quede integrado para que pueda operar, todo indica que aplicará la sentencia del morenista, Félix Salgado Macedonio, en el pleno de la Cámara Alta: “los nombramientos en el INAI serán cuando nosotros digamos”.
Así las cosas, los organismos constitucionales autónomos del país enfrentan la disyuntiva de consolidarse como contrapeso al poder del Ejecutivo o subordinársele. Éstas instituciones representan a la sociedad civil y su deber es tomar decisiones de tipo técnico, sin estar sujetos a los caprichos palaciegos, ciclos políticos y electorales.
Disminuirlos o someterlos, representa un golpe a la división de poderes, una ausencia de contrapesos frente al Ejecutivo y eso no es deseable en ningún Estado constitucional. ¿El Senado le servirá de comparsa al presidente López Obrador y su “Autonomofobia”, para seguir en su “mundo ideal” claroscuro? Ya veremos.
Vericuentos
Iniciativa para atender a desplazados
La ley del miedo, provocada por la inseguridad y la violencia ha propiciado el desplazamiento interno forzado de alrededor de 262 mil mexicanos entre 2015 y 2020. La senadora del PRI Sylvana Beltrones solicitó a la Secretaría de Gobernación que ponga en marcha un programa integral para atender este problema que incluya mecanismos para garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas y un registro federal de víctimas. Los estados de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Colima y Guerrero registran éxodos constantes provocados por el crimen organizado. ¡Uff!
@guillegomora
