Rosy RAMALES
“Operación Pescador” sienta un precedente relevante para todos los municipios de la entidad, luego de realizarse primeramente en el municipio de Oaxaca de Juárez, concretamente en la Central de Abastos, como una acción interinstitucional tendiente a reducir la incidencia delictiva en zonas neurálgicas.
Una acción interinstitucional porque participaron distintas instancias: La Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Policía Municipal y Vial de Oaxaca de Juárez y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4).
Evidentemente, la Fiscalía a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla y el gobierno de la capital oaxaqueña a cargo del presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva, han desempeñado un papel fundamental en la aplicación de la “Operación Pescador”, tras cuya primera etapa realizada en la Central de Abastos, 274 personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes o canalizadas con las instituciones de asistencia requeridas, según el caso.
Según el informe de ese momento,cuatro personas en situación migratoria irregular fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración; y el resto a instituciones médicas para su valoración bajo el acompañamiento de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, a fin de verificar su situación y determinar el tipo de atención que propicie su rehabilitación integral.
En esto, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez ha tenido un rol primordial en la atención y la canalización digna de estas personas.
Siempre se ha cuestionado la falta de atención de personas en situación de calle, con alguna adicción, abandonadas. Ahora, si no es la panacea, pero al menos se intenta una atención inicial tendente a su rehabilitación, a su integración social.
Como lo ha dicho el Fiscal Rodríguez Alamilla; el presidente municipal, Raymundo Chagoya, y el gobernador Salomón Jara Cruz: “No realizar acciones como el Operativo Pescador constituiría una omisión grave del Estado frente a personas en situación de calle, lo cual podría interpretarse como una violación a sus derechos humanos por omisión”.
Los objetivos de “Operación Pescador” claramente son aplicar el Estado de Derecho, restablecer la seguridad y reconstruir el tejido social en acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.
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