Rosy RAMALES
Se parece a los planes “A” y “B”, pero la nueva iniciativa para la reforma constitucional en materia político electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene cambios.
Por ejemplo, ya no plantea el sistema de representación proporcional pura para elegir diputaciones y senadurías al Congreso de la Unión, así como las diputaciones a los congresos locales; ahora propone que exista solamente el principio de mayoría relativa, el cual desaparecía en sus anteriores iniciativas.
O sea, que ahora sí plantea la eliminación de los plurinominales.
Parecía mejor la propuesta del sistema de representación proporcional pura, porque si bien implica la elección por lista de candidaturas, se planteaba que fueran votadas en cada entidad federativa, no en cinco circunscripciones regionales y una nacional para integrar las cámaras del Congreso de la Unión, lo cual obligaría a los partidos políticos a cuidar la selección de candidaturas ante el riesgo del rechazo ciudadano postulando impresentables.
Además, la representación proporcional pura da más posibilidad a los partidos minoritarios de obtener curules y escaños, porque alcanzado al registro entran al reparto incluso mediante la fórmula que aplica el resto mayor. Así se planteaba.
En fin, la esencia de la nueva propuesta es la eliminación de los plurinominales para reducir de 500 a 300 diputaciones federales y de 128 a 64 senadurías: También el número de integrantes de los congresos locales no solo eliminando pluris, sino calculando una nueva composición en base a parámetros poblacionales; por ejemplo, el Congreso de Oaxaca quedaría con 21 diputaciones en vez de 42, Michoacán con 22 en lugar de 40.
En la iniciativa del presidente López Obrador no solamente desaparecen las senadurías plurinominales, también las de la primera minoría, pues en cada entidad federativa se elegirían nada más dos senadurías por el principio de mayoría relativa, de donde resultan los 64 escaños propuestos a integrar la Cámara Alta.
En cuanto a senadurías, francamente deberían desaparecer las plurinominales porque rompen con el pacto federal al no representar a los estados o las de primera minoría, porque ambas significan doble oportunidad para las minorías y a veces para el partido gobernante cuando es derrotado en una entidad en la elección correspondiente.
En fin, la eliminación de plurinominales es una demanda ciudadana, porque ciertamente como dice la iniciativa “hay una crisis de legitimidad” en cuanto a las y los representantes populares electos por representación proporcional tal como está ahora.
Además, el país y cada una de las entidades federativas se ahorraría el gasto que generan los pluris, que en su mayoría son cuotas, cuates y familiares de los líderes de los dirigentes de los partidos políticos, quienes también se anotan en las listas en primerísimo lugar. Las listas de la oposición para las próximas elecciones son un claro ejemplo.
Se terminarían las listas de las élites partidistas.
Sin embargo, hay un ‘pero’. Que la elección de senadurías y diputaciones (federales y locales) solamente por el principio de mayoría relativa, puede beneficiar más al actual partido gobernante: Morena, que cuenta con todos los recursos institucionales, además de la mayor tajada del financiamiento público, no solo a nivel nacional, sino también en la veintena de entidades federativas donde gobierna.
No obstante, la elección solo por mayoría relativa obligaría a los partidos de oposición a ser más competitivos, a convertirse en reales opciones políticas postulando liderazgos naturales, con ofertas viables y atractivas para la ciudadanía; no como ahora que siguen postulando cuates, cuotas, familiares y a veces cuadros de relleno a ver si ‘pegan’.
Lamentablemente los partidos de oposición van a la competencia electoral buscando dos objetivos: Conservar el registro que les permita seguir gozando de financiamiento público y obtener posiciones plurinominales. Las listas de candidaturas plurinominales reflejan que su meta no es ganar.
Ah, es que Morena es el malo de la película. No. Morena, ejerce el poder con la mega ayuda de AMLO. La oposición es la que se niega a salir de la crisis en que se encuentra.
Quizá habiendo equidad en el financiamiento público, con reglas rigurosas y claras, mejorarían las condiciones de competitividad de los partidos políticos, para los cuales, a la par, habría que confeccionar normas que eviten el cacicazgo de las dirigencias partidistas y garanticen plenamente los derechos de la militancia; incluso, que permitan la participación de la ciudadanía no militante.
La iniciativa plantea la reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos mediante una nueva fórmula para calcularlo. La propuesta es buena, pero deja intocados los porcentajes de distribución, lo cual ya no es tan bueno equitativamente. Pero este es otro tema.
En fin, la iniciativa del presidente AMLO para la reforma electoral constitucional plantea un solo sistema electoral para integrar los órganos legislativos, una única legislación electoral en el país, la desaparición de las autoridades electorales locales (institutos y tribunales), la elección de consejerías y magistraturas electorales por voto directo, solicitud de registro de partidos cada tres años, reducción del porcentaje de votación para hacer vinculatorias las consultas populares y revocación de mandato, modificación de los tiempos de campaña, cambios en las prohibiciones en la propaganda electoral y, entre otros temas, reducción en la integración de los cabildos municipales.
No todo es democráticamente viable. Sin embargo, hay planteamientos interesantes que bien podrían formar parte de una reforma electoral integral para aplicarse después del proceso electoral en marcha. Es cuestión que Morena se ponga de acuerdo con la oposición y ésta con Morena, lo cual es bastante difícil máxime cuando pronto todos los partidos andarán sin tiempo para otra cosa que no sean las campañas electorales.
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