Rosy RAMALES
Era de esperarse la impugnación del Partido del Trabajo (PT) a las reformas constitucionales y legales en materia de Revocación de Mandato, aprobadas recientemente por el Congreso del Estado de Oaxaca, entidad donde los petistas no son aliados del grupo de Morena en el poder local con excepciones individuales.
Y no son aliados porque Benjamín Robles Montoya trae pleito frontal con el gobernador Salomón Jara Cruz. Vaya usted a saber el fondo del por qué. Pero hasta donde se sabe, uno de los motivos de la pugna es el haber quedado excluido de la candidatura de la primera fórmula de Morena al Senado de la República sin mediar coalición entre ambos partidos.
Robles quedó como candidato del PT pero no ganó, ni obtuvo el escaño de primera minoría, el cual fue para la morenista Laura Estrada Mauro postulada vía PVEM, para quien su grupo político operó con precisión de bisturí para conseguir el segundo lugar.
En fin, en sus redes sociales Robles Montoya informó que la dirigencia nacional del PT presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las referidas reformas, que acortan los plazos para llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato del gobernador Salomón Jara.
Habría que ver qué impugna el PT con la acción de inconstitucionalidad: El porcentaje de recolección de firmas, la reducción de plazos, la temporalidad de las reformas, etc. Pero mediáticamente Benjamín argumenta que las reformas son candados, requisitos difíciles de cumplir por parte de la ciudadanía para hacer efectiva la revocación de mandato.
A ver qué dice la nueva Corte, donde las ministras y ministros recién incorporados tienen un criterio distinto a sus antecesores. A ver si le dan la razón a Robles Montoya o al Congreso del Estado como autor de las citadas reformas. Va a depender del qué, cómo y cuándo de la impugnación, así como de los fundamentos y argumentos hechos valer por el PT.
El hubiera no existe, pero independientemente de los asuntos legales, hubiera sido mejor dejar los plazos como estaban. Así no le daban bandera a los rivales de Salomón Jara, como Robles, por ejemplo, que está a la caza del menor error o motivo para arremeter en contra del gobernador; es tiro por viaje, ya ni el PRI o el PAN que deberían ser los opositores.
Dejar los plazos como estaban, habría sido un parámetro para medir la fuerza petista de Robles frente a la fuerza morenista de Salomón Jara, a ver quien juntaba las firmas en un plazo más largo o ni así. Por cierto, la Revocación de Mandato no debería ser una consulta forzada, sino el resultado natural del sentir ciudadano.
Y francamente en el estado de Oaxaca, no se ve marcadamente una tendencia en contra, pero tampoco a favor. Habría que esperar el ánimo llegada la consulta revocatoria, pero hasta el momento la ciudadanía refleja más apatía que interés en revocarle el mandato a Jara Cruz. Ni siquiera existe una convulsión social en la entidad como en el 2006; más bien hay una relativa paz social.
En fin, como sea, Benjamín Robles está en su derecho de manifestar sus desacuerdos. Y el PT, su PT, está en su derecho de impugnar las reformas realizadas por el Congreso del Estado conforme a su derecho y facultad.
La última palabra la tendrá la nueva Corte.
Al final de cuentas, el gobernador Salomón Jara se someterá a la consulta de Revocación de Mandato con reformas o sin reformas, porque es un mandato constitucional; salvo que no se reúna el porcentaje de firmas exigido para llevar a cabo el proceso revocatorio.
¿Y quién debe juntar las firmas? La ciudadanía.
Por lo pronto, es de suponerse que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) trabaja en la elaboración de los formatos para recabar las firmas, cuya aprobación debe darse a más tardar el diez de octubre del año en curso conforme las reformas, que son vigentes hasta que, en su caso, la Corte diga lo contrario.
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