Rosy RAMALES
Hace unos días sostuvimos una amena entrevista con el Sub Auditor de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Ramón Ernesto Icazbalceta Carrete; por cierto, una persona muy amable. ¿De qué platicamos? De las auditorías a los órganos autónomos de Oaxaca.
¿Cuáles? El llamado Organismo Público Local Electoral – Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (OPLE – IEEPCO); la redundante Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la famosa Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo).
Tres elefantitos blancos… bueno, dos (la Defensoría y la Cotaipo)… porque el OPLE-IEEPCO más o menos ha funcionado en la organización de las elecciones locales, con todo y lo cuestionado cuando solamente era IEEPCO, aunque en la nueva versión de OPLE tampoco se escapa.
En fin, que primero le preguntamos sobre la auditoría al OPLE-IEEPCO…más bien al IEEPCO en relación al ejercicio 2014, año en el cual aún estaba la administración del Consejo General presidido por Alberto Alonso Criollo, aunque a la nueva administración del Consejo encabezado por Gustavo Meixueiro Nájera le tocaría un cachito porque entró en octubre del año pasado.
Y miren, fuentes internas dicen que a las consejeras y los consejeros actuales también les dan el bono de actuación que recibían las y los anteriores, de diez mil pesos mensuales para pago de algún auxiliar, así como a fondo perdido porque no tenían que comprobarlo y solo algunos lo empleaban para el fin destinado. ¿Para qué ese bono? Bien puede la misma Dirección Administrativa contratar los auxiliares o asesores, que sí son necesarios, a efecto de ejercer los recursos para lo que son y comprobarlos.
Retomando el tema, la actual administración del Consejero Presidente Gustavo Meixueiro recibió un IEEPCO con una deuda de alrededor de 20 millones de pesos, por diversos conceptos como pago de la prerrogativa del financiamiento a los partidos políticos, servicio de telefonía e internet, elaboración de boletas electorales, etc.; eso según ha dicho la propia autoridad electoral actual.
¿La deuda será la razón de la auditoría? ¿Será un ajuste de cuentas respecto de la anterior administración del IEEPCO? ¿Será para aquietar a los dos ex consejeros que vía un juicio ciudadano pidieron indemnización y el generoso Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca les dio la razón y ordenó a las autoridades correspondientes otorgar a dichos actores más de dos millones de pesos a cada uno?
Al respecto el Sub Auditor de Fiscalización, Ramón Ernesto Icazbalceta Carrete, en todo momento muy receptivo y muy amable, dijo que las auditorías se realizan siempre sin fines políticos, que éste órgano audita a cualquier ente público con fines estrictamente técnicos y profesionales como, pro ejemplo: Revisar la situación financiera, si los recursos públicos se ejercieron con transparencia, eficiencia, efectividad y honradez. Uy, algo así como arrancarle un suspiro al viento.
Claro, el Sub Auditor de Fiscalización hace lo técnica y humanamente posible. Icazbalceta, aun cuando pudiera parecer el terror de los servidores públicos, es una persona accesible. Así que aprovechamos para comentarle un run run: Que él y Meixueiro se habrían puesto de acuerdo para auditar la anterior administración del IEEPCO, considerando que ambos son amigos del priista José Antonio Hernández Fraguas, quien, siendo diputado local en la anterior Legislatura, le dio un empujoncito para que fuera Sub Auditor.
Por supuesto, Icazbalceta negó tal situación y sin perder la compostura ni el buen ánimo. La verdad es que la ASE también se la repartieron los partidos políticos vía sus bancadas en la anterior Legislatura: El Auditor fue impulsado por el PRD, un Sub Auditor por el PRI y el otro Sub Auditor por el PAN. Pero en este caso parece que el experimento ha funcionado así como ejercicio de contrapesos. ¿O me estaré equivocando en la percepción?
Como quiera que sea, es bueno que auditen al IEEPCO porque nunca lo habían hecho. Es más, si los diputados locales tuvieran un poquito de voluntad deberían establecer en la reforma constitucional en materia política electoral la practica obligatoria y anual al Instituto Electoral, cualquiera que sea el nombre que le den. Amén de que cualquier ente público debe ser fiscalizado. Pero a veces los políticos quieren ver expresamente la disposición para proceder.
En fin, a ver qué resulta de la auditoría. No sería creíble un resultado de ejercicio absolutamente limpio. Lo malo es el enredo para iniciar los procedimientos de responsabilidad, en su caso.
Y con la novedad de que también auditarán a la Defensoría de los Derechos Humanos y a la Cotaipo, la cual, por cierto, desaparecerá según la propuesta en la reforma constitucional en materia político electoral presentada al Congreso del Estado por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, salvo que los diputados dispongan otra cosas.
Preguntamos a Icazbalceta si los escandalitos incluso ventilados en medios de comunicación sobre presuntos malos manejos de los recursos en dicha Comisión, motivó programarle una auditoría. Pero dijo que no, que la ASE este año determinó realizar auditoría a esos tres órganos autónomos, como hace un año auditó a la UABJO.
¿Le creemos?
Las auditorías a los órganos autónomos deberían ser anuales y una cosa normal. Aunque la ASE cuenta con muy poco personal para auditar a los más de 600 entes públicos estatales. Sin embargo, como que las auditorías a realizar este año a dichos órganos huelen a instrucciones de altos círculos políticos. No obstante, bienvenidas porque a decir verdad tales órganos hacen y deshacen a placer.
Ojalá todos los años hubiera consigna.
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