Rosy RAMALES
Desde la reforma electoral del 2014, empezó la centralización electoral al permitir al Instituto Nacional Electoral y al Senado de la República participar en la integración de las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, respectivamente. Incluso, al INE le dieron ciertas atribuciones sobre la organización de los procesos electivos (y de participación ciudadana) en las entidades federativas.
A partir de dicha reforma, los congresos estatales dejaron de elegir las consejerías de los institutos estatales electorales, los cuales formalmente tomaron el nombre genérico de Organismos Públicos Locales (OPL), quedando la designación de sus consejerías a cargo del INE mediante un concurso de oposición. Mientras que en cada entidad se conformó un Tribunal Electoral del Estado con magistraturas electas por el Senado, ya no por órganos locales.
Para esa «pizca» de centralización se argumentó la necesidad de evitar que gobernadores; diputados, grupos políticos y poderes fácticos locales pusieran consejerías y magistraturas para controlar ambas autoridades electorales. Al cabo del tiempo cabe preguntar: ¿Resultó? Parece que no del todo.
Si bien existe un concurso de oposición para seleccionar consejerías de los OPL, la última fase tiene una impresionante carga de discrecionalidad, incluso los partidos políticos opinan. No siempre quedan los mejores perfiles. Sigue habiendo mucha influencia local. Quizá la única diferencia sea que ahora el mismo Instituto y sus consejerías ponen consejerías afines en los OPL.
Algo similar ocurre con los tribunales electorales de los estados para cuya integración no hay concurso de oposición, sino una entrevista efectuada por una comisión de la Cámara Alta. Las senadoras y senadores por supuesto que influyen en la designación de las magistraturas del tribunal de su entidad federativa. A veces ocurre que aspirantes piden el respaldo; ya en la magistratura, en ocasiones devuelven el favor en la calificación de la elección de la gubernatura para la cual ha competido el senador o senadora.
En cuanto a los OPL, la reforma del 2014 dio al INE facultades para remover consejerías por causas establecidas en la misma ley, y atribuciones para participar en asuntos de la organización de procesos locales. Por ejemplo, en la integración de las Mesas Directivas de Casilla, capacitación, geografía electoral y fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Además, en reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales
Así los OPL han quedado muy limitados y a las atentas órdenes del INE, a pesar de que ambiguamente la ley sigue tratando a los OPL como autoridades autónomas e independientes.
En fin, la reforma del 2014 abrió la puerta al centralismo en detrimento del federalismo. Y aquí cabe preguntar, ¿dónde queda el artículo 40 constitucional o cómo debe interpretarse? Dice: «Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.»
Y ni para echarle la culpa a Morena porque ni siquiera existía como partido político cuando se elaboró y aprobó aquella reforma electoral. Morena obtuvo su registro nacional a mediados de ese año, c
uando ya estaba en marcha el nuevo andamiaje jurídico para las elecciones 2015 y subsecuentes.
Sin embargo, parece que Morena retomará «del pasado» y «de los conservadores» (usando sus palabras), la tendencia al centralismo. Porque en su idea es desaparecer los OPL y los tribunales electorales de los estados. Ese fue el planteamiento inicial en el Primer Piso de la Cuarta Transformación al mando de Andrés Manuel López Obrador.
Planteamiento latente en el Segundo Piso encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,salvo que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral le presente una propuesta distinta derivada de la serie de audiencias públicas, foros, debates, encuestas, o por propia convicción federalista. Y quizá hasta por precaución; imagínense que en una de esas Morena pierde el poder, no tendrá ni de dónde agarrarse electoralmente en las entidades federativas.
En fin, el contexto viene a colación por la defensa que hizo la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, sobre la permanencia de los tribunales electorales de las entidades federativas, así como la participación de éstos y de sus magistraturas en la construcción de la reforma electoral.
“Tenemos que participar en esta reforma y tenemos que defender el federalismo; se pueden hacer todas las reformas posibles, pero no se puede dejar de lado a la instancia local”, dijo.
A ver si le hacen caso quienes integran la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Aunque por la participación no hay ningún problema; de hecho en las audiencias públicas han estado participando magistraturas locales; incluso, ex magistrados. Por cierto, uno de los planteamientos ha sido homogeneizar y simplificar el sistema de medios de impugnación. El problema tal vez sea la permanencia de los órganos jurisdiccionales locales.
Morena, la 4-T, pretende reducir el gasto electoral, extinguiendo órganos electorales como los tribunales electorales locales y los OPL, así como simplificando la estructura del INE.
Y está bien reducir el gasto, pero ¿a costa del federalismo? Habría que pensarlo y repensarlo.
Es cierto, los OPL ya funcionan como un órgano del INE. Y se gasta mucho en los OPL. A veces hay dobleteo de gasto por las funciones del OPL donde interviene el Instituto. Sin embargo, los OPL representan la soberanía electoral de las entidades federativas, son parte esencial del federalismo.
Ojalá exista una propuesta que recoja lo mejor de los otrora institutos estatales electorales y de los OPL, para crear un órgano electoral local que funcione bajo reglas generales con las particularidades de cada entidad federativa; que sus consejerías sean el resultado de un examen de oposición sin ninguna intervención discrecional del INE, que éste emita lineamientos para ser aplicados por los OPL, pero que éstos recuperen su independencia.
Pero si los OPL van a seguir como hasta ahora, mejor que desaparezcan. Porque tienen un pie en el centralismo, y otro en el federalismo.
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