CRÓNICA POLÍTICA: Una consulta popular dispararía el presupuesto en tiempos de crisis

Rosy RAMALES 

¿Morenistas y aliados desistirían de realizar la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes? ¿O sostienen la propuesta? 

La pregunta viene a colación por lo siguiente: 

Porque pueden llevarlos a juicio sin necesidad de consultarlo con el pueblo; estando en el poder seguramente tienen elementos para denunciarlos a efecto de iniciarles un debido proceso. 

Hacer una consulta popular dispararía el presupuesto para el año electoral 2021 a más de los 20 mil 463 millones de pesos proyectados por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual incluye grosso modo el gasto ordinario del mismo, el recurso para operar las elecciones, el oneroso financiamiento público para los partidos políticos y sus gastos de campaña, y un monto para insumos sanitarios por la pandemia. 

Y eso que la autoridad electoral racionalizó el presupuesto, anotando al respecto lo siguiente: “No obstante que la elección del 2021 es notoriamente mayor a la del 2018, el presupuesto solicitado solamente se incrementa en un tres por ciento sin contar el costo que suponen las medidas sanitarias COVID-19 que asciende a 378 millones de pesos en agregado”. 

Ahora imagínense en cuánto se incrementaría el presupuesto si hubiera consulta popular, a llevarse a cabo el primer domingo de agosto, no el día de la jornada electoral, pues la Carta Magna tiene primacía sobre la ley secundaria (además la diferencia de plazos obedece a una omisión legislativa). 

¿Se incrementaría de 100 a 500 millones de pesos? ¿De 500 a 1000 millones? ¿De 1000 a 5000 millones de pesos? 

Tendría que determinarlo el INE cuanto antes, porque instalándose la Cámara de Diputados para su último año de ejercicio legal, uno de los primeros asuntos a discutir y aprobar es precisamente el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

¿Por qué el INE? Porque es la autoridad encargada de organizar la consulta popular una vez que sea convocada por el Congreso, previa calificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga sobre la constitucionalidad de la pregunta materia de la consulta. 

Por lo pronto, hagan cuentas a ojo de buen cubero sobre lo siguiente: 

Como la consulta popular tiene fecha de realización distinta a la jornada electoral, entonces deberán instalarse mesas receptoras integradas como una casilla normal con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. 

Y serían aproximadamente 164 mil 550 mesas receptoras, considerando el mismo número de casillas que el INE estima instalar para la jornada electoral de junio de 2021; que si la consulta popular se realizara este día, a la casilla única (que tendrá un secretario más por tratarse de elecciones concurrentes) se le agregaría otro escrutador. 

La integración, instalación y ubicación de casillas o, en su caso, de mesas receptoras no es cosa menor; más bien es cosa mayor porque en los ciudadanos que las integran descansa la certeza de que los votos o papeletas se reciban y se cuenten bien.  

Implican un trabajo titánico: La doble insaculación, la capacitación de las personas seleccionadas, recorrer las secciones electorales para ubicar los mejores lugares, la instalación en tiempo y forma y, entre otras cosas, el apoyo para los alimentos de quienes fungen como funcionarios de la casilla o de la mesa receptora, según sea el caso. 

Un apoyo de alrededor de 300 millones de pesos, bajita la mano. A eso súmenle la renta de sillas , mesas y lonas, por lo menos. 

Ah, y en el caso de la consulta implica también material y documentación adicional: Urnas, papeletas, actas (de apertura y cierre, de cómputo, etc.), y por llevarse cabo en fecha distinta a la jornada electoral, también se necesitan mamparas, muebles, asistentes electorales, etc. 

Además, aumenta el gasto operativo de la autoridad electoral. 

¿Habría alguna posibilidad de realizar la consulta el mismo día de la jornada electoral? Solamente que lo determine el INE o la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a riesgo de violentar la Constitución.  

Vaya, si se tratara de una consulta popular sobre un tema de competencia única de las y los ciudadanos, ni hablar; habría que privilegiar el derecho a la participación ciudadana. Pero enjuiciar a los ex presidentes es del ámbito de la procuración y administración de justicia; y en materia política, del Congreso. 

Entonces, ¿para qué hacer un gasto millonario innecesario? Cuando el dinero se puede utilizar en la emergencia sanitaria o en la reactivación económica del país. 

Además, como ya se ha dicho, una consulta donde están de por medio derechos humanos sería improcedente por inconstitucional, salvo que la Corte determinara lo contrario; pero difícilmente porque entonces dónde quedarían su papel de garante de la Carta Magna y dónde quedarían los instrumentos internacionales. 

Pero si Morena insiste en realizar la consulta popular el día de la elección o respetando el plazo constitucional en agosto (incluso, una consulta patito el mismo día de la jornada electoral), quiere decir que van por privilegiar el proselitismo a su favor y su permanencia en el poder, por encima de la salud y del bienestar del pueblo mexicano, así como por encima del desarrollo del país. 

O sea, solo hay dinero para la política y nada más. 

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Correo: rosyrama@hotmail.com 

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