CRÓNICA POLÍTICA: Vamos a elecciones de Estado

Rosy RAMALES

La Constitución Política General, en su artículo 69, establece que: “En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso (de la Unión), el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país…”

Y precisamente a ese informe se refiere el quinto párrafo del artículo 242 de la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual ordena los siguientes límites:

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.

Y el párrafo octavo del 134 precisa que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Incluso, el séptimo párrafo del mismo precepto constitucional claramente ordena que: Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Y el último párrafo del citado 134, es tajante al mandar que: Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

En ese contexto, cabe preguntar:¿Y qué pasa? En todos los órdenes de gobierno los servidores públicos y legisladores se pasan “por el arco del triunfo” tales mandatos. Y eso que cuando asumen el cargo juran cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Les chorrea sangre por la boca.

A partir de la era de la llamada “Cuarta Transformación”, muchos mexicanos, muchas mexicanas, creyeron firmemente que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República se terminaría tanta transgresión a la Carta Magna, tanta simulación, tanto insulto a la inteligencia de los gobernados.

Se creyó así porque AMLO se asumió como una persona honesta, incorruptible y de alta moral. Además, prometió combatir la corrupción, el delito y el fraude electoral.

Sin embargo, a dos años de haber asumido el cargo ha dado muestras clarísimas de todo lo contrario bajo esquemas de simulación, arropado por sus aliados.

En fin, el actual caso concreto es el contexto publicitario de su próximo Segundo Informe de Gobierno, el cual debe ser de actividades realizadas en el año del correspondiente ejercicio, por eso es anual; y debe expresar la situación que guarda la administración pública.

A ello, obviamente, deben apegarse los promocionales sobre el informe; enunciar obras y acciones concretas, visibles y tangibles.

No obstante, el presidente López Obrador, en las narices de todo el mundo, hace un despliegue de propaganda con evidentes fines electorales usando recursos públicos. Claro, él dirá que no; pero los hechos revelan lo contrario.

En los promocionales brilla la ausencia de obras y acciones concretas, reales, hechas o iniciadas. Sin embargo, el mandatario habla de cosas abstractas y de acciones futuras como si se tratara de una campaña electoral, no de un informe de gobierno. Incluso, como muchos ya lo han dicho, remata sus spots con frases utilizadas en su campaña de 2018.

Además, desafía al Estado laico al citar al Papa Francisco.

Así, México se apresura a elecciones de Estado, quizá peor que en los mejores tiempos priistas; por cierto, los cuales AMLO vivió como militante del otrora partido hegemónico: El Revolucionario Institucional.

¿Será que por eso trae en las venas ADN de la trampa electoral?

En fin, sin que ninguna autoridad se atreva a sancionar la evidente transgresión de principios constitucionales, el Presidente de la República se da vuelo con su slogan “por el bien de todos, primero los pobres”.

Así Morena dobletea recursos públicos: El financiamiento legal, y un financiamiento indirecto propagandístico. No exactamente, pero algo así. ¿O no?

Los promocionales de informes de gobierno, en cualquier nivel, deberían basarse en solo relaciones de datos, sin la imagen del mandatario en turno. Igual en el caso de los legisladores.

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Correo: rosyrama@hotmail.com

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