Rosy RAMALES
La consejera Claudia Zavala Pérez hace una interesante propuesta para la reforma electoral: Establecer el voto obligatorio y sus consecuencias. Esto, “fortalecería el régimen democrático” de nuestro país, el cual se encuentra en el “momento propicio” para hacerlo.
Ciertamente, la reforma electoral de fondo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa el momento propicio para entrarle a temas intocados, pero que ya están en la Constitución Política y solo hace falta normar.
Verán. En el artículo 35, la Carta Magna otorga a la ciudadanía el derecho de “votar” en las elecciones y consultas populares, así como de participar en los procesos de revocación de mandato; y en el 36, impone la “obligación” correlativa de votar.
En tanto en el artículo 38 prevé las hipótesis por las cuales los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre las cuales se encuentra: La “falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36…”
Esa suspensión, que es la sanción por el incumplimiento de la obligación, “durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley”.
Sin embargo, en nuestro país a nadie nunca se le ha sancionado por no votar en elecciones, ni ahora en consultas populares o revocatorias.
¿Por qué? Hay teorías, mitos, temores.
Hay quienes consideran que la obligación de votar viola la libertad del sufragio, propicia el voto al azar, es antidemocrática, y no resuelve el abstencionismo.
Posturas contrarias estiman que el voto obligatorio es democrático y libre, que incrementa la participación ciudadana, y da legitimidad a las autoridades electas.
El sitio Inncontext refiere que Latinoamérica concentra la mayor cantidad de naciones con voto obligatorio: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.
¿Por qué no agregar a México? La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral a iniciativa propia debería analizar los modelos de aquellos países y su esquema de sanciones.
Nuestra Constitución Política ya prevé una sanción al incumplimiento de las obligaciones ciudadanas: La suspensión de ciertos derechos. Pero puede añadirse la multa y/o restricciones para realizar determinados trámites administrativos; pasaporte, documentos de identificación personal, etc.
Francamente, es hora de poner de lado mitos y temores para convertir en realidad el voto obligatorio en México. La “Cuarta Transformación” debería impulsarlo, considerando tratarse de la época donde “el pueblo decide”, entonces que decida el 100% del electorado.
La participación ciudadana más alta se dio en la elección presidencial del 2024: 61.0498%. Y la más baja ocurrió en la consulta popular del 2021 con apenas el 7.11%. ¿Por qué no llegar al 100% en las subsecuentes, con el voto obligatorio?
Es más, en México siempre nos quejamos del abstencionismo, del dinero tirado a la basura cuando la ciudadanía con credencial de elector no va a votar, del alto gasto en la organización de las elecciones, consultas y procesos revocatorios sin respuesta ciudadana. Sin embargo, nunca se hace nada para remediarlo.
El voto obligatorio parece ser el remedio.
Hasta la oposición saldría beneficiada. Porque el electorado se decidirá por una opción política si acaso no coincide con el partido gobernante. Eso sí, los opositores se verían obligados a postular mejores candidaturas, a realizar campañas más intensas y a presentar ofertas viables; caso contrario, el electorado puede anular su voto.
En fin, el tema es interesante. Ahora lo plantea Claudia Zavala, pero el mismo planteamiento lo han hecho legisladores de distintas filiaciones políticas en diferentes Legislaturas; han quedado solamente como propuestas, como iniciativas archivadas.
Ojalá que la consejera electoral haga la propuesta formal ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; además de su planteamiento de proporcionalidad pura por estados, con listas abiertas, para la integración del Congreso de la Unión. Hasta ahora solo se trata de una declaración a La Jornada y de una ponencia en el seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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