Entender a pueblos indígenas y afromexicanos desde su propio yo colectivo, plantea Rodríguez Alamilla

Al dar inicio al octavo módulo del Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y organismo defensores de todo el país, el ombudsperson oaxaqueño Bernardo Rodríguez Alamilla planteó entender a los pueblos indígenas y afromexicanos desde su propio yo colectivo.

Acompañado por la directora de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, Arely López Pérez; el colaborador de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrea Davide Cerami y el integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Benedicto Salinas Hernández; el titular de la DDHPO sostuvo que este cambio de paradigma permitirá resarcir, paulatinamente, la deuda histórica con estas comunidades.

Apuntó que este tipo de foros que fomentan el diálogo y el conocimiento, contribuyen a proporcionar herramientas suficientes para la defensa de derechos de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, las cuales han dado una larga batalla por sus tierras, territorios y recursos, lo que en muchos casos ha derivado en conflictos sociales.

Resaltó que también es necesario entender de manera distinta la propiedad colectiva, así como de la libertad que tienen los habitantes de los pueblos para definir su propio destino, al ser sujetos colectivos de derecho, por lo que el papel básico de las autoridades extracomunitarias es contribuir con la defensa de las tierras y reconstruir el tejido social.

Rodríguez Alamilla indicó que para ello es necesario partir de procesos de reivindicación de derechos, considerando que los conflictos son producto de distintos actores, algunas veces intercomunitarios, otros entre vecinos, o bien, con empresas trasnacionales, extractivas, e incluso el crimen organizado o grupos caciquiles.

Durante su intervención, la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Arely López Pérez, expuso que estos procesos de formación permiten abrir nuevas rutas respecto a la defensa de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, por medio de la incorporación de estándares internacionales.

Resaltó la importancia que tienen para las comunidades indígenas y afromexicanas el derecho a las tierras, territorios y recursos, pues estos elementos no hacen referencia únicamente a un espacio físico, sino que son parte de su identidad y forma de vida.

Por su parte, el colaborador de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrea Davide Cerami, apuntó que la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos exige que el Estado les brinde garantías de protección efectiva de sus derechos.

Puntualizó que debe haber una especial atención al derecho al territorio, pues sin este derecho no hay pueblos, pues cuando pierden su tierra y territorio, también pierden su colectividad, es decir su comunidad.

Por su parte, Benedicto Salinas Hernández integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción destacó que las comunidades indígenas y afromexicanas mantienen una constante defensa de sus tierras y territorios, sin embargo, han enfrentado un racismo estructural que continuamente los señala de frenar el desarrollo.

Ante ello, explicó que las comunidades y pueblos enfrentan constantes procesos de resistencia o defensa de sus territorios, porque su visión es distinta a las ideas que promueven quienes buscan implementar megaproyectos, pues su intención es la explotación de los recursos, mientras que la de las comunidades es conservar y respetar a la naturaleza y tomar de ella solo lo necesario. 

Debido a esto, los defensores de tierra y territorio son estigmatizados como personas que se oponen al desarrollo y deben enfrentar graves riesgos por su actividad, además que es común que quienes buscan implementar los proyectos extractivos intervengan en las comunidades con el fin de debilitar sus procesos comunitarios y romper su capacidad de organización social y política, la cual ha permitido su supervivencia.

Finalmente, Benedicto Salinas Hernández subrayó que, pese a la criminalización, la visión comunitaria de los procesos de defensa de la tierra y territorio permite su continuidad, así como estrategias de litigio que involucran a organismos públicos de defensa de derechos humanos y la alianza con medios de comunicación ha permitido fortalecer las luchas de las comunidades indígenas y afromexicanas.

(DDHPO)

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