Se aprueba proyecto para iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicano

Comité Técnico de Expertos aprueba por consenso la propuesta; será sometida a consideración de la Comisión de Seguimiento del proceso de consulta de la iniciativa, a fin de entregarlo formalmente al titular del Poder Ejecutivo 

Ciudad de México, enero de 2021.- El Comité Técnico de Expertos de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, aprobó por unanimidad la Exposición de Motivos y el Texto Normativo de la propuesta de reforma, que recoge los planteamientos y aspiraciones de los pueblos indígenas del país. 

El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio, destacó el principio de progresividad para dar justicia a los pueblos indígenas y afromexicano, así como su participación dentro de las estructuras políticas, jurídicas y económicas que rigen el Estado mexicano y a diversos municipios del país, que se rigen por el principio de los usos y costumbres. 

Al inaugurar la séptima sesión de trabajo de este órgano, integrado por personas expertas en la materia y representantes de los pueblos indígenas, -quienes participan a título personal-, el subsecretario explicó que reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los anhelos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como se lleva a cabo en Sonora con el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui; además de que la secretaria, Olga Sánchez Cordero, ha comprometido su total respaldo hasta concretar la ley. 

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que esta reforma es un asunto de suma importancia para reconocer como sujetos de derecho público con personalidad jurídica a pueblos y comunidades indígenas, lo que implica ejercer su libre determinación, autonomía, y acceder a recursos públicos a través de sus autoridades comunitarias. 

“Hoy no podemos pasar por alto que, así como hay luces y avances, también hay retrocesos, como la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lamentablemente no pudo declarar la invalidez y la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, que evidentemente atentan contra el derecho a la consulta, a la tierra, territorio, agua y recursos naturales de nuestros pueblos y comunidades indígenas.” 

Adelfo Regino refirió que en 2021 se habrán de cristalizar pasos importantes para alcanzar el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución y en las leyes de nuestro país, con la sabiduría y los aportes de las y los integrantes del Comité de Expertos, que presentaron sus observaciones, propuestas y aportes para ser integrados al texto, que será puesto en manos de la Comisión de Seguimiento -nombrada para tal efecto- y, en su momento, entregado al presidente de la República. 

Durante las intervenciones de integrantes del Comité de Expertos, el antropólogo Héctor Díaz-Polanco consideró que el documento es muy completo, plural e incluyente, por lo que de aprobarse por el Congreso de la Unión será un hecho histórico para dar un salto moral como país al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicano. 

El profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Salomón Nahmad y Sittón, celebró las aportaciones de integrantes del Comité de Expertos para integrar un documento amplio y nutrido. Coincidió en que es tiempo de enviar la propuesta al Legislativo, la cual, dijo, será de gran relevancia a nivel internacional, especialmente en América Latina, por su amplio contenido y análisis en cuanto a la situación actual de los pueblos indígenas. 

El profesor Natalio Hernández Hernández planteó la necesidad de rescatar este documento para su divulgación desde el ámbito académico y educativo, ya que es producto del gran esfuerzo y aportes de pueblos indígenas y personas expertas en la materia. 

La abogada Larisa Ortiz Quintero opinó que el documento debe ser amplio para abarcar todas las temáticas que analizará el Poder Legislativo, mientras que participantes como la comunicóloga y activista Zenaida Pérez Gutiérrez hicieron énfasis en que el anteproyecto debe incluir visión de género y lenguaje incluyente.   

El documento aprobado señala que el propósito fundamental de esta reforma constitucional es reconocer, en toda la extensión de la palabra, a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con capacidad plena para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales. 

Con el objetivo de alcanzar el anhelo de justicia, cita, se requiere una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado mexicano y su relación con los pueblos indígenas y afromexicano, razón por el cual se considera justo y necesario una reforma integral a la Constitución, a fin de reconocer plenamente sus derechos. 

El documento contempla temas como los derechos de lmujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas; tierras, territorios, biodiversidad y recursos naturales; sistemas normativos; coordinación con el sistema jurídico nacional; participación y representación en las instancias de decisión del país; comunicación comunitaria e intercultural; así como el derecho a la consulta libre, previa e informada. 

Además, patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual colectiva; educación comunitaria, indígena e intercultural; desarrollo integral y sostenible; soberanía y autosuficiencia alimentaria; salud y medicina tradicional; migración indígena; jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos, así como la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicano, entre otros. 

Este proceso es producto de la consulta que se llevó a cabo durante junio y julio de 2019, en el que participaron los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, a través de 52 foros en regiones indígenas de 27 entidades federativas; 1 foro específico para el pueblo afromexicano en Copala, Guerrero, y 1 foro con migrantes indígenas en los Estados Unidos de América; asimismo, se realizó una mesa de trabajo en Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca y dos asambleas consultivas, en Monterrey, Nuevo León, y Las Margaritas, Chiapas. 

(INPI)

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